Castilla y León, Aragón y Asturias piden alternativas para una transición «justa»

‘La unión hace la fuerza’ promueve el trabajo en equipo para conseguir un fin común. Y eso es lo que han hecho los presidentes de Aragón (Javier Lambán, del PSOE), Asturias (Javier Fernández, del PSOE) y Castilla y León (Juan Vicente Herrera, del PP).

Juntos han enviado una carta a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, para exigirle que la transición «justa» sea acompañada de la creación de nueva actividad económica y de empleo que genere «alternativas reales y ciertas de via» para las cuencas mineras.

En la misiva que ayer la Junta de Castilla y León remitió a los medios de comunicación, los presidentes autonómicos muestran una «enorme» preocupación por los «duros efectos y problemas sociales, económicos, laborales y demográficos» que puede supondría una «acelerada desaparición» de la actividad minera, puesto que el Gobierno de Sánchez ha fijado este mes de diciembre como el último del carbón, antes incluso de la fecha fijada por la UE –2020–, lo que ha provocado continuas críticas de los miembros de la Junta de Castilla y León.

Con una actitud «totalmente constructiva», los presidentes de las tres comunidades autónomas solicitan a la ministra socialista un «urgente encuentro de trabajo» en el que puedan analizar la «situación límite» de los municipios mineros «con todo detalle». En esa reunión, quieren planificar unas medidas que pudieran «favorecer un cierto futuro» para los sectores, «tanto por razones estratégicas vinculadas a la política energética nacional, como por razones sociales».

Lambán, Fernández y Herrera pretenden así que las comarcas mineras sobrevivan a esta transición, que deberá atender al «impacto social» de los cierres de minas y centrales térmicas. Ambos sectores energéticos «complementarios de gran tradición y presencia» en Asturias, Aragón y Castilla y León.

Finalmente, los dos presidentes socialistas y Herrera muestran a Ribera su «gran preocupación» y su «deseo de colaborar» para estructurar esas alternativas conjuntas en las cuencas.

Hasta ahora, el gobierno de Sánchez ha ofrecido inyección de 250 millones en un fondo de cinco años para el apoyo a las iniciativas empresariales y de desarrollo, prejubilaciones y bajas incentivadas. La propia ministra anunció antes de ayer un plan para la transición justa y el desarrollo sostenible.

Este «plan de choque» incluirá un plan de restauración de las explotaciones mineras, otro de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética y la posibilidad de que los Ayuntamientos y autonomías firmen convenios de transición justa con el Gobierno.

El objetivo es reunirse «en el menor tiempo posible», explicó ayer la consejera portavoz de la Junta de Castilla yLeón, Milagros Marcos, quien insistió en la necesidad de que se «garantice» la actividad económica y que se generen «al menos» dos mil puestos de trabajo.

La Comisión Europea obliga a los estados miembros de la Unión a consultar este tipo de planes de transición energética con los territorios afectados. «Los tres presidentes se ponen a disposición para cumplir con un trámite previsto por la Comisión Europea», indicó Marcos.

La también consejera de Agricultura calificó de «necesaria» la transición energética siempre que sea «justa» y garantice un porcentaje del carbón autóctono. «Se debe escuchar a las partes, en un ejercicio de diálogo», sentenció la portavoz de la Junta.

«Lo primero que se plantea es que se flexibilice la devolución de las ayudas por las explotaciones de carbón competitivas y el apoyo al mantenimiento de las centrales térmicas con inversiones ya iniciadas, además de un mix energético que pivote sobre el carbón autóctono», explicó la consejera, quien insistió en la importancia de llegar a un acuerdo: «que no desaparezca el carbón autóctono que no se exija la devolución de las ayudas que estaban comprometidas y que se mantenga la actividad económica en las cuencas mineras». «No contemplamos que haya prestaciones pasivas y jubilaciones con cuarenta años. Eso no son alternativas», sentenció Marcos.

La consejera también mostró su apoyo a los mineros que se manifestarán el domingo en Ponferrada en defensa del futuro del Bierzo e insistió en la necesidad de «dar plazos» para que esta transición sea «justa».

COMISIÓN BILATERAL

Además, la Junta ha solicitado una reunión de la Comisión de Cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para tratar desde la «lealtad y diálogo» para defender los intereses de Castilla yLeón, «que es por lo que trabajamos día a día», explicó la portavoz del Ejecutivo regional.

Así, el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez espera darse cita con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la segunda quincena de enero, «a poder ser» en Castilla yLeón. Durante el encuentro se tratarán varios asuntos de política territorial que la consejera no concretó porque, afirmó, «aún no están cerrados».