A la ruina por heredar un solar ‘maldito’

«Ni en tres vidas» la palentina Paloma Alonso podrá pagar la deuda de más de 1,2 millones de euros que tiene contraída con la Junta de Castilla y León. El impuesto de sucesiones le «ha arruinado la vida» y le ha sumido en una «auténtica pesadilla» que ya dura quince años. Es, según asegura, la persona más arruinada de España por el impuesto de sucesiones.

Todo se remonta al 5 de diciembre de 2004 cuando su padre fallece de forma repentina. Como hija única, heredó en ese momento unas tierras, unas viviendas en proindiviso con sus tres tíos, unas cocheras y sobre todo un «maldito terreno», la clave de su ruina, sobre el que la familia acababa de firmar un proyecto para construir viviendas.

Esta palentina, que por aquel entonces tenía 23 años y que dejó las cuentas en manos del abogado y del gestor de la familia, afirma que «el solar se valoró en ocho millones de euros»; una cantidad que, según denuncia, resultaba ya entonces una «sobrevalorización». De esa cifra, el 25% –dos millones de euros– le correspondería a Paloma Alonso. «No sé si fue un error de los gestores o de quién, pero la Junta debería de haber comprobado ese valor. Sólo ha mostrado su afán recaudatorio», sostiene.

La Consejería de Hacienda replica que no fue una valoración establecida por la Administración, sino que dio por bueno «el valor declarado por la propia joven cuando fue a tributar, tal y como aclara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

Ella aceptó la herencia y en 2005 abonó la liquidación del impuesto de sucesiones. Pagó en total por todo lo heredado 40.000 euros, según recuerda, al haberse beneficiado de una bonificación del 95% sobre el impuesto de sucesiones después de que la familia hubiese constituido sobre el terreno una comunidad de bienes.

Pagó y se olvidó. Pero la sorpresa llegó en 2007 cuando recibió una notificación por parte de la Consejería de Hacienda rechazando aquella primera liquidación y reclamándole 600.000 euros por el impuesto de sucesiones.

La Consejería confirma a este periódico, en la misma línea que manifiesta la afectada, que «en 2007 revisó el expediente de oficio» y observó que aquella liquidación «no cumplía uno de los requisitos» para haberse acogido a la bonificación del 95% por una comunidad de bienes.

«Según la normativa, para aplicarse esa bonificación los ingresos principales de la persona tienen que venir de esa comunidad de bienes y no se cumplía», explica Hacienda, quien, por tanto, procedió a extender una nueva liquidación, ya sin esa rebaja.

En su defecto, tenía que abonar el 32% en concepto del impuesto de sucesiones entre herederos directos; uno de los porcentajes más elevados entonces y ahora de toda España y que equivalía a recaudar «un tercio de la herencia». «Se lleva la legítima, es como si Hacienda fuese otro hijo más», se queja.

Así, de esos primeros 40.000 euros, «una cantidad más o menos asequible», se pasó a 600.000 euros, lo que, a ojos y al bolsillo de Paloma, resultaba una «cifra desmedida e inasumible», máxime cuando ella era «una simple estudiante». «Era una brutalidad el impuesto que se pagaba en Castilla y León. Estaba hinchado. Si esto hubiese pasado en Madrid no habría tenido que pagar más del 1%; no más de 20.000 euros», calcula.

Sin posibilidad ya de renunciar a la herencia, la vía administrativa siguió su curso. «Si alguien me hubiera advertido de lo que podía ocurrir, yo habría renunciado a la herencia desde un primer momento», sentencia, pero era joven y se dejó guiar.

No mucho tiempo después a esos 600.000 euros se le sumó «una sanción de 300.000 euros por impago de la deuda, a lo que añadir los intereses de demora generados desde 2004». Y así notificación tras notificación, intereses sobre intereses, la bola iba engordando «de forma desorbitada». «Cada vez que veíamos al cartero, era como si viéramos al muñeco diabólico», resume Paloma ahora con 38 años y sumida «en un bucle sin salida».

En la última notificación que recibió, con fecha de 2014, Hacienda le atribuía una deuda global de 1.214.691,49 euros. Según la documentación aportada, 951.607 euros corresponde al importe pendiente, 266.161 euros a los intereses, 1.500 euros en costas y 4.778 euros por otras diligencias. Todo ello sin contar, como afirma, «todos los intereses que se habrán generado desde 2014 hasta la actualidad», y que de momento desconoce.

Esa deuda podría haber sido incluso mucho mayor si no fuera porque los promotores de las viviendas, «para que la obra no fuera paralizada por Hacienda», entregaron a Paloma 400.000 euros en el año 2013; un dinero que cogió con una mano y soltó con la otra.

Fue entonces cuando la afectada inició una batalla legal para tratar de lograr que se reconociera su derecho a aquella bonificación por tratarse de una comunidad de bienes. La Justicia, sin embargo, no le dio la razón. Y es que, tal y como mantiene, «cuando vas contra la Administración, siempre tienes las de perder».

«La Junta lo gana en el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León, primero, y en el TSJ de Castilla y León, después. Por lo que el caso «quedó judicialmente cerrado», según manifiestan fuentes autonómicas, que enviaron entonces a la Agencia Tributaria Estatal el expediente para que procediera al cobro.

El último, o penúltimo, capítulo se escribió el pasado mes de diciembre cuando todos sus bienes salieron a subasta para cubrir la deuda. Nadie compró nada, así que la subasta quedó desierta. «De haberse vendido todo, tampoco habría dado para liquidar la deuda, ya que se subastaban por 200.000 euros», afirma.

Ahora Paloma, casada, con un hijo de dos años, sin empleo y opositando, está atrapada y «sin futuro». Reclama «una segunda oportunidad», que se revise su caso. «Si fue un error, que se realice una nueva valoración del terreno, y si los bienes no dan para hacer frente a la deuda que, al menos, me den una salida, una oportunidad de empezar de cero porque el pago de la deuda es inviable». «Ni aunque ganara 3.000 euros al mes, lo que percibiría al año sería inferior a lo que se generaría en intereses», sostiene. Sin embargo, como confirma la Consejería, «no hay más posibilidad que pagar» en base a «la normativa de recaudación estatal».

En ese callejón, Paloma ha encontrado en la plataforma nacional Stop Sucesiones una «ventana en ese zulo» en el que se encuentra. Sus abogados están estudiando minuciosamente el caso para tratar de aclarar si se trató de una sobrevalorización de la finca o siempre se trató de un error». Lo primero que harán será pedir una nueva liquidación para conocer exactamente a cuánto asciende a día de hoy la deuda.

«Se supone que he recibido dos millones de euros de herencia, pero yo no los he visto. Lo único que he heredado es una mochila de deuda de dos millones de euros que pesa como una losa». ¿Su único mal?, como ella dice: «quedarme sin padre a los 23 años».