Aplazado a febrero el juicio por una urbanización tras 11 años de espera
Un exalcalde de Villanueva de Gómez y los promotores están acusados de prevaricación
Vista de la urbanización de Villanueva de Gómez paralizada por los tribunales, en una foto de archivo.-ICAL
Once años después de que estallara el escándalo del proyecto de macrourbanización en el pequeño municipio de Villanueva de Gómez, hoy estaba previsto que arrancara el juicio penal contra los supuestos responsables de esa actuación urbanística que contemplaba la construcción de 7.500 viviendas.
Sin embargo, la enfermedad de uno de los cuatro acusados ha obligado a posponer al 28 de febrero este juicio en el que esta mañana estaban citados a declarar, además del exalcalde del pueblo, José Martín Llorente, los dos promotores y el arquitecto, otros tres testigos. En total, en las dos jornadas debían pasar por el Juzgado de lo Penal de Ávila seis testigos y otros seis peritos, con el objetivo de determinar si hace algo más de una década se pusieron producir delitos urbanísticos.
En aquel momento, la denuncia realizada por SEO/BirdLife y la Asociación Centaurea logró la paralización de una macrourbanización que incluía la construcción de 7.500 viviendas, tres campos de golf, un edificio para uso como club y hotel, un centro hípico, varias balsas reguladoras y una estación depuradora de aguas residuales en una superficie de 780.000 metros cuadrados de pinar.
Tras saltar a la luz pública este proyecto en 2007, dos años más tarde, no sólo se paralizaron las obras, sino que también se anularon en los tribunales tanto la autorización para seguir adelante con unos trabajos que ya habían talado 10.000 pinos para construir 25 kilómetros de viales, así como las concesiones de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
Entre las seis sentencias administrativas contrarias a este proyecto, la última fue dictada a mediados de 2013, cuando el Tribunal Supremo ratificó el fallo emitido un año y medio antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que daba la razón a la CHD, al haber negado en 2008 la concesión de agua del Adaja para esta macrourbanización.
Tanto el que fuera alcalde, como los dos promotores y el arquitecto que realizó el proyecto, serán juzgados por un supuesto delito de prevaricación urbanística, relacionado con la aprobación del proyecto «saltándose el procedimiento» y por otro contra la ordenación del territorio, según informó a este periódico la abogada de las organizaciones ecologistas que actúan como acusación particular, María Soledad Gallego.
Tanto SEO7BirdLife como Centaurea solicitan un año y medio de prisión y 8 de inhabilitación para el exregidor y un año de cárcel para los promotores y el arquitecto como supuestos «cooperadores necesarios».
La fiscalía solicita por un año de prisión y 8 de inhabilitación para el exregidor. Por el supuesto delito contra la ordenación del territorio, las organizaciones ecologistas piden dos años y tres meses de prisión contra los promotores y el arquitecto, mientras que el fiscal rebaja la pena a un año y medio de cárcel.