La Junta reconoce ahora una reforma legal exprés para garantizar la caza

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibiendo la caza en la Comunidad provocó un seísmo en todos los estamentos. Hasta el punto de que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tuvo que programar una «reunión urgente» para tranquilizar a ganaderos, cazadores y otros grupos relacionados con este sector ante lo insólito de la situación provocada por la denuncia presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma).

En esta reunión celebrada ayer en Valladolid, se trasmitió que la Junta de Castilla y León promoverá, ahora sí, una reforma exprés de la Ley de Caza antes de que finalice la legistura autonómica para proteger con rango de ley la relación de especies cinegéticas. Lo hará ante las consecuencias que puede tener el auto en la «repercusión económica, de empleo y de fijación de población», y en una «superpoblación de fauna salvaje» y su efecto en la seguridad vial o en la sanidad de la cabaña ganadera, tal y como informó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Súarez-Quiñones. Ylo hace ahora después de que tiempo atrás manifestara que el cambio de normativa era complejo.

Para ello, la Consejería ha trabajando para lograr un acuerdo «unánime y urgente» y llevarlo a los Cortes de Castilla y León a través de una proposición de ley del Grupo Popular contando con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. De momento, ya se ha hablado con PSOE, Ciudadanos y UPL. Y en breve se hará con Podemos e Izquierda Unida, ya que la intención es llevarlo al pleno de las Cortes del próximo día 12 de marzo para su toma en consideración.Y definitivamente en el Pleno del 26, último de la legislatura, donde se dará luz verde a la reforma. Hay que recordar que la temporada de caza finalizó el pasado 24 de febrero.

Con este blindaje por ley se corrigen elementos del auto del TSJ que anuló el decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modificaba el Decreto 32/2015, de 30 de abril, que regula la conservación de las especies cinegéticas en la Comunidad, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Hasta ahora, se regulaban mediante órdenes anuales. Desde ahora, la posibilidad de aprobar esta relación en el marco de la Ley de Caza permite una protección que la actividad no tenía. Un posible recurso únicamente podrá ser presentado ante el Tribunal Constitucional.

La Junta aseguró que en los términos en los que se viene practicando la caza en Castilla y León, son compatible con la supervivencia de las especies cinegéticas y defiende que las especies cinegéticas lo son en los terrenos donde está permitido cazarlas.

Además del punto más controvertido, las nuevas modificaciones establecen que el Plan de Caza tendrá una vigencia de al menos cinco años, si bien podrá ser modificado por razones de protección de las especies cazables «o por otras causas de interés general». Igualmente, sobre la limitación de los periodos hábiles de caza, la Ley incluye un punto novedoso que reza: «Toda la extracción autorizada fuera de los periodos considerados en el Plan de Caza y los planes cinegéticos será considerado control poblacional».

A ellos se suman aspectos como las limitaciones de cupos diarios de ejemplares por cazador, determinar superficies mínimas para monterías y batidas y afecta también a especies concretas.

Un acuerdo que contará con el apoyo del líder de la oposición, Luis Tudanca. El secretario general del PSOECYL mandó un mensaje de tranquilidad a los cazadores. «La caza es una actividad de primer orden, de tremenda importancia para nuestra Comunidad», señaló Tudanca, a la vez que garantizó que el PSOE «estará en la solución ante este grave problema». No obstante, recordó que el Grupo Socialista ya advirtió en su día al PP en las Cortes –lo hizo el portavoz en Medio Ambiente, José Luis Aceves, sobre los problemas jurídicos que podía tener su normativa al rechazar la propuesta socialista para adaptarla a las recomendaciones del TSJCyL.

La Federación de Caza de Castilla y León respira ante esta futura decisión y aunque reconoce que es una «vía complicada, es factible», en palabras de su presidente Santiago Iturmendi, que en su opinión, «el Auto no respeta el principio de presunción de validez de la norma cuya suspensión se solicita ni exige al PACMA justificación de los perjuicios irreparables que alega en su petición al tiempo que niega valor al informe de la Administración que sí demuestra los perjuicios de esta suspensión». Además criticó también que los fallos que proceden de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL «siempre van en la misma dirección». Además puso en valor el voto particular del magistrado Felipe Fresneda, que en su exposición rechaza la opinión de sus compañeros «de una manera muy bien argumentada». «Es necesario dotar de un marco jurídico estable a una actividad fundamental en la Comunidad porque el mundo rural se lo merece», apuntó. El presidente de la Federación de Caza de Castilla y León reconoció que han sido dos días duros y donde han trabajado «mucho para alcanzar un amplio consenso institucional y político».

Por su parte, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha puesto a disposición de la Junta de Castilla y León sus servicios técnicos y jurídicos para resolver «con la máxima premura» la suspensión cautelar de la actividad cinegética en esta autonomía. Incluso contestó con un comunicado en el que califica el auto de «ilegal» y asegura que «es muy probable que el TSJCyL haya prevaricado» al dictarlo, ya que «es una resolución manifiestamente injusta».

Asimismo, el Colegio de Ingenieros de Montes estimó que auto es «desproporcionado» además de que adolece de «desconocimiento de los ecosistemas».

Las OPAS creen que es un «ataque al medio rural»

El auto que paraliza la caza en Castilla y León sentó como un jarro de agua fría a todas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS). Todas ellas estuvieron ayer reunidas con el Consejero de Fomento y Medio Ambiente y salieron con la esperanza de que «esta situación inadmisible» se resuelva «de una manera urgente».

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, aseguró a este periódico que la situación que se ha generado es «un ataque al medio rural» provocado por «gente que desconoce la verdad». Por eso mostró su «rechazo total» a la medida judicial y llamó a la unidad entre ganaderos, partidos políticos, colegios profesionales y cazadores para «entre todos, defender a Castilla y León en una actividad de toda la vida y que es la forma de vida de muchas familias».

Por su parte, Jesús Manuel Palacín, de Unión de Campesinos, agradeció la «rapidez y las explicaciones» ofrecidas por la Consejería y pidió a la administración que «controle» la superpoblación de fauna salvaje que está poniendo «en peligro» la seguridad vial y la sanidad en la cabaña ganadera «facilitando la caza en aquellas zonas donde no haya cazadores». Además mandó un mensaje para los jueces:«Parece que están viviendo en otra realidad y nos estamos volviendo locos con sentencias que nadie entiende».

Por último, Aurelio Gómez, de la Unión de Pequeños Agricultores, aseguró que es «inadmisible que esta sociedad esté manipulada por un grupo de animalistas que desconocen la verdadera situación del medio rural» para el que pidió «respeto». Yse congratuló de que la Consejería haya reaccionado «rápido» y ofrecido «una respuesta» a un problema que afecta a miles de ganaderos y cazadores de la Comunidad. «Esto hay que atajarlo para siempre para que no se vuelva a repetir», concluyó.