Un mínimo de 6.000 plazas compondrá una oferta de empleo público «histórica»

Buena noticia para todos aquellos que tengan un título relacionado con la educación, la sanidad o los servicios sociales y quieran formar parte del cuerpo laboral de Castilla y León. La oferta de empleo público para este año, cuyos exámenes de acceso tendrán lugar en los próximos meses, estará compuesta de, al menos 6.000 plazas, de las que una mitad será para profesionales sanitarios y otra, en su mayor parte, para profesores y trabajadores sociales.

Así lo anunció ayer la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, donde se dio el visto bueno a la primera parte de la convocatoria laboral ofertada por el Ejecutivo autonómico para este año. Este primer lote se compone de cerca de 3.000 plazas de las que alrededor de 1.630 corresponden a docentes –«la mayor oferta pública de la historia del sistema educativo», tal y como explicó Marcos–, casi 700 a puestos en los Servicios Sociales regionales y el resto a empleos en otros sectores.

A estas tres mil primeras plazas aprobadas ayer se les sumarán, al menos, otras 3.000, en este caso sólo para profesionales sanitarios, que podrán incrementarse en función del acuerdo al que llegue el Gobierno central con las comunidades autónomas para reducir la interinidad en este sector y conseguir más estabilidad. De este modo, a las plazas previstas, que nacen, en su mayor parte, de la tasa de reposición de los puestos ya existentes, se añadirán otras nuevas cuyo número está todavía por determinar y que dependerá de lo que pacten los representantes de los gobiernos regionales, reunidos hoy en Madrid para intentar fijar una posición consensuada.

La voluntad del Ministerio de Sanidad es que los nuevos puestos que salgan en las convocatorias de empleo público en el ámbito sanitario alcancen el 85% de los existentes en la actualidad, lo que, en la práctica, supondría casi duplicar el volumen de personal fijo. Sin embargo, el afán del Gobierno central es que esa tasa de estabilidad, que variará también según las especialidades convocadas, no cuente con la oposición de ninguna autonomía ni desencadene acusaciones entre regiones por el tipo de plazas que saldrán en cada territorio, según fuentes consultadas por este diario. De todos modos, el mínimo ya aceptado por todas las comunidades está en crear plazas que equivalgan a un 50% del personal actual.

Esta voluntad por estabilizar el día a día de las áreas sociales y reducir la interinidad y el encadenamiento de contratos temporales en los servicios públicos también está detrás de las más de 3.000 plazas aprobadas ayer. La legislación presupuestaria estatal para este año permite que se puedan incluir en las ofertas de empleo público las vacantes que hayan estado ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016 siempre y cuando estén en sectores prioritarios: Educación, Sanidad, Servicios Sociales y gestión de prestaciones y políticas activas de empleo, lo que, en la convocatoria actual, equivale a 1.329 plazas, la mitad para docentes –profesores y maestros a partes iguales– y el resto para personal laboral. El resto de los puestos nacen de la tasa de reposición.

Uscal recurrirá

La oferta de empleo público ha contado con el apoyo de cuatro de los cinco sindicatos con representación en el Consejo de Función Pública. Mientras que CSIF, CCOO, UGT y Feses dieron su voto favorable, Uscal rechazó la convocatoria al considerar que «discrimina» a los sanitarios no asistenciales que quieren que se les reconozca como funcionarios de administración sanitaria y no como funcionarios de servicios especiales y anunció que la recurrirá.

El secretario general de Uscal, Manuel Martínez, denunció que la Junta está «discriminando» a este colectivo respecto al resto de 30.000 sanitarios del Sacyl. «Tenemos 2.000 sanitarios dedicados a la salud pública y la Junta los está dejando y abandonando», motivo que les ha llevado a intentar «externalizar» el problema.

Ayudas para víctimas de violencia de género y terrorismo

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, presentó ayer el contenido del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias para 2018, es decir, el texto que recoge los impuestos y las tasas sobre las que tiene competencia la Junta. Su principal novedad para el próximo año, además del mantenimiento de los tributos tal y como están en la actualidad, es la creación de nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las víctimas de terrorismo –en concreto, una bonificación del 99%– y las de violencia de género y el establecimiento de una ayuda económica anual para los hijos menores de edad de las mujeres que hayan fallecido por esta última causa, cuya cuantía y condiciones se fijarán en un reglamento posterior.

Además, la nueva legislación tributaria contempla también un régimen regulador de las subvenciones para la sustitución de calderas y calentadores de gas obsoletos –el Plan Renove– para agilizar su tramitación, así como el mantenimiento de las ventajas tributarias de este año, como las dirigidas al sector del juego, en atención a la» situación de crisis que atraviesa», según explicó Del Olmo. También se aplicarán las rebajas de las tasas agrarias por la sequía.