Competencia acusa a Agricultura de favorecer a los consejos reguladores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) notificó hace unos días a la Junta de Castilla y León un requerimiento previo contra el artículo 49 del Reglamento de las denominaciones geográficas de calidad alimentaria en la Comunidad, aprobado por el Decreto 50/2018 del 20 de diciembre.

La falta de competencia en el control de calidad de los productos acogidos a DOP o IGP «puede conducir a un encarecimiento de los productos agrarios y alimenticios y a que los controles sean de peor calidad, perjudicando a consumidores y usuarios», según la CNMC.

La Comisión se ha pronunciado en varias ocasiones acerca de las restricciones a la competencia que pueden aparecer en las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP). En esta ocasión acusan a la Junta de «favorecer injustificadamente a los consejos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas».

La notificación de la CNMC es un paso previo con el que intentan evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales contra dicho Reglamento.

Fuentes de la Consejería de Agricultura dicen que parece que quien está detrás del requerimiento de la CNMC es una sociedad de auditores privados. Añaden que los artículos 139 y 140 de la Ley Agraria determinan que la Consejería es la autoridad competente y prevé que haga el control directamente o lo delegue, que es lo que se ha hecho con los consejos reguladores.

«La mayor parte de los controles se hacen desde Itacyl para reducir gastos y que los pequeños puedan cumplir los estándares de calidad», afirman desde la Consejería.

El conflicto surge porque el artículo 49 del Reglamento de las denominaciones geográficas de calidad alimentaria de Castilla y León reserva en exclusiva al consejo regulador de cada DOP o IGP el control de que los productos cumplen con las características y los requisitos de calidad exigidos.

De esta forma, la autoridad competente puede delegar en los Consejos certificados el control de calidad de las DOP e IGP, en vez de hacerlo en otra empresa de auditorías. Por este motivo la CNMC dice que se les favorece.

Cuando no exista un consejo regulador, o cuando existiendo no esté acreditado, la Junta podrá encargar a organismos de certificación independiente prestar dichos servicios.

La CNMC dice que este modelo, al reservar las tareas de control a los consejos reguladores, «impone restricciones a la competencia no justificadas, que perjudican a los consumidores».

Añaden que la Junta dispone de un mes para derogar la medida, y en caso de que no se elimine, «la CNMC puede impugnar la disposición», aseguran.

Milagros Marcos, consejera de Agricultura, declaró ayer que darán las explicaciones pertinentes a la Comisión del Mercado de la Competencia.

«Es una regulación que viene de la normativa autonómica y que ha sido supervisada y validada. También tiene los informes de la Comisión Europea y de todos los órganos periódicos y consultivos», detalló.

Afirmo que es cierto que en Castilla y León se apuesta por productos de extrema calidad y por eso se plantean que aun siendo empresas «pequeñitas» tienen que tener la garantía de poder financiar ese control de calidad, por eso se considera un servicio público.

Marcos añadió que para garantizar ese control «no debe ser el supervisado quien elija al supervisor, sino que se unifiquen los criterios» y se establezca que pueda ser un órgano de control público, los consejos regulares, quienes con el mismo criterio controlen todos los productos que están bajo su amparo, y también las D.O. más pequeñas puedan estar bajo el control con garantía de calidad y apoyado desde la administración autonómica.