Castilla y León exige un mínimo de 16.500millones de euros de la nueva financiación

La Junta de Castilla y León pide al Gobierno que el importe conjunto de la estructura de fondos del nuevo modelo de financiación autonómica contemple una «recuperación mínima de la suficiencia» para sanidad, educación y protección social de 16.500 millones de euros. Una cifra que refleja, como señaló el Comité de Expertos, la diferencia entre el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y el gasto efectivo de las autonomías en 2015, el último año liquidado, que podría servir de base para la reforma.

Este objetivo de suficiencia mínima, según la Junta, permitiría recomponer la suficiencia del resto de servicios, que fue reducida «a la mínima expresión de dimensión del gasto». Y es que, como recuerda la Consejería de Economía y Hacienda en sus alegaciones al borrador del Informe del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación, la insuficiencia obligó a las autonomías a una rebaja del nueve por ciento del gasto total en sanidad, educación y protección social, pero «el esfuerzo de las comunidades por protegerlos» provocó una merma de más de 30 por ciento en los fondos para el resto de servicios.

El departamento que dirige Pilar del Olmo indica que ese objetivo de «suficiencia mínima» puede alcanzarse mediante una recuperación o ampliación de la participación real de las comunidades en los tributos compartidos; una ampliación de los impuestos cedidos o un mayor volumen de transferencias verticales. El instrumento concreto o la combinación de varios, indica la Junta, deberán ser acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, informaIcal.

Aunque el reto es ganar en suficiencia, el Gobierno regional exige que se recoja el compromiso de mantener la cláusula de statu quo, para sostener la garantía de que ninguna comunidad empeorará su situación financiera como consecuencia de la reforma del sistema.

El Ejecutivo también defiende que el modelo de financiación debe lograr «una igualación plena en la cobertura de necesidades de sus ciudadanos» y debe «garantizar la cobertura de todos los servicios a financiar y no únicamente a los denominados fundamentales». En este sentido, el Ejecutivo regional indica que la actual definición de población ajustada «no recoge la totalidad de las diferencias en necesidades de gasto» por lo que esta referencia «no puede ser considerada como el criterio válido de equidad del sistema». La Junta lamenta que el Ministerio de Hacienda haya hecho caso omiso a sus peticiones «desde hace años» de la urgencia de efectuar estudios sobre las necesidades de financiación y las diferencia de costes en la prestación de servicios, para revisar la definición de la población ajustada.

Las alegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda también exigen una definición de los fondos del sistema de financiación autonómica, «innecesariamente complejos y de difícil comprensión», mucho más clara y sencilla. Denuncia la Junta que la estructura se basa en la propuesta de la Comisión de Expertos, cuyo «defecto» es que «no se basa en el principio de igualdad en el acceso a todos los ciudadanos a los servicios públicos gestionados por las autonomías, sino que incorpora en el diseño de los fondos la regla de ordinalidad», que beneficia a las más ricas.

El Gobierno autonómico denuncia en sus alegaciones los efectos negativos que tiene la aplicación de los regímenes forales sobre las comunidades de régimen común, tanto en la diferencia que provoca en términos de recursos financieros por unidad de necesidad como en la competencia fiscal desleal que genera respecto de los tributos cedidos. La Junta considera «positiva» la referencia del documento del Gobierno, a la viabilidad de considerar la despoblación de algún modo en el próximo sistema, pero defiende que es necesario que «esa voluntad se plasme en un compromiso concreto, previos los estudios en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación, dentro del programa de trabajo general relativo a la medición de las necesidades de gasto».

La Junta de Castilla y León también reclama que se desvincule la financiación de las autonomías de la ausencia de presupuestos generales del Estado. Al respecto plantea que las entregas a cuenta se establezcan sobre previsiones de ingresos «no necesariamente encajadas dentro de los PGE».

UGT lamenta que el gobierno no apueste por la ley de dependencia

La secretaria confederal y de Servicios Sociales de UGT, Adela Carrió, lamentó ayer en Valladolid que el Gobierno de la Nación siga sin apostar por la Ley de la Dependencia, tal y como ha quedado demostrado en la dotación que reserva en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, con unos recursos por debajo del umbral de 2011. En ese sentido, criticó la «insuficiente» financiación que tras los recortes del Partido Popular hacen imposible el desarrollo integral de la ley. Carrió ya apuntó en diciembre durante su participación en la jornada organizada por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León con el título ‘Envejecimiento activo. Presente y futuro de la Ley de la Dependencia’ que los recortes del Gobierno del PP hacían «imposible» el desarrollo integral de la ley. Recordó que el gasto de las administraciones públicas en materia de dependencia en 2007, año de entrada en vigor de la ley, ascendió al 0,36 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mientras que en 2012 fue del 0,69 por ciento. Y eso que todas las proyecciones con las que se dibujó la ley apuntaban un gasto de al menos el 1 por ciento del PIB para mantener el sistema de dependencia. De ahí que la secretaria confederal exigirá una revisión de la financiación. Adela Carrió consideró que tras el Real Decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad «se perdió el espíritu» de la atención integral al «dejar a mucha gente fuera».