Presidencia elimina el 31% de los 800 cargos públicos de libre designación

A pesar de que está recurrida la sentencia del TSJ que anuló el catálogo de puestos tipo propuesto en 2017, la Junta de Castilla y León elabora ahora un nuevo catálogo de puestos tipo que obedece al Alto Tribunal Autonómico. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo de Valladolid consideraron que el catálogo debía tener la forma de decreto –no un Acuerdo de Junta–, y que debían constar en el expediente los informes o estudios previos que se hubieran realizado en la elaboración del catálogo de puestos tipo.

El catálogo reducirá un 31% el número de puestos de libre designación. Es decir, 274 cargos ‘a dedo’ menos de los 883 que hay actualmente. También se eliminarán 331 plazas de concurso específico, la mitad. De esta manera, el acceso a nueve de cada diez puestos de trabajo será a través del concurso ordinario, unos 14.756 puestos. Con carácter general, todas las plazas con nivel inferior al 26 no serán de libre designación, salvo que sean jefaturas o secretarios de alto cargo.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que este nuevo catálogo prevé ser un instrumento que permita dar de alta nuevas plazas si es necesario, sin que exista una amenaza de nulidad. El catálogo que propone Presidencia «permite afrontar con mayores garantías los recursos que se presentan sistemáticamente».

Según informó De Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el catálogo es «idéntido» al que formularon en septiembre de 2017, «pero con el rango que nos pedía la Sala» y precisó que se mantienen los 72 puestos sobre los 700 que habían encontrado a lo largo del proceso y que se habían consolidado desde hace veinte años.

El objetivo es también «fijar los criterios seguidos para la clasificación de los puestos tipo». El decreto establece un plazo de un mes para que la Junta acomode las RPT (Relaciones de Puestos de Trabajo) al catálogo aprobado. La Junta prevé la revisión del decreto en seis meses como máximo, «para asegurar la adecuación del catálogo a las necesidades del servicio público, que cambian con rapidez».

De Santiago-Juárez explicó ayer que este catálogo mantiene la eliminación de los puestos con niveles mínimos (plazas con nivel 12 y específico 0, por ejemplo), lo que mejorará las condiciones laborales de los funcionarios que ocupan esas plazas.

«SIMPLIFICAR Y AGILIZAR»

El catálogo permite disponer de un instrumento para «simplificar y agilizar» la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y así «garantizar» que la plantilla de la Administración pública se ajuste a las necesidades de cada momento.

«Una RPT ajustada es imprescindible para convocar plazas a concurso, ya que es evidente que la Administración no puede convocar plazas que prevea modificar o amortizar, motivo por el que no se convocan concursos con la regularidad necesaria en las diferentes administraciones públicas», indica la consejería de Presidencia y Función Pública a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El vicepresidente de la Junta y responsable de Función Pública anunció que quedan «pocos días» para que se resuelvan provisionalmente las plazas del concurso de traslados abierto y permanente, del que están pendientes más de 5.800 funcionarios.

El pasado mes de octubre se convocaron las más de seis mil plazas que no tenían titular al concurso de traslados para que los funcionarios de carrera pudieran solicitar el cambio de plaza.

La resolución se hará efectiva para todas las plazas solicitadas salvo para 12 letrados (de las 31 plazas ofertadas en el concurso), que están «bloqueados, suspendidos cautelarmente» porque son las que han sido recurridas de las seis mil plazas convocadas, insistió De Santiago-Juárez, que concluyó: «Con este decreto, blindamos mucho más el concurso abierto y permanente, un derecho de los empleados públicos y un deseo histórico».

MARCOS REPROCHA EL PERJUICIO DE LA ANULACIÓN DE LA ORDEN DE CAZA

La consejera portavoz de la Junta de Castilla y León y titular de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, afirmó ayer que la anulación cautelar de la orden de caza es una replica del decreto y significa a efectos prácticos que en «este momento no se puede cazar en Castilla y León», excepto en los permiso que estén concedidos con anterioridad, informa Ical.

Marcos criticó los perjuicios que puede suponer las anulaciones cautelares del decreto de especies cinegéticas y la Orden Anual de Caza en la economía, sanidad animal o la ganadería y añadió que incluso los accidentes de tráfico en Castilla y León.

La consejera se refirió así a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de estimar la petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) y suspender cautelarmente la orden anual de caza dictada por la Junta, que determina qué especies, dentro de las declaradas cinegéticas, pueden ser cazadas. La portavoz explicó que la medida cautelar que anuló el decreto, ya prohibía cazar y señaló que la anulación de la orden es una réplica.

Marcos niega haber «abusado» de periodos electorales

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, aseguró ayer que el Ejecutivo de la Comunidad «nunca ha abusado» en los periodos electorales, cuando se está en funciones, para la aprobación de normas y leyes, algo que puede resultar electoralista y beneficiar al partido que esté en el poder. En este caso, al PP en Castilla y León y al PSOE en España. «La Junta de Castilla y León no está en esa fase», observó Marcos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en referencia a que el Gobierno está en funciones por la convocatoria de las elecciones y en la Comunidad no están convocadas, algo que ocurrirá a finales de este mes ante la celebración de los comicios del 26 de mayo, informa Ical.

No obstante, defendió que el Gobierno de la Comunidad «nunca ha abusado» en aprobar en esa fase decreto ley, un aspecto que se critica al Ejecutivo de Sánchez por partedel Partido Popular y Ciudadanos, a la vez que solicitan que no se utilice la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como «propaganda electoral».