Fiscalía pide que el Zambrana separe a los menores infractores de los que cometen delitos

La Fiscalía de Castilla y León alerta del «ascenso» continuo de los delitos cometidos por menores y advierte de que los infractores «cada vez son más pequeños». La «utilización inadecuada» de las redes sociales, las crecientes agresiones y acoso entre iguales y, sobre todo, el deterioro de las relaciones entre padres e hijos que generan violencia intrafamiliar están detrás de ese aumento delictivo que cuantifica la memoria anual de la Fiscalía.

Durante el pasado año, adolescentes y jóvenes cometieron en Castilla y León un total de 1.174 delitos, lo que supone un incremento del 18% en relación a 2016, a lo que sumar otros 860 delitos leves, que representa un crecimiento del 22%.

Eso dio lugar al internamiento en régimen cerrado de cuatro menores (los mismos que el año anterior). Se decretó régimen semiabierto para 62 menores; abierto para doce y terapéutico para tres. El resto de las medidas llevadas a cabo –libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad…– ascendió a 961.

Distinta infracción e intensidad da lugar a distinta medida. Sin embargo, la Fiscalía expresa su «preocupación» porque en Valladolid se junte en el mismo recinto del Zambrana (único centro de reforma existente en la Comunidad) a menores internados por haber cometido un delito y a menores con alteraciones graves de conducta, que no han incurrido en un delito aunque sí cuentan con un expediente administrativo.

La Fiscalía considera «inadecuado» que compartan dependencias con menores infractores, por lo que reclama a la Consejería de Familia que albergue en otras instalaciones la Unidad de Socialización; un área de cuatro chalés dentro del propio recinto del Zambrana, en el que en régimen semiabierto tratan de dotar a los menores de medidas de intervención acelerada para aprender nociones básicas de conducta durante los dos meses que dura su estancia. Lamenta que el problema no se haya resuelto por «falta de presupuesto».

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Familia aseguran que «no consta» que la Fiscalía haya formulado ni en 2016, ni en 2017, una petición así. Tampoco le consta, los motivos por los que solicita ahora la separación.

La Consejería recuerda que la finca Zambrana alberga dos centros diferentes –uno de reforma y otro de protección–, que comparten algunos servicios generales comunes de mantenimiento, cocina, lavandería..., pero «funcionalmente son independientes, con una absoluta separación de menores, con programas de intervención diferenciados y atendidos por personal técnico diferente».

Este tipo de unidades son, por ejemplo, el lugar al que recalan los menores que han reincidido en acciones de violencia contra padres o madres. En este punto, la memoria de la Fiscalía destaca el «alto número de expedientes iniciados por violencia intrafamiliar», debido al grave deterioro de las relaciones entre padres e hijos, y apunta a que en ocasiones «la violencia se inicia con anterioridad a los 14 años».

Los delitos que perpetran los hijos hacia sus progenitores obedecen, en muchas ocasiones, «a un problema písquico del agresor», precisa la Fiscalía, quien lamenta que «no se hayan arbitrado los medios necesarios para evitar la angustiosa situación a las familias que conviven con un familiar que sufre una enfermedad mental y agrede a sus padres o hermanos».

Y es que al padre o a la madre sólo le queda denunciar. Sin embargo, los padres sólo denuncian cuando «el problema ya está muy enquistado», lo que dificulta, a ojos de la Fiscalía, el tratamiento. No sólo les cuesta denunciar, sino que suelen retirar la denuncia con posterioridad debido a que «no quieren interrumpir precisamente esa relación paterno-filial». Y eso que, como recalca el documento de la Fiscalía, «la situación de maltrato puede repetirse, ya que el vínculo paterno-materno-filial no se acaba con una condena penal».

Estas renuncias suelen ser «generalizadas», incluso en la fase de instrucción, más si cabe que en los casos de violencia de género.

Por todo ello, la Fiscalía reclama más juzgados de Familia especializados, dado que en las capitales donde existen «la agilización de este tipo de asuntos es mayor», así como la creación de plazas de psicólogos o trabajadores sociales en las fiscalías.

MENORES PROTEGIDOS

Y de menores infractores a menores protegidos. La memoria anual califica de «satisfactoria» la «actividad protectora de la Junta» en cuanto a la «rapidez de respuesta». Sin embargo, sí observa «una excesiva prolongación en el tiempo» de algunas situaciones de acogimiento residencial de menores de más de 12 años.

Para la Fiscalía, es «deseable» que se potencie el acogimiento familiar en la medida de lo posible, máxime después de las reformas legislativas para potenciar esa figura de protección». Y es que, a su juicio, pese al «buen trabajo desarrollado por los hogares de acogida», lo cierto es que en muchos menores se observa un considerable «cansancio institucional». En este sentido, pide «mayor celeridad» a la Administración en la constitución de las diferentes opciones de acogimiento.

La memoria también alude a un descenso en el número de menores absentistas, si bien detecta que «esa asistencia no se traduce en resultados académicos». Esa situación no sólo provoca «retraso académico» en los menores que no acuden con regularidad a clase, sino que «les impide una adecuada intregración».

Todo ello da lugar, según señala, a «situaciones de tensión, tanto con el profesorado como con el resto del alumnado», y a una «cierta marginalidad académica», lo que desemboca «en un claro fracaso. La razón que observa es la «falta de motivación e interés», y que «muchos padres no alcanzan a entender que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años».