Multas para los ‘desobedientes’ con la Ley de Transparencia
Javier Amoedo pide a los partidos que obliguen a ayuntamientos y diputaciones a respetar las resoluciones de la Comisión
El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, intervino ayer en las Cortes.-J.M. LOSTAU
El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, abogó hoy por «imponer multas» a las administraciones que incumplan las resoluciones de la Comisión de Transparencia para que así «ejecuten de modo forzoso» los dictámenes emitidos por este órgano colegiado adscrito a la institución propia. No en vano, Amoedo aprovechó su comparecencia en las Cortes para presentar la primera memoria del Comisionado de Transparencia, correspondiente a 2016, para denunciar la falta de colaboración de muchas administraciones a la hora de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.
Pese a reconocer la falta de medios humanos y materiales del Comisionado, al no contar con más personal que el propio del Procurador del Común, Javier Amoedo planteó mejoras en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León como dotar de medios jurídicos al órgano para forzar a las administraciones la ejecución de las resoluciones, según explica Ical.
Además de tomar notas de algunas de las consideraciones de los grupos políticos presentes en la comisión, Amoedo «les devolvió la pelota» al apuntar que las formaciones tienen muchas «posibilidades» para que las administraciones respeten y cumplan con las peticiones del Procurador del Común y el Comisionado de Transparencia. No en vano, recordó que «son ustedes» -en referencia a los partidos- los que gobiernan los ayuntamientos y las diputaciones.
La memoria anual del Comisionado de la Transparencia recoge la falta de colaboración de las diferentes administraciones a la hora de devolver los cuestionarios enviados para conocer el grado de cumplimiento en materia de transparencia y participación ciudadana. De una muestra de 104 cuestionarios, solo 63 contestaron. No enviaron ese documento a tiempo, por ejemplo, las diputaciones de Ávila y Burgos o los ayuntamientos de Salamanca y Zamora, además de la Universidad de León (ULE). «Sería bueno contar con una mayor participación de las administraciones e instituciones para conocer los grados de cumplimiento con la transparencia», precisó.
Amoedo explicó que, a diferencia de lo que ocurre con el Procurador del Común que tiene la posibilidad de acudir a la Fiscalía ante una administración que no facilita la información solicitada, el Comisionado pueda dictar una resolución «ejecutiva» sin haber recibir una respuesta. Y esa resolución solo puede ser recurrida en el Contencioso Administrativo.
El Procurador del Común constató que la Ley de Transparencia tiene sus «deficiencias» y es «fácilmente mejorable». Entre otras cosas, porque los miembros de la Comisión no tienen una retribución extra a la de su labor en la institución propia, que -recordó- resuelve unas 3.000 reclamaciones anuales.
En todo caso, aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que cumplirán con su función de proteger y defender al ciudadano cuando entienda que su derecho a la información ha podido ser vulnerado por las 5.000 instituciones, entre administraciones públicas (ayuntamientos y diputaciones) y otras entidades (universidades, colegios profesionales y cámaras de comercio).
El documento también pone de manifiesto que la administración local fue la que recibió la mayor parte de las reclamaciones, en concreto un 72 por ciento, frente al 14 por ciento de las que se interpusieron frente a la actuación de la administración autonómica.