Bruselas investiga ahora las ayudas a las térmicas de carbón de los últimos 10 años

Bruselas pone de nuevo la lupa sobre la industria del carbón, aunque con unos años de retraso. La Comisión Europea abrió ayer una investigación para determinar si las ayudas por importe de 440 millones de euros concedidas por el Estado desde hace una década a las centrales eléctricas abastecidas por este mineral se ajustan a la legalidad, según explicó la institución en un comunicado recogido por este diario.

Desde la capital de Europa contemplan con recelo las subvenciones al ser su objetivo la reducción de las emisiones contaminantes, un fin al que estas instalaciones ya estaban obligadas por la legislación comunitaria. «Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando el dinero del contribuyente», alertó en la nota la comisaria Margrethe Vestager, responsable de Política de Competencia.

Para Vestager, existen indicios de que el apoyo gubernamental dado a catorce térmicas, entre ellas algunas de las situadas en Castilla y León, las colocó en una situación de «ventaja competitiva desleal» frente a sus competidoras –ya fuesen también de carbón o de otro tipo– al recibir dinero público para acometer unas inversiones a las que ya estaban obligadas por ley.

«Si contaminas, pagas», sintetizó la comisaria en una máxima por la que se rige la política energética y medioambiental europea y que, desde Bruselas, consideran que choca con el régimen de incentivos creado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes.

A cambio de instalar esta maquinaria –que servía para reducir la presencia de este componente en las emisiones–, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas en función de su tamaño durante un periodo de diez años.

Según indica el comunicado, desde su instauración en 2007, catorce centrales de carbón se han acogido a este régimen hasta recibir, en total, más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, cuyos pagos se extenderán todavía hasta 2020.

El Ejecutivo comunitario sospecha que este sistema no ha tenido «ningún efecto incentivador» desde el punto de vista medioambiental, ya que las centrales sólo utilizaron el dinero para cumplir con unos límites de emisiones que tenían que acatar de todas formas y que estaban ya contemplados en una legislación de 2001.

Momento crítico

La «investigación pormenorizada» que se abrió ayer en Bruselas se produce en un momento crítico para el carbón y las térmicas castellanas y leonesas tras el anuncio de Iberdrola de cerrar la central palentina de Velilla del Río Carrión, una decisión que tuvo como respuesta gubernamental el demorado decreto para limitar el cese de actividad en estas instalaciones bajo determinadas circunstancias y que también despierta recelos en Europa al entrar en conflicto con los plazos comunitarios de reducción de emisiones.

La legislación comunitaria fija en 2019 el cierre de las minas de carbón que no puedan subsistir sin ayudas públicas, como es el caso de los yacimientos regionales. Si quieren operar después de esta fecha, deberán devolver las ayudas que han recibido a lo largo de estos años.

El cierre de Velilla se suma al de las instalaciones leonesas de Anllares del Sil y Compostilla, unas clausuras que dibujan un futuro difícil a las comarcas del norte de la Comunidad, cuyas economías se sostienen, en gran medida, sobre la industria carbonífera, ya sea a través de la minería o de la producción eléctrica con este combustible.

En esta línea, los senadores del PP de Castilla y León llevarán una moción a la Cámara Alta para defender la permanencia de la central térmica de Velilla en la localidad, una iniciativa que busca contrarrestar la proposición de Podemos aprobada en el Congreso. El reto es que sirva para que «Velilla siga abierta, porque en el PP creemos en el carbón y nos importa cada empleo», avanzó el secretario autonómico del partido, Francisco Vázquez, quien defendió las acciones puestas en marcha por los populares para mantener la planta del norte de Palencia.

En este sentido, también tildó de «oportunista» la actuación de otras formaciones políticas que «tienen desorientados a sus votantes». Pidió así seriedad al PSOE, a quien recordó que el cierre de la planta energética comportaría la perdida de un gran número de puestos de trabajo. «La izquierda quiere cerrar Velilla», sentenció.

En declaraciones a los medios durante la presentación de la iniciativa, el senador por Palencia, José Antonio Rubio, explicó que esta moción buscará defender el mantenimiento de otras centrales térmicas porque, «aunque hoy sea en Velilla, en Castilla y León tenemos muchas más» y reiteró que el cierre de estas plantas puede generar problemas de suministro energético en España.

El documento que se llevará a la Cámara, insistió Rubio, servirá para dar respaldo a las políticas energéticas del Gobierno Central, entre ellas, a la aprobación del Real Decreto Ley del Gobierno que plantea la defensa de las térmicas ya que, con la nueva normativa, el Ejecutivo sería el que tendría la última palabra en el cierre de las centrales. En caso contrario, se plantearían subastas para la gestión o el apoyo gubernamental para el mantenimiento de la actividad, recordó.

Así, se presentará una moción que incluirá el mantenimiento de las centrales y solicitar el incumplimiento de la moción de Podemos que se aprobó en el Congreso. Además, el texto defender al Ministerio en la defensa de la negociación Europea sobre las transición energética, «garantizando el suministro y cumpliendo con el interés general de ciudadanos y empresas».

Al término de una reunión del grupo de senadores del PP de Castilla y León, Vázquez volvió a incidir en que la importancia de la gestión de su partido para defender la planta velillense ya que, recordó, ha servido para propiciar una mesa de trabajo con Asturias, Iberdrola, Ministerio y Junta de Castilla y León para evitar el cierre.

Hay que recordar que, el PP de Palencia también desarrollará diversas iniciativas contra el cese de la actividad en esta central en los Ayuntamientos de la provincia, presentando mociones que serán debatidas en los plenos. Además, el grupo popular en la Diputación también sacará adelante un texto que servirá para defender el mantenimiento de los puestos de trabajo.

EL MINISTERIO DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LAS AYUDAS

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que el sistema de ayudas a las centrales de producción eléctrica con carbón investigado por la Comisión Europea era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en el que se introdujo, el año 2007, cuando no entraban en la definición de ayuda pública.

Así lo explicó un portavoz del Ministerio, quien apuntó que estas ayudas, que ascienden hasta ahora a unos 440 millones de euros, se financian a cargo del sistema eléctrico y no con presupuestos del Estado. Además, aseguró que España está dispuesta a continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día este sistema.

Por otro lado, mostró cierta sorpresa por el hecho de que la Comisión Europea conoce este esquema desde hace años y nunca ha dicho nada hasta ahora. La Comisión Europea anunció ayer que había abierto una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a las centrales de carbón se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, defendió que el carbón para producción energética como marte del ‘mix’ nacional no va en contra de los objetivos europeos «en tanto en cuanto se mantengan las nucleares, que como no emiten dejan hueco» para el mineral. «Ningún país ha cerrado nucleares y carbón a la vez», sentenció en una entrevista a El País para advertir de que «si se quiere ser medioambiental, hay que subir los precios, y si se quiere contener los precios, ganar competitividad y crear empleo, no se pueden tener las ambiciones medioambientales que a alguno le gustaría tener».