Castilla y León recibe 170,25 millones para financiar la desviación del déficit

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó destinar 170,25 millones de euros para Castilla y León dentro del compartimento de Facilidad Financiera para financiar la desviación en la que incurrió la Comunidad, respecto al objetivo del déficit.

El Ministerio de Hacienda informó de que se aprobaron 762 millones de euros para las comunidades autónomas para financiar las desviaciones respecto al objetivo de déficit y que se encuentran pendientes de financiación, informa Ical.

El objetivo es que las posibles desviaciones no perjudiquen al plazo de pago de proveedores. De esos 762 millones, 170,25 corresponden al compartimento de Facilidad Financiera, al que está acogido Castilla y León; y 591, 75 millones pertenecen al Fondo de Liquidez Autonómico.

«Este desembolso se considera fundamental para contribuir a la reducción del periodo medio de pago pde proveedores, contribuyendo al cumplimento del plazo máximo de pago que establece la actual normativa en materia de morosidad», destacan fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.

Por otra parte, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó establecer el procedimiento para la salida gradual a los mercados financieros de las comunidades adheridas al Fondo de Financión a Comunidades Autónomas, a través del compartimento de Facilidad Financiera. Su objetivo es facilitar que aquellas comunidades que se encuentren en una situación financiera más saneada puedan volver a financiarse por sí mismas en el mercado.

Así se fija una estrategia de salida para el retorno ordenado a los mercados de las comunidades autónomas. Hacienda considera que «se hace necesario planificar esta salida a través de una estrategia clara y transparente» dado que su situación financiera actual es «más favorable» que cuando los mecanismos fueron creados en el 2012.

En esta estrategia se consideran criterios como estar adheridos al compartimento Facilidad Financiera, el grado de cumplimento del objetivo de déficit, deuda pública y regla de gastos; y el período medio de pago a proveedores y la calificación crediticia.

Las comunidades que deseen salir al mercado en 2018 presentarán un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, que cubra el período comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021, y que deberá elevarse a los ministerios de Hacienda y de Economía y Empresa.

Las comunidades adheridas al compartimento Facilidad Financiera que quieran salir al mercado a partir del inicio del 2019 y siguientes presentarán a Hacienda antes del 30 de noviembre del año anterior el PPE que cubra un período de tres años naturales sucesivos.

Ese PPE deberá ser coherente, con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto aprobados y adecuarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y el Real Decreto-ley de medidades de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter autonómico.

«LA MÚSICA DE LA FINANCIACIÓN NO ME GUSTA NADA»

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, declaró ayer que «la música que oye no le gusta nada» refiriéndose a los planes del actual Gobierno central acerca de una posible reforma de modelo de financiación económica.

Recalcó también la demanda al actual Ejecutivo central de que acometa la reforma del actual modelo de financiación autonómica, que permita a Castilla y León «contar con recursos suficientes para poder prestar los servicios de calidad en el territorio», según informa Ical.

En la actualidad, están inmersos en la reforma de este modelo y recordó que Castilla y León cerró el año con déficit porque «se está infrafinanciado».

«Van a favorecer más a aquellas comunidades que no han podido financiarse en los mercados, que peor lo han hecho y que les deben al Gobierno casi toda su deuda», dijo del Olmo.

Además, añadió que no tiene mucho sentido que a una Comunidad Autónoma se reestructure la deuda y le quiten el 5 % de su PIB. «Tendrán que compensar de alguna manera a las comunidades que hemos tenido un comportamiento mejor durante la crisis», argumentó del Olmo.