Bruselas ratifica la condena de Gago por el asesinato de Carrasco

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmite la demanda de Raquel Gago, según lo comunicó ayer el despacho de abogados Torres & Oliva Legal Advisory, que defiende los intereses de la expolicía local de León condenada por el asesinato de la que fuera presidenta del PP provincial y de la Diputación, Isabel Carrasco, a 14 años de prisión; 12 por un delito de complicidad en la comisión del crimen y dos por tenencia ilícita de armas.

La demanda –presentada el pasado 17 de enero–, una vez inadmitida, no puede ser objeto de recurso alguno ante el Tribunal. Tanto el despacho profesional como la propia Raquel explican en un comunicado que acatan la decisión de la Corte al tiempo que quieren destacar «la firme convicción personal y profesional en su inocencia, que lamentablemente no ha sido reconocida en ninguna de las instancias a las que ha acudido».

Pese a ello, señalan en la nota remitida a los medios de comunicación, la tercera condenada por el crimen expresa su confianza en el Estado de Derecho y avanza seguirá defendiendo sus intereses conforme a la legalidad. Raquel Gago, además, insiste en manifestar «su profundo pesar por tan execrable crimen y su solidaridad con la familia de doña Isabel Carrasco Lorenzo».

Finalmente, Gago quiere transmitir su más sincero agradecimiento «a todos cuantos han creído y creen en su inocencia, y especialmente a su familia, para quienes pide respeto y comprensión ante lo complicado de su situación».

A mediados del pasado mes, el Ayuntamiento de León retiró por decreto a Raquel Gago su condición de policía y la expulsó del cuerpo de forma definitiva. Asimismo, determinó que debía devolver cada euro que cobró ilegalmente. Y es que, desde la sentencia que la consideraba culpable por complicidad y tenencia ilícita de armas fue firme, Gago recibía en prisión casi 1.000 euros mensuales, que correspondían a su salario sin complementos. Esta cantidad que no debería haber cobrado asciende a 24.000 euros.

El decreto de la corporación municipal se sustentaba en las tres sentencias sobre el caso y justificaba la pérdida de condición de funcionaria por ser consecuencia de la condena a pena de inhabilitación absoluta. Gago tomó posesión como funcionaria para ocupar una plaza de policía local en 1997.