Rechazo político a cambios que pongan ‘alfombra roja’ a minas como Berkeley

Con el objetivo de «promover una mejor compatibilidad entre la protección del suelo de carácter rústico y el desarrollo de actividades extractivas», tal y como reza el propio texto, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León presenta una Proposición de Ley para modificar la normativa autonómica de urbanismo.

Dentro de los cambios propuestos, cabe señalar el que atañe al apartado segundo del artículo 23 que entre los «usos excepcionales» del suelo rústico autoriza «actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas ornamentales y productos de cantera, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas». Para disipar cualquier duda, añade una disposición bis que contempla el «resto de actividades mineras no incluidas en el apartado anterior, así como las construcciones vinculadas a las mismas». Un matiz que recogería la instalación de la mina de uranio de Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo.

Los partidos políticos de la Comunidad ya se encuentran inmersos en un análisis en profundidad del texto que, en caso de incluir entre sus matices a las minas energéticas, rechazarían sin dudar. Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) consideran una «locura» y un «atrevimiento» que esta modificación normativa permita usos como el de Retortillo. Podemos recoge una oposición «frontal» a una Proposición de Ley que tiende una alfombra roja a «Berkeley y otras empresas de ese tipo». Para Izquierda Unidad se comete un «error clave» al vender el texto como un atajo al problema de la despoblación. El PSOE, por su parte, prefiere «no adelantar su posición hasta el Pleno».

El procurador adjunto de la formación naranja en las Cortes, David Castaño, apuesta por «analizar bien el contenido antes de nada». Sin embargo, en declaraciones a este rotativo adelanta ya que no lo apoyarán si toca lo energético. «Ni siquiera una abstención», concreta para después reconocer lo oportuno de, en caso contrario, «dar ciertas facilidades» puesto que las minas «crean puestos de trabajo y, bien restauradas, dinamizan la economía de las comarcas en las que se emplazan».

Castaño cuestiona que la modificación pretenda «favorecer a una determinada empresa» y, en el caso concreto de Berkeley, recuerda que tiene «aprobada la declaración de impacto ambiental hace años». Al margen de ello insiste en poner en duda que «el PP se atreva a presentar algo energético a pocos meses de las elecciones».

Aunque la UPL «no ha definido todavía su posición» a expensas de un «estudio en profundidad», su procurador considera «positivas» propuestas como esta «ligadas a generar un importante» número de empleos. «No está León como para desterrar proyectos como este que va a crear unos 200 trabajos», reconoce Luis Mariano Santos para después subrayar que la provincia «no puede permitirse ese lujo».

Santos considera «una locura» que la Proposición de Ley guarde relación con Berkeley puesto que «la empresa explotaría durante unos pocos años y dejaría un impacto ambiental terrible». En el caso de permitir «usos como los de Retortillo», la UPL estaría «en contra».

Para el secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández, el PP «da un paso más en su política de degradar y socavar el medio ambiente» de la Comunidad. Su formación no es «proclive» al cambio normativo puesto que entiende que «la forma de generar tejido económico y productivo en la región no pasa por facilitar la apertura de este tipo de explotaciones». Asimismo, considera que el contenido del texto tiende una alfombra roja «a Berkeley y a otras empresas de ese tipo».

Fernández considera «muy triste y penoso» que los populares «privilegien el interés de grandes compañías en contra de la ciudadanía» que, como asegura, «se ha mostrado reacia a estos proyectos». Como ejemplo, recuerda las «más de 15.000 firmas» recogidas en Ávila.

Por último, Izquierda Unida entiende que la «reforma es bastante seria» por lo que analizarán «a fondo» todas las implicaciones. Tras una primera lectura del texto, su procurador en las Cortes, José Sarrión, alude a un «error clave» al plantear la «política de despoblación de una manera equivocada».

Según explica, el PP propone «como estrategia central económica en Castilla y León la de recursos minerales». Sarrión insiste en que es un «completo error» porque se trata de un plan «puramente extractivista» cuando debería ser «sostenible también en el tiempo».