La CE plantea un techo de ayudas en la PAC de 100.000 euros y recortes a partir de 60.000

Las propuestas legislativas para la reforma de la PAC post 2020 ya están sobre la mesa, con el horizonte de las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y la incertidumbre sobre si será posible alcanzar un acuerdo «rápido» en torno al presupuesto general de la UE, como reclaman desde Bruselas, que permita «resultados sobre el terreno lo antes posible».

La Comisión Europea presentó ayer sus propuestas para la PAC 2021-27 que otorga «mayor responsabilidad» a los Estados miembros para elegir cómo y dónde invertir el presupuesto agrario. Bruselas plantea una nueva forma de trabajar, con los planes estratégicos como principal cambio en la arquitectura de la Política agraria; fijar un límite de ayudas por explotación de 100.000 euros, con recortes a partir de 60.000; y ambiciones «más elevadas» en materia de medio ambiente y acción por el clima. De hecho, se espera que el 40% del presupuesto total de la Política agraria tenga este destino.

Estas propuestas, según la Comisión, garantizan que la PAC siga siendo una política «orientada al futuro», a pesar del recorte del presupuesto en un 5%, el primero tras el Brexit, con un total de 365.000 millones de euros.

Bruselas propone para este nuevo periodo más subsidiariedad a los Estados con el objetivo, según el vicepresidente responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, «de incrementar la eficacia de la política y hacer un mejor seguimiento de sus resultados».

La propuesta presentada ayer ahonda en la Comunicación de finales de año, y recoge esa flexibilidad mencionada para los Estados en cuanto a la forma de utilizar sus asignaciones de financiación, con la posibilidad de diseñar «programas a medida» o planes estratégicos que respondan a las necesidades de los agricultores y ganaderos.

La propuesta de la Comisión recoge un aspecto nuevo como es la opción de «transferir» de los pagos directos al desarrollo rural (del primer al segundo pilar), y viceversa, hasta un 15% de sus asignaciones de la PAC para «garantizar la financiación de sus prioridades y medidas». Los ‘programas a medida’ siguen siendo cuestionados por el sector, que habla de las posibles desigualdades entre países.

La Comisión deberá, en cualquier caso, aprobar cada plan estratégico para garantizar la «coherencia» y la «protección del mercado único». También vigilará el rendimiento de cada país y los progresos.

La propuesta para la Política Agrícola Común post 2020 confirma el recorte presupuestario del 5%, lo que exige una mejor orientación de las ayudas. De forma general, la CE incidió ayer en que los pagos directos son una parte fundamental de la política, y priorizó el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones. No hay que olvidar que, hasta ahora, el 20% de los agricultores reciben el 80% de los pagos.

El compromiso sigue siendo una distribución «más equitativa» entre los Estados, por eso, Bruselas propone a partir de 2021 fijar un techo de ayudas por explotación de 100.000 euros, y recortes a partir de 60.000 euros, siempre teniendo en cuenta los costes laborales. Además, contempla que las pequeñas y medianas explotaciones, que son la mitad de los beneficiarios de la PAC, reciban «un nivel más elevado de ayuda por hectárea».

La incorporación de jóvenes sigue siendo clave para la política agraria, por lo que entre las propuestas recogidas por la CE se incluye que los países reserven «como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos» con el fin de ayudar a su llegada y establecimiento en el sector. Una propuesta que exige de otras medidas complementarias en materia financiera y de transferencia de tierras.

No hay certezas todavía sobre si la negociación llevará o no retrasos como los sufridos al inicio del actual período presupuestario 2014-2020. Algo que, según la Comisión, implicaría que los agricultores y las administraciones «no se beneficiarán de la reducción de la burocracia, de la mayor flexibilidad y de los resultados más eficaces que traerá consigo la nueva PAC». Apuestan, en este caso, por el logro en 2019 de un acuerdo sobre el próximo presupuesto para que haya una transición «fluida» entre el actual presupuesto y el nuevo.

La nueva PAC trae sin duda también un fuerte condicionamiento medioambiental. Lo decía ayer el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan: «la propuesta responde al compromiso de la Comisión de modernizar y simplificar la PAC, elevando la ambición en materia climática y medioambiental de la política».

Si la ayuda a la renta de los agricultores ya está ahora vinculada a la aplicación de prácticas respetuosas con el medio ambiente y con el clima, la nueva PAC impone a los profesionales algo más. Por eso, la propuesta plantea que cada Estado miembro ofrezca regímenes ecológicos, un nuevo ‘eco-programa’, para ayudar a los agricultores a ir «más allá» de los requisitos obligatorios, financiandolo con un porcentaje de sus asignaciones nacionales para pagos directos. La idea es que al menos el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural se dedique a medidas medioambientales y climáticas. La ambición en esta materia por parte de Bruselas es innegable, y eso ha quedado patente en estas propuestas legislativas que requieren que primero los países den luz verde al presupuesto europeo para este periodo.

En el ámbito de la innovación, la PAC quiere aprovechar los avances tecnológicos para ayudar al campo. Un impulso que se quiere dar en el próximo periodo a través de un presupuesto de 10.000 millones de euros procedentes del programa de investigación de la UE Horizonte Europa reservados para proyectos de investigación e innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.

herrera

Desde Castilla y León, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, puso ayer en valor el Acuerdo alcanzado en la Comunidad a favor del mantenimiento de la actual financiación de la PAC, y de la priorización de las ayudas para los agricultores y ganaderos profesionales. Es más, en la clausura del VIII Congreso de la UCCL, en Valladolid, abogó por «exportar» este Acuerdo sobre la Política Agrícola Común y presentarlo en Bruselas, para demostrar que no se quiere dar «ni un paso atrás».

Herrera se refirió a los próximas negociaciones en Europa y al cambio de Gobierno, dejando claro también que Castilla y León mantendrá una posición «constructiva» y «leal» al lado del Gobierno de España en la defensa de los intereses del campo en Bruselas. La Comunidad sigue trabajando para forjar alianzas con otras regiones europeas con el fin de conformar una posición común y «aunar fuerzas.

Herrera se refirió, por otra parte, a la «necesidad» de garantizar unos precios dignos para hacer un sector «atractivo» para los jóvenes. Un contexto en el que destacó el Desarrollo Rural como una política «clave» en la lucha contra la despoblación.

PROPUESTA LEGISLATIVA CE

Flexibilidad. Se adoptarán planes estratégicos que cubran todo el período, en los que se especifique cómo tiene previsto cada Estado miembro cumplir con los nueve objetivos económicos, medioambientales y sociales a escala de la UE, utilizando tanto los pagos directos como el desarrollo rural. La Comisión será la encargada de aprobar cada plan para garantizar la coherencia y la protección del mercado único.

Distribución de las ayudas. Los pagos directos a los agricultores se reducirán a partir de 60.000 euros y se limitaran en el caso de los pagos superiores a 100.000 por explotación, donde se pone el techo máximo de ayudas. Se tendrán en cuenta los costes laborales.

Medio Ambiente y clima. La Comisión Europea se plantea mayores ambiciones en esta materia. Se recoge un nuevo eco-programa o regímen ecológico para ayudar a los agricultores a ir «más allá» de los requisitos obligatorios, financiado con un porcentaje de las asignaciones nacionales para pagos directos.

Investigación. Se quiere impulsar el mayor uso del conocimiento e innovación a través, por ejemplo, del presupuesto procedente del programa de investigación de la UE de 10.000 millones.