La oposición aboga por recuperar el HUBU pero "no a cualquier precio"
Plantea la rescisión del contrato, su renegociación, la compra del capital swocial o una auditoría
Carencias, sobrecostes, retrasos e incumplimientos son las palabras que más se repiten, acompañadas siempre del adjetivo «injustificable», en el dictamen sobre la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Dos años y medio de pesquisas recogen como fruto el consenso de la oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León que aboga por recuperar el «control público» del centro pero con prudencia. «No a cualquier precio», apostillaron sin descartar la posibilidad de elevar un proceso «plagado de irregularidades» a la Fiscalía en caso de confirmar que incurre en «algún tipo de ilícito legal».
La última de las 46 conclusiones que conforman el documento pactado por los grupos Socialista, Podemos, Izquierda Unida-Equo y Ciudadanos abre un abanico de opciones para la recuperación del hospital burgalés como la «rescisión del contrato» por parte de la administración de «forma unilateral».
Una alternativa que solo sería «deseable», matizaron, de hallarse una «fórmula no lesiva» puesto que sus consecuencias serían «muy duras y costosas para Sacyl». Traducir en números esta afirmación no es cuestión baladí pero la aproximación que manejan, según trasmitió el procurador de IU-Equo en las Cortes a este rotativo, rondaría los 1.667 millones que alcanzó el contrato –cantidad de la que se descontaría lo pagado hasta el momento de la rescisión–.
Descartada esta posibilidad, al menos su ejecución tal cual, los grupos de la oposición propusieron la «renegociación parcial del contrato», es decir, de piezas como la fórmula de retribución, el pago de canon, el régimen sancionador o la explotación de servicios que, a su juicio, son las «más lesivas» tanto para las cuentas públicas como para la calidad asistencial. De no salir adelante esta segunda opción, un tercer planteamiento más novedoso apuntó a la compra del capital social que supondría menos de 50 millones.
En una cuarta alternativa incluyeron una auditoría por parte del Consejo de Cuentas, tanto del edificio como del equipamiento y fiscalización, que permita la «recuperación del HUBU no unilateral y beneficiosa para la administración» sustentada en el «incumplimiento» y la «mala gestión».
PROCESO "OSCURO"
Los cuatro grupos coincidieron en poner en valor, durante la rueda de prensa celebrada ayer para poner de manifiesto las conclusiones extraídas, el papel «protagonista» que la Plataforma de la Sanidad Pública de Burgos ha jugado en la investigación.
Frente al «consenso» alcanzado en la oposición, la portavoz socialista ubicó a un «PP que se ha quedado solo una vez más» tras tener que «asumir a la fuerza» la Comisión. «Niegan una realidad», concretó Mercedes Martín para después asegurar que el del HUBU «ha sido un proceso oscuro y lleno de irregularidades de principio a fin». Una gestión «público-privada» con la que, a su juicio, a los populares «se les ha caído la careta» al «negociar» con la salud. «Esta es la herencia que nos deja Juan Vicente Herrera con la complicidad de Alfonso Fernández Mañueco», sentenció.
Para la portavoz del PSOE, la «cadena de despropósitos» puesta sobre la mesa junto al «clamor» de la ciudadanía «deja clara la necesidad imperiosa de recuperar el hospital burgalés para una gestión cien por cien política».
La representante de Podemos en la Comisión, Laura Domínguez, aseveró que con la presentación de los resultados –«a medias por el secuestro del PP», matizó– se inicia «la senda de recuperación del hospital» pero, añadió, «no a cualquier precio ni a costa de seguir llenando bolsillos». Domínguez insistió en la importancia de llevar a cabo una auditoría para poder revertir en beneficio a la administración y las arcas públicas. «Sacyl tiene que asumir ahora la responsabilidad de haber dejado un centro público en manos de una empresa privada», apuntó tras garantizar que los servicios «no son más eficientes ni de mayor calidad», como prometía la elección del modelo.
Una decisión «perjudicial» a la que el procurador de Ciudadanos en las Cortes, Manuel Mitadiel, añadió una «gestión que lejos de defender el interés de la población, perseguía el beneficio industrial». A modo de ejemplo aseguró que solo con la adjudicación ya se produjo «la multiplicación de los panes y los peces» puesto que existió un «sobrecoste de al menos 37 millones».
A juicio del procurador de IU-Equo, «si el modelo es perverso, su aplicación es aun peor». José Sarrión aseguró que el hospital burgalés es «un coladero de dinero público» sustentado sobre una «opacidad permanente». Recordó que el propio presidente de la Junta de Castilla y León «reconoció que la colaboración público-privada es mucho más cara, pero se excusó en los tiempos». Para Sarrión, con este proceso «primó el ladrillo por encima de la asistencia sanitaria».
En cuanto a la posibilidad de elevarlo a la Fiscalía, el procurador del PSOE presente en la Comisión, Luis Briones, puso sobre la mesa ciertas «actuaciones que van más allá de lo irregular». En concreto, apuntó a las modificaciones del contrato así como a las mesas cuatro y siete. Con estas sospechas como escenario de fondo, valorarán ahora si pudieran incurrir en «algún tipo de ilícito penal», según adelantó el socialista.
La promesa popular de un «modelo legal, más eficiente y de mayor calidad , con garantía de financiación» se traduce, para el resto de grupos parlamentarios, en «opacidad» y «sobrecoste» tras sucesivos cambios que elevaron el contrato de un presupuesto inicial de 1.010 millones a 1.667. Así, urgen la recuperación del HUBU pero «de forma beneficiosa para la administración» y para toda la ciudadanía.
EL PP ANIMA A LA OPOSICIÓN A ACUDIR A LOS TRIBUNALES
El Grupo Parlamentario Popular recibió con «incredulidad» las conclusiones extraídas por la oposición a quien animó a, en caso de entender que ha habido algún ilícito, acudir «inmediatamente» a ponerlo en conocimiento de los órganos oportunos. «Hoy antes que mañana», instó el portavoz Ángel Ibáñez, quien se mostró especialmente crítico respecto a estas sospechas. «Si los servicios jurídicos de la Junta, el Consejo Consultivo y el propio Tribunal de Cuentas han acreditado que todo el expediente se ajusta a derecho, hablar de presuntas irregularidades solo puede deberse a una gran ignorancia o a unas importantes dosis de mala fe», apreció.
Ibáñez lamentó que los grupos de la oposición sigan «sosteniendo mentiras y falacias» en todos los ámbitos analizados sobre un «hospital moderno, eficiente, que ha supuesto un antes y un después en la mejora de la calidad asistencial de todos los burgaleses». En cuanto a la privatización del mismo, el portavoz del PP en las Cortes, se preguntó «cómo no se les cae la cara de vergüenza al mantener esta mentira» puesto que, aseveró, «cualquiera que vaya al hospital puede ver que la gestión asistencial es cien por cien pública y solo los servicios accesorios –limpieza, seguridad y hostelería– son prestados por empresas privadas».
Ibáñez recibió con sorpresa la continuidad de términos como el «oscurantismo» del expediente cuando, como aseguró, «la oposición ha tenido acceso a toda la documentación que han requerido sin que se les haya negado ni uno solo de los papeles». A su juicio, parece que «no se los han leído» y que su trabajo «ha sido puro postureo».
El procurador burgalés calificó de «curioso» que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, «no se haya enterado, en su última visita a la Comunidad Valenciana, de que el único hospital que se ha revertido –el de Alzira– ahora, en palabras de sus gestores, funciona peor».