Las defensas señalan que el Banco de España permitió los créditos a Llamas

Los peritos de la defensa de los catorce ex consejeros de Caja España investigados por irregularidades en los préstamos concedidos al ex presidente de la entidad, Santos Llamas, sostienen que el Banco de España permitió esas operaciones de crédito y de refinanciación.

Arguyen que tuvo conocimiento en todo momento de esas decisiones, que, por otro lado, fueron acordadas por unanimidad del consejo de administración de la Caja, en los años previos a la fusión entre España y Duero. La restructuración de la deuda ya se produjo con la nueva Caja ya formada.

Pero no sólo sabía de esos movimientos sobre las empresas de Santos Llamas que causaron un sustancial perjuicio para la entidad y que ahora se juzgan, sino que, según la versión de los peritos, «era el responsable de dar el visto bueno» a cada operación.

Los expertos, uno de ellos ex trabajador el banco emisor y supervisor del sistema financiero, trataron de rebatir los informes presentados por los técnicos del propio Banco de España, que determinaron que la Caja permitió créditos «sin garantías adicionales ni pago de intereses» y que en ellos «no se tuvo la diligencia necesaria».

También indicaron, tal y como publicó este periódico, que el 80% de las operaciones firmadas con la entidad que presidía «eran de riesgos y no estaban computadas como tales» por Caja España.

Argumentan los peritos de la defensa que tal era el control del Banco de España cuando le conceden la mora a las compañías de Llamas que ya se había iniciado todo el proceso de restructuración del sistema bancarios con las cajas a la cabeza y ya se habían fusionado las dos entidades financieras.

Unas operaciones agravadas por el incumplimiento de laLey de Cajas, que impedían a Santos Llamas ostentar la presidencia de la Caja por su situación de mora, pese a que estuvo en el cargo de 2006 a 2010 (hasta la fusión) e, incluso, permanecer en el Consejo, del que no dimitió hasta 2012. Esta normativa no evitó que se aferrara al cargo y tratara por todos los medios y sin éxito presidir la resultante España-Duero.

Los peritos declararon ayer ante la jueza deInstrucción, número 5 de León, Rocío González, que es quien instruye la causa, sin el ya ex fiscal jefe, Emilio Fernández que fue sustituido por María Isabel Morán.

Las operaciones puestas en duda llegan a 29 y a 67,9 millones de euros en créditos o avales concedidos por Caja España y a 17 por valor de 8,8 millones, por parte de Caja Duero.