Concepción exige la reorganización de las Oficinas de Asistencia a Víctimas
El presidente delTribunal Superior de Justicia coincide con el del Colegio Regional de Abogados en plantear esta petición al Ministerio de Justicia

José Luis Concepción y Julio Sanz Orejudo, durante su reunión con Antonio Viejo.-ICAL
Los presidentes del TSJCyL y del Consejo Regional de la Abogacía (Cracyl), José Luis Concepción y Julio Sanz Orejudo, exigieron ayer al Ministerio de Justicia una «inmediata reorganización» de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) del territorio, integradas actualmente por un funcionario y un psicólogo, y contar además con un trabajador social y un letrado cuando menos, informa Ical.
Ambos defendieron que sería conveniente también tener una OAVD en el Palacio de Justicia de Burgos que desempeñe labores de coordinación con las demás, sin perjuicio de que cuente con el personal necesario para la atención de las víctimas que acuden a juicio en la Audiencia Provincial alojada en dicho Palacio.
Concepción se reunió en el Ministerio de Justicia con el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, y con el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, para trasladarles las necesidades más acuciantes en cuanto a medios humanos y materiales en los órganos judiciales de Castilla y León a fin de poder ofrecer al ciudadano una Justicia de calidad y ágil.
Concepción asistió a la reunión acompañado por el presidente del CRACyL, Julio Sanz Orejudo, con quien presentó un detallado informe sobre la situación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito (OAVD). y de los equipos psicosociales. En relación a los equipos psicosociales, los problemas expuestos por Concepción y Sanz se centraron fundamentalmente en las provincias de Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria. Según ellos, sería conveniente la creación de equipos psicosociales para juzgados con competencia en materia de familia cuando menos en dichas provincias o que se amplíen las plantillas de los existentes.
Asimismo, plantearon integrar bajo la dependencia del correspondiente Instituto de Medicina Legal, o de la oportuna subdelegación, todos los equipos psicosociales existentes en cada provincia con independencia de que en la actualidad se encuentren adscritos al Juzgado de Familia o al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.