Diario de Valladolid

El TSJ confirma 3 años de cárcel para un ex primer edil por malversación

El ex regidor de Peleas de Abajo Marcelo Jurado recibió dietas de forma irregular por un importe superior a 14.500 E / Está inhabilitado durante cinco años

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Redacción de Valladolid
Valladolid

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La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de confirmar la resolución del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Zamora que condenó en el pasado mes de julio a Marcelo Jurado y a Bernardo Prieto, exalcalde y exconcejal de Peleas de Abajo, respectivamente. La causa fue la malversación de caudales públicos.

El TSJCyL ratificó que el exalcalde y el exedil, que también desempeñaba la función de tesorero, «eran conocedores de las obligaciones respectivas de sus cargos”» respecto a la disposición de dinero público, según informa la agencia Ical.

«En relación con las dietas que les pudieran corresponder por los gastos ocasionados en el ejercicio de sus cargos, eran asimismo sabedores de que debían justificar la aplicación de las cantidades recibidas, exigiendo las extracciones de dinero público de las cuentas del Ayuntamiento las firmas del Alcalde y del Tesorero mencionados, además de la de la interventora», precisó la sentencia.

De esta forma, se ratifica la condena para el exregidor de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para cargo o empleo público para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo, una indemnización de 14.559,51 euros más los intereses legales al Ayuntamiento de Peleas de Abajo y la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Para el exconcejal, la pena es de tres años de prisión y cinco de inhabilitación especial para cargo público.

El texto incidió en que se declaró «probado» que «se realizaron pagos» al exregidor mediante talones nominativos girados contra una de las cuentas del Ayuntamiento.

Los conceptos de sueldo y dietas en fechas comprendidas entre el 20 de abril de 2007 y el 29 de agosto de 2009, señalan un importe total de 14.559,51 euros, «sin que su perceptor, pese a ser conocedor de su obligación de justificar las correspondientes cantidades y ser apercibido oralmente al respecto por las funcionarias del Ayuntamiento, no lo hizo, obteniendo con ello un beneficio económico personal ilícito».

Por otra parte, la instancia judicial consideró que «ninguna irracionalidad o arbitrariedad se aprecia en la conclusión probatoria obtenida por el Jurado». Asimismo, apostilló: «al contrario, tal conclusión es totalmente lógica y una consecuencia natural del examen de las pruebas practicadas».

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó también la atenuante de «dilaciones indebidas» presentada por el exconcejal.

Finalmente, el TSJCyL ratificó que «participó de forma esencial y necesaria en la comisión de los hechos, pues siendo obligatoria la plasmación de su firma en los documentos de cobro para hacerlos efectivos, la puso a sabiendas de que la cantidad de conceptos de dietas carecía de justificación».

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