Cerca de 19.000 nuevos hipotecados se ahorrarán más de 44 millones de euros cada año

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron ayer que cerca de 19.000 nuevos hipotecados de Castilla y León se ahorrarán cada año más de 44,4 millones de euros, a una media de 2.346 euros de Actos Jurídico Documentos (AJD) por hipoteca, después de que Pedro Sánchez anunciara aprobar un decreto ley para que sean los bancos los que asuman el impuesto.

Las previsiones de Gestha señalan a que 458.000 nuevos hipotecados en toda España se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, lo que conlleva a una media de 2.500 euros de Actos Jurídico Documentos.

Desglosado por provincias en Castilla y León, se estima que en Ávila se beneficiarán unos 1.130 nuevos hipotecados que ahorrarán 1.03 millones de euros; en Burgos, 3.581 hipotecados (8,56 millones), en León, 2.986 nuevos hipotecados (6,38 millones); en Palencia, 1.019 hipotecados nuevos (2,04 millones de ahorro); en Salamanca, 2.401 hipotecados (5,9 millones), en Segovia, 1.244 (3,59 millones); en Soria, 583 nuevos hipotecados (1,8 millones); en Valladolid, 4.910 firmantes de hipotecas (11,36 millones) y en Zamora, 1.107 nuevos hipotecados y un ahorro de 2,67 millones, según informa Europa Press.

Así, los técnicos ven «positivo» que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas por el Supremo. Por territorios a nivel nacional, los técnicos calculan que la comunidad de Andalucía será donde más beneficiarios habrá y, por contra, Ceuta donde menos. En concreto, para Andalucía estima 85.874 hipotecas, con un importe de 231 millones de euros; Madrid, con 83.288 beneficiarios y 189 millones de euros; y Cataluña, con 70.469 beneficiarios y 259 millones de euros.

Gestha lamenta que el Supremo haya «frustrado» las expectativas de 1,5 millones de contribuyentes, después de que el Pleno del Alto Tribunal decidiera revocar la nueva doctrina que los magistrados habían establecido el pasado día 18 de octubre. Así, tras el pronunciamiento del Pleno del Supremo, las comunidades autónomas no podrán atender las solicitudes de rectificación de la autoliquidación del AJD y devolución del ingreso indebido.

Igualmente, los técnicos señalan que el Pleno del Supremo «salva a la banca» del pago del impuesto en los últimos cuatro años porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva dentro de unos años habrá prescrito la posibilidad de obtener la devolución, salvo para las personas que hayan recurrido, señala Europa Press.

En detalle, Gestha calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 3.630 millones de euros, con un total de 1,45 millones de deudores. En este sentido, consideran que desde el punto de vista técnico-tributario las sentencias del Tribunal Supremo estaban muy fundamentadas cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo, y destacan lo «inédito» que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, generando «una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes». Asimismo, Gestha recuerda que nunca se ha discutido que el hecho imponible del AJD en los préstamos hipotecarios es la constitución de la garantía hipotecaria, cuya escritura insta la entidad en su interés, y la ley estatal vigente establece que el obligado al pago es el interesado en la expedición de la escritura y, por tanto, debe ser el banco quien pague.

De forma paralela, los técnicos opinan que el fallo del Alto tribunal, después del cambio de criterio y la división de opiniones de los magistrados, «genera inseguridad jurídica y agrava el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial».

Por otro lado, Izquierda Unida de Castilla y León llamó ayer a concentrarse para este próximo sábado, a las 18 horas, ante las sedes provinciales de Justicia para manifestar el rechazo a la decisión del Tribunal Supremo. «Es necesario que la población reaccione ante lo que ha sido un órdago ganado por la banca privada al Poder Judicial, frente al pueblo», señaló en un comunicado según informa la agencia Ical.

En una carta enviada a toda la militancia de IUCyL, el coordinador regional, José Sarrión, hizo este llamamiento porque el Supremo «ha sido convocado de manera irregular para enmendar la doctrina consolidada por la sección del Tribunal experta en materia tributaria».

Recuerda que se anula la doctrina jurisprudencial creada por tres sentencias obtenidas por la EMVS de Rivas Vaciamadrid (Alcaldía de Izquierda Unida), que establecía que el impuesto que grava las hipotecas debía ser satisfecho por el banco que obliga a formalizar esos préstamos en escritura pública.

La Justicia rectifica así sentencias firmes para proteger al poder financiero. Los máximos responsables, denunció Sarrión, «son el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo Diez-Picazo, con el aval del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes».

«El régimen se muestra cada vez más descarado, nuestro sistema político y económico no sirve: es necesario cambiarlo de raíz y comenzar de cero», explicó. Sarrión consideró este acto como «de pleitesía» del Poder Judicial hacia la banca privada.

HERRERA: «NO ES DE RECIBO QUE EL SUPREMO DE DOS GIROS EN 20 DÍAS»

El presidente de la Junta lamentó ayer los vaivenes del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. «Lo que necesita el mercado inmobiliario para seguir vendiendo inmuebles a las a las familias es una cosa tan intangible pero tan importante como es la seguridad jurídica y que que el el máximo órgano judicial de este país en poco más de 20 días haya dado dos giros de 180 grados parece que no es de recibo», señaló según informa Ical.

Herrera añadió que el propio presidente del Tribunal Supremo «fue muy sincero cuando reconoció una equivocación y ahora estamos viendo las consecuencias de ese error», aunque apeló a la prudencia para conocer el detalle del asunto y rompió una lanza a favor de los magistrados. «Yo soy un modesto hombre de leyes y quiero suscribir el prestigio del Tribunal Supremo», afirmó.

TUDANCA: «EL GOBIERNO HA DADO UNA RÁPIDA SOLUCIÓN AL PROBLEMA»

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, saludó ayer, según recoge Ical, la «rapidísima reacción» del Gobierno al anunciar un decreto ley para que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados recaiga en los bancos y no en los ciudadanos, después de que el Tribunal Supremo optara por rectificar una resolución anterior.

El dirigente socialista manifestó que se ha visto «la cara y la cruz» con la «rectificación inconcebible del Tribunal Supremo de una decisión ya tomada para salvar a la banca» y de otra la «rapidísima reacción del Gobierno», en referencia al real decreto ley que aprobará hoy de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto en las hipotecas.

PUENTE: «LA SENTENCIA ES UN FLACO FAVOR AL ESTADO DE DERECHO»

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, lamentó ayer la sentencia del Tribunal Supremo y aseguró que este fallo además de no ayudar en nada a la credibilidad de la justicia y del máximo órgano de representación de los jueces, es «un flaco favor» al Estado de derecho en un momento en el que el Supremo está en el punto de mira de todos por los asuntos tan importantes que está tramitando, informa Ical.

Puente, que recalcó que las consecuencias no serán positivas para la concepción que tiene el ciudadano sobre la justicia, aseguró que lo menos importante del caso es la sentencia conocida esta semana, «que puede ser perfectamente razonable», ya que el problema se plantea en el procedimiento que ha seguido el Tribunal Supremo y en su iniciativa para paralizar sentencias ya firmes que se pronunciaban de forma opuesta.