Castilla y León reduce un 41% las transferencias a fundaciones

El volumen de transferencias de la Junta de Castilla y León a empresas, fundaciones públicas y entes públicos de derecho privado para su funcionamiento entre los ejercicios 2010 y 2017 experimentó una caída del 41%, pasando de más de 297 a 176 millones de euros, según se recoge en un informe del Consejo de Cuentas presentado ayer en las Cortes regionales.

En el mismo análisis, incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones 2018 con la finalidad de comprobar el resultado de los procesos extintivos derivados de la reestructuración del sector público de la Comunidad, el Consejo de Cuentas asegura que el proceso ha dado como resultado un sector público más «simplificado, en la medida en que desempeña prácticamente las mismas funciones con menos personal y menos aportaciones por parte de la administración». Desde 2010 se han extinguido un total de 34 entes de la Junta, lo que ha supuesto un ahorro de personal asociado al proceso de reestructuración que se traduce en la reducción de 233 contratos de trabajo, que lleva asociado un coste por despido e indemnizaciones de 4,7 millones de euros. El coste anual de los empleos que causan baja se estima en 7,6 millones. La mayor reducción de personal se localiza en la Agencia de Desarrollo Económico, con una disminución de 90 contratos asociados al proceso, seguida de la empresa pública Sotur, con 64.

Sólo las modificaciones sufridas por la Agencia de Innovación y Financiación desde 2010 hasta 2016, suponen una reducción de 150 contratos de trabajo, que pasan de 372 a 222, con un gasto de personal del conjunto de entes asociados a la Agencia que se reduce de 15,9 a 10,9 millones de euros .

El Consejo de Cuentas considera que, con carácter general, el proceso de reestructuración llevado a cabo se ha ajustado «razonablemente a los planes establecidos y su normativa aplicable». Además, también resalta que no se ha producido una reversión mayoritaria a la administración de las competencias desempeñadas por los entes que desaparecen, sino en otros entes preexistentes que asumen las funciones. «El resultado del proceso es, por tanto, un sector público más simplificado pero que continúa desempeñando mayoritariamente las mismas funciones que tenía encomendadas antes del inicio de la reestructuración», subraya el informe. Al mismo tiempo, también se hace referencia a la cifra de ahorro y asegura que, según los informes de seguimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, asciende a 39,3 millones de euros, aunque se matiza que no se ofrece información de todas las entidades.

El informe indica, además, que las competencias en materia de apoyo al sector empresarial se concentran en el Instituto para la Competitividad Empresarial; las correspondientes a educación en la fundación pública Fuescyl; las de cultura y turismo en la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León; las de agricultura en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León; y las correspondientes a empleo en la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación Profesional para el Empleo. Finalmente, las correspondientes a la promoción inmobiliaria y gestión urbanísticas, en la empresa Pública Somacyl, dependiente de la Consejería de Fomento.

La deuda de la Gerencia Regional de Salud de la Junta se redujo entre 2011 y 2016 en 60,4 por ciento al pasar de los 1.169 millones de euros a los 462, según se pone de manifiesto en un informe presentado hoy a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas de Castilla y León relativo a la deuda sanitaria no imputada al presupuesto, y en el que este órgano recomienda a la Junta plantear las necesidades reales de financiación de la sanidad en las negociaciones del modelo de financiación e e incrementar el presupuesto de la Consejería para evitar generar deuda a la Gerencia Regional de Salud. En este sentido, el informe pone de manifiesto que el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud padece insuficiencia estructural, ya que las modificaciones sobre los créditos iniciales representaron un seis por ciento en 2011 y un once por ciento en el ejercicio de 2016. Además, también se destaca que Castilla y León fue una de las cuatro comunidades de todo el país en las que el gasto sanitario creció en el periodo 2011-2015, en este caso en unos 249 millones de euros.

En gasto público por habitante, la Comunidad fue la segunda con un mayor incremento al alcanzar el 8,7 por ciento Por lo que se refiere a los componentes del gasto sanitario, el de farmacia (recetas) bajó 2,5 puntos porcentuales en la media de las comunidades autónomas, siendo en 4,4 la reducción en Castilla y León. En cuanto al gasto de personal, disminuyó su participación en el total del gasto sanitario en 7,5 puntos porcentuales en Castilla y León y en 0,6 en el global de las comunidades autónomas.