Apoyo unánime al «rentable» sector del azúcar ante la crisis de los precios

El pleno de las Cortes cerró filas ayer, de nuevo, con el «rentable» sector remolachero azucarero de Castilla y León para que se tomen medidas desde la Unión Europea y se establezca una estrategia conjunta desde el diálogo de todas las partes ante la crisis de los precios, de manera que los agricultores no abandonen un cultivo estratégico que fija población por la falta de rentabilidad.

Un apoyo que se produjo el mismo día que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió ayer ante los responsables de las organizaciones agrarias a estudiar el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) de la remolacha con el fin de analizar si existen «resquicios» para que los productores, como parte interesada, puedan recurrir ante la justicia ordinaria la propuesta de Azucarera de reducir el precio de la tonelada de remolacha a partir de la próxima campaña, informa Ical.

En las Cortes fue el popular Óscar Reguera quien presentó en el hemiciclo el contenido de la proposición no de ley, firmada por todos los grupos, en la que recordó que la supresión de cuotas y la evolución del mercado ha llevado a pérdidas en el sector y se preguntó si se trata de una crisis permanente o pasajera, para convenir en que «parece que será coyuntural».

Reguera se preguntó también si el sector tiene futuro sin cuotas, para responder que sí «por un sinfín de motivos», y recalcó la necesidad de que la Unión Europea tome medidas para estabilizar el mercado y por implicar a todos en el diálogo para que el sector sea sostenible. «Hay que establecer una estrategia sostenible», remarcó.

En la misma línea, el socialista Lorenzo Tomás Gallego defendió que se trata de un cultivo fundamental para Castilla y León y advirtió del impacto para la población que tendría el abandono de este cultivo por la caída de precios. «Sería un punto de inflexión negativo, los que abandonan siembran patata o maíz», indicó.

Félix Díez (Podemos) expresó el compromiso de su grupo con este sector y culpó a la liberalización de precios de la presente situación por lo que solicitó que se vuelva a establecer una regulación. «Hay que volver a la sensatez y garantizar el cultivo a precios justos», sostuvo.

«Nadie dijo que iba a ser fácil con la desaparición de las cuotas, pues se trata de un cultivo muy exigente, es el esqueleto del regadío, el más profesionalizado, el que abandona no vuelve», argumentó David Castaño (Ciudadanos). «Es cierto que la situación es dolorosa, Azucarera ha perdido 70 millones en dos años», aseveró, para incidir en que «no deben pagar el pato los agricultores. «Nos gustaría que se llegará al mayor acuerdo posible entre las partes», añadió.

Al consenso y a aunar esfuerzos entre las partes para que los agricultores mantengan la siembra de este cultivo apeló el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, quien defendió un acuerdo, aunque sea «de mínimos», si bien señaló que no se puede «imponer» desde la administración. «La proposición no de ley plantea un escenario menos pesimista ante una situación que no se sabe si será coyuntural o estructural», remató.

En la propuesta de resolución se insta al Gobierno central a que solicite a la Comisión Europea que tome todas las medidas previstas en el Reglamento del Parlamento Europeo y en el resto de reglamentación de apoyo al sector, que contribuyan a reducir la oferta de azúcar en el mercado interior y permitan recuperar la estabilidad en el sector. Además, analizar la situación con todos los afectados, remolacheros e industria, para establecer una estrategia conjunta desde el diálogo y la colaboración para conseguir la sostenibilidad productiva del sector.

CARRERA PROFESIONAL

El pleno de las Cortes autonómicas tomó ayer en consideración la proposición de ley para la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, presentada por el Grupo Popular y que contó con el apoyo del PSCyL, la abstención de Podemos, Ciudadanos y UPL y el rechazo de Izquierda Unida.

El presidente del Grupo Popular, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargado de defender una proposición de ley que, según aseguró, se trata de un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores públicos, que mejorará sus retribuciones y que servirá para reducir la interinidad. «Es una apuesta por el empleo y por la calidad de los servicios públicos, ya que nosotros estamos orgullosos de unos funcionarios que son los que sostienen la calidad de los servicios públicos de la Junta», aseveró.

Fernández Mañueco también anunció que esta proposición supone la apertura de un diálogo para introducir mejores y de un debate parlamentario con el objetivo de que el próximo año se elabore una convocatoria para el personal sanitario no asistencial, convocatoria que en 2020 se abriría a todos los funcionarios.

Además, insistió en la apertura al diálogo con los representantes sindicales y en que su propuesta de carrera profesional afectará a los 87.000 trabajadores públicos de la Junta y a los 7.700 profesores de la escuela concertada. A su vez, también explicó que el mecanismo sería por concurso-oposición, teniendo la oposición un valor del 60%.

El más crítico con la proposición del PP fue el socialista José Francisco Martín, que, pese a anunciar el voto a favor, la calificó de «mentira» y «pamplina», a la vez que insistió en que «no servirá para nada». Martín también se refirió a un mensaje de WhatsApp del Grupo Popular del que se hizo eco el Grupo Socialista en el anterior pleno en el que se destaca la ambigüedad del texto y su casi imposible cumplimiento, y aseguró que la veracidad de este mensaje se ha demostrado al conocer la proposición de ley popular.