«El fracaso de la fusión de las cajas provocó una integración desordenada»

Cándido Paz-Ares, artífice del modelo de «fusión fría» que Junta y PSOE pactaron en 2008 para forzar la integración de las cajas de ahorro y evitar las resistencias locales, atribuyó ayer el fracaso de este modelo pionero en España a «diversos intereses de unos y otros» que no precisó.

Paz-Ares, socio del bufete Uría Menéndez, compareció en la comisión de investigación de las cajas. El también catedrático de Derecho Mercantil reveló que fueron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y su consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, quienes le encomendaron pilotar un modelo para «abordar lo que se venía encima». A su despacho y a Intermony, sociedad presidida por José Pérez, ex director de Inspección del Banco de España con Luis Ángel Rojo.

Castilla y León intentó sin éxito estrenar el modelo de Sistema de Protección y Solvencia (SIP). La Junta pidió a las seis cajas que contrataran sus servicio y éstas aceptaron, según reveló Paz-Ares, sin que hubiera concurso por medio.

Se trataba de un modelo con dirección centralizada para las seis cajas y que «mutualizaba la solvencia y la liquidez». Según el mentor del modelo, el fracaso de este modelo provocó que se diera el paso a «integraciones desordenadas».

Paz-Ares elogió la preocupación de la Junta por buscar un modelo que sirviera para hacer frente al cierre de los mercados mayoristas para las cajas, atenuar la caída de márgenes y evitar el aumento de la morosidad y la depreciación de los activos.

Las cajas aceptaron el servicio de estos despachos. Nadie preguntó en las Cortes ni el coste ni las condiciones del contrato, pero el socio de Uría aseguró que hubo «numerosas reuniones» y precisó que «al principio se lograron avances, pero lamentablemente el proceso no culminó». Finalmente las cajas optaron por fusiones regionales en el caso de Caja España y Caja Duero y las otras cuatro se integraron con entidades foráneas: Caja Madrid (Ávila y Segovia), Banca Cívica y luego CaixaBank (Burgos) y el SIP de Caja3 y luego Ibercaja (Círculo).

Paz-Ares subrayó que otras entidades se interesaron por este SIP. En unos casos con éxito, en otros con fracaso. No era la «panacea», pero, según el catedrático era entonces el único camino para paliar la pérdida de solvencia y capital de las cajas de Castilla y León.

¿Podrían haber sobrevivido las seis cajas de Castilla y León si esa fórmula para garantizar el músculo financiero de la región hubiera prosperado? Fue la pregunta más reiterada por los procuradores y no obtuvo una respuesta contundente. Paz-Ares si dejó claro que con el tiempo no habrían podido mantenerse «por falta de masa crítica suficiente».

El también exdecano de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid reconoció que la Junta tenía importantes funciones de supervisión, pero dejó claro que las competencias «prioritarias» y los recursos técnicos para ejecutarlas eran superiores en el Banco de España. «Las comunidades autónomas descansaban sobre la actividad del Banco de España», dijo, para matizar después que eso no quería decir que se relajaran.

No obstante, Paz-Ares aseguró que la Junta tenía importantes competencias sobre el control de la solvencia: asegurar que las cajas disponían de recursos mínimos ponderados en función de las inversiones y riesgos, supervisión de participadas, control de la expansión territorial y de las operaciones de los miembros de órganos de gobierno. No obstante, reconoció que era necesaria la coordinación para evitar «interferencias» y solapamientos.

El ideólogo del modelo que pudo haber estrenado Castilla y León constató las debilidades y fortalezas del modelo de cajas: sirvieron para dar crédito a personas con pocos recursos, pero tenían una «incapacidad» para captar capital.

Cándido Paz-Ares reconoció en varias ocasiones la falta de profesionalidad y de especialización de integrantes de sus órganos de gobierno.

Pablo Fernández (Podemos) cuestionó la ética de contratar a este equipo sin concurso. Manuel Mitadiel (Ciudadanos) abundó en la responsabilidad de los miembros de los consejos de administración. Óscar Álvarez (PSOE) intentó sin éxito arrancarle que la culpa del fracaso del SIP fueron las «resistencias locales». Isabel Blanco (PP) insistió en cómo la Junta se anticipó a otras regiones para evitar la desaparición de las cajas.

El experto en cajas sugirió en varias ocasiones que no es lo mismo analizar el fracaso del modelo ahora que en 2008. «La economía es la ciencia que predice con toda exactitud el pasado», ironizó.

«La cnmv y no la junta debía controlar las preferentes»

Si algo dejó claro el socio de Uría es que la Junta de Castilla y León no tiene ninguna responsabilidad por el «fiasco» de las participaciones preferentes. Paz-Ares se negó a calificar de «deshonestos» estos productos que fueron utilizados por cajas, bancos y empresas para inyectar capital. Lo que sí dejó claro es que su control correspondía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que debió de comprobar si a los clientes se les facilitaba la información necesaria, pues eran «productos complejos, de riesgo» y no de fácil comprensión. «La supervisión y la normativa correspondían a la CNMV», precisó, tras advertir de que fueron productos que se comercializaron en España y en Europa. «El fiasco de las preferentes no es un problema de las comunidades autónomas», reiteró, para reconocer que «a medida que avanzaba la crisis se hicieron más indigeribles y produjeron quebrantos a mucha gente sin capacidad de discernir». La sesión de la comisión de investigación duró más de dos horas y media. Faltó el procurador de IU, José Sarrión. La rigidez del presidente de la comisión, Manuel Mitadiel, provocó un corte radical en la primera intervencíon de Paz-Ares, justo cuando estaba relatando el proceso fallido del SIP. El catedrático que ideó el modelo dijo resignado: «Me sujeto a la disciplina de la comisión».