La fiscal superior exige refuerzos especializados contra la corrupción

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, inauguraba la apertura del año judicial. Lo hacía con un somero repaso a los indicadores procesales más significativos que desembocaba en el capítulo de apuestas de futuro. Incidió en particular en la corrupción: «Ante la alarma que este fenómeno crea y sus nefastas consecuencias para la confianza y credibilidad de las instituciones, su persecución también en una prioridad del Ministerio Fiscal en este territorio», afirmaba, sin referirse no obstante a los casos concretos que acumula la región.

Rodríguez afirmó que, dado lo voluminoso y complejo de los procedimientos que provocan este tipo de delitos, solicitará «que la Fiscalía de esta comunidad sea dotada de un fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción con competencia en las nueve provincias de Castilla y León, así como la adscripción a esta de las necesarias unidades de policía judicial y de expertos en la persecución de la delincuencia compleja».

Convencida por tanto de la «especialización como uno de nuestros más importantes activos», no quedaban ahí los propósitos de Rodríguez en este sentido que «de forma inminente» nombrará «un fiscal delegado de seguridad vial». El «elevado volumen de procedimientos» que esta materia genera, pues una de cada tres calificaciones y sentencias lo son por este tipo de delitos, justificaría la medida, según explicó la fiscal superior.

Esta figura se extenderá también al área de medio ambiente y urbanismo, «dado el patrimonio que nuestra comunidad atesora y la relación que los delitos contra la ordenación del territorio tienen con las distintas formas de corrupción pública y privada».

En concreto, Lourdes Rodríguez explicaba, ante una abarrotado patio del Palacio de Justicia, que los fiscales delegados «serán el enlace con las distintas administraciones e instituciones de la región y contribuirán a establecer criterios unitarios de interpretación y pautas comunes de actuación con el fin de garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley».

Por otra parte, la fiscal superior compartía con el presidente del TSJCyL su preocupación por la digitalización de la Justicia y recordó que este proyecto, que también afecta a su ámbito de actuación, «trasciende lo accesorio y tecnológico, pues llevan consigo implicaciones organizativas, legales y jurídicas que es preciso abordar y a las que hay que tratar de dar solución entre todos».

CARGA DIGITAL

Al respecto, subrayó que «paradójicamente» los nuevos sistemas, planteados para lograr una justicia más ágil y eficaz, suponen «una mayor carga de trabajo y mayor lentitud en su desarrollo».

Reclamó establecer pautas claras de actuación para el éxito de estos proyectos: «De tal manera que estemos verdaderamente ante un expediente digital y no ante una mera secuencia de documentos escaneados».

«Los trámites se han multiplicado y también los pasos para dar respuesta a los mismos, por lo que se precisa de más tiempo y más personal», lamentaba Rodríguez, para apuntar a la «defectuosa estructura organizativa y formativa de las secretarías, que ni se han adaptado a la nueva configuración, ni están preparadas para asumir los nuevos proyectos, como uno de los mayores problemas que afecta al funcionamiento de las fiscalías».

Así, «dado el estado del soporte administrativo con el que contamos» propuso además prorrogar las previsiones en relación con los actos de comunicación por medios telemáticos al Ministerio Fiscal contenidas en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/15.

Tampoco faltó en su intervención referencia a Cataluña, cuya situación abordó sin una cita expresa al considerar conveniente, «en este momento tan complicado y de tanta tensión institucional», reiterar públicamente que «toda actuación del Ministerio Fiscal tiene que tener como norte el mandato constitucional de la defensa del interés superior de la ley, como emanación de la voluntad popular». «Y este es un mandato que acatamos sin fisuras», apostilló.