El Ministerio prohíbe ceder al Serla locales del Patrimonio Sindical
Empleo rechaza la pretensión de Junta, CCOO, UGT y Cecale de utilizar inmuebles sin uso para oficinas de mediación en conflictos individuales / Ahora buscan locales para cumplir el compromiso antes de enero
Pedro Llorente, subsecretario de Empleo en una imagen de archivo.-ICAL
El Serla lo tiene muy difícil para cumplir el compromiso de dotarse este año de locales en las nueve capitales de provincia y Ponferrada para mediar en los conflictos individuales que no supongan reclamación de cantidad. El Ministerio de Empleo ha emitido un informe jurídico que prohíbe a sindicatos y empresarios de la Comunidad autónoma ceder a esta fundación de Castilla y León inmuebles del patrimonio sindical acumulado. Se da la circunstancia de que este informe del abogado del Estado en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social desautoriza y contradice otro previo de la Subsecretaría de Empleo.
Junta, CCOO, UGT, Cecale y el Serla se reunieron en marzo con el subsecretario de Empleo del Ministerio, Pedro Llorente, en Madrid y se mostraron satisfechos por la «buena predisposición» del alto cargo de Fátima Báñez a su propuesta. Contaban con locales del patrimonio sindical o empresarial sin uso en Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. No así en Ponferrada, Burgos y León. Era la propuesta más barata.
En abril, llegaron a recibir una nota oficial que permitía a la FundaciónSerla hacer uso de los espacios cedidos bajo determinadas condiciones. Sin embargo, un mes después el abogado del Estado-jefe, José Luis Beotas, echaba un jarro de agua fría sobre las pretensiones de la Junta y los agentes económicos y sociales de Castilla y León.
«El sindicato u organización empresarial no puede ceder, por su propia decisión, el uso recibido a ninguna entidad (sea o no federada) porque lo prohíbe la ley», advierte el Ministerio en el informe al que ha tenido acceso EL MUNDO. Y añade que «si el beneficiario del uso de un inmueble cedido quiere que lo disfrute otra entidad vinculada deberá solicitarlo (como nuevo beneficiario) al Ministerio (...), quien resolverá valorando lo procedente, a tenor de las exigencias propias de la condición de beneficiario».
El informe jurídico se lo ponía mal al Serla al recordar los artículos de la Ley 4/1986 de 8 de enero de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado. Aquella ley de hace más de treinta años abordó «el grave y complejo problema de la titularidad de los bienes y derechos procedentes de la antigua Organización Sindical y de las demás Entidades sindicales anteriores al nuevo sistema de libertad y pluralidad sindicales consagrado por la Constitución» y, por otra, el «derivado de la incautación de los bienes de las Organizaciones Sindicales democráticas, como consecuencia de la guerra civil española».
El informe advierte, de entrada, que la cesión al Serla de los locales «será nulo de pleno derecho», tanto si lo hace la Administración como si lo hacen los cesionarios. Lo más que permite, y no es el caso, es la cesión a las federaciones sindicales o empresariales, pero esta decisión corresponde al Ministerio. No obstante, «si un sindicato u organización empresarial crea figuras jurídicas independientes (que conceptualmente no forman parte de la federación) con personalidad jurídica y patrimonio propios e independientes» debe asumir la posible pérdida si la central pierde el derecho.
Junta, sindicatos y empresarios se han lanzado a la contratación de locales. El Presupuesto de la Fundación Serla para este año contempla en parte esta ampliación y duplica la partida del ejercicio pasado y cifra en 1,1 millones de euros la subvención de la Junta, que afronta todos los gastos. Al respecto, preveía varias posibilidades: alquiler de locales ajenos, uso de inmuebles de la Junta, o espacios de CCOO, UGT y Cecale.
Estaba previsto, como así fue, comenzar por Valladolid, que asumió esta competencia en noviembre de 2016 conjuntamente con la UMAC. Ante la incertidumbre existente, la Junta partió de la premisa a efectos del cómputo presupuestario de implantar la mediación de los conflictos individuales «en la totalidad de la Comunidad autónoma el 1 de julio de 2017». Al día de hoy, el Serla no dispone de ningún local para este objetivo con la excepción de Valladolid. El reto de ampliar la mediación en estos conflictos en todas las capitales y Ponferrada no se cumplirá este año en toda su totalidad.
Es probable que el Consejo del Diálogo Social aborde el viernes este incumplimiento de plazos. Los sindicatos ya advirtieron en julio que resultaba imposible instalar el servicio de mediación de conflictos individuales en las nueve provincias a la vez. Ello suponía elevar a 34 la plantilla del Serla, que ahora cuenta sólo con cinco. Ni la Junta ni los sindicatos ni Cecale habían desvelado la última decisión del Ministerio de Empleo. Máxime cuando se ha retractado de su favorable posición inicial.
De hecho, el primer «informe» indicaba que «la Fundación Serla puede hacer uso de espacios cedidos a UGT, CCOO y Cecale en edificios del Patrimonio Sindical Acumulado» y advertía de que «la relación jurídica que se crea con ese uso vinculará al Serla con la organización usuaria del espacio que utilice». En ningún caso, advertía, se creará una relación entre el Serla y el Ministerio de Empleo.
Ahora ese informe carece de validez y los integrantes del patronato del Serla y la Junta buscan locales para cumplir con unos compromisos difíciles de hacerse realidad en el plazo previsto.