Diario de Valladolid

Castilla y León podría recibir 15 millones adicionales de dinero estatal para la dependencia

Alicia García propone revisar la Ley de Dependencia de acuerdo con las peculiaridades de los territorios

La consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, junto al secretario general de la consejería, Jesús Fuertes.-ICAL

La consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, junto al secretario general de la consejería, Jesús Fuertes.-ICAL

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ICAL

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Castilla y León podría recuperar 15 millones de dinero estatal perdidos durante la crisis para financiar la dependencia en nuestra comunidad una vez que la Comisión Nacional para el Análisis de la situación de la Dependencia ha acordado que se recupere el “nivel mínimo” de financiación que se perdió durante los años de la crisis económicas. Así lo señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, tras la reunión de la Comisión en la que se ha analizado el informe final elaborado tras seis meses de trabajos.

Así, tanto desde el ministerio de Asuntos Sociales como desde la Junta coinciden en señalar que hay “mas de un 90 por ciento de acuerdo” entre las siete comunidades autónomas y el Gobierno de tal manera que el informe final recogerá la necesidad de revisar la propia ley de dependencia y su financiación teniendo en cuenta factores como “la dispersión geográfica”, algo que Castilla y León siempre ha defendido.

Alicia García explicó al término de la reunión, celebrada en en la sede del IMSERSO en Madrid, que se ha logrado un “consenso” entre el Gobierno y las siete comunidades autónomas representadas - Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Cataluña y Asturias- de tal forma que están todos de acuerdo en “más del 90 por ciento” de las conclusiones del documento, algunas de las cuales son peticiones de Castilla y León. Una de ellas es la necesidad de “revisar” la ley, que data de 2006, y que aunque fue una “buena idea” estuvo, a juicio de la consejera, “mal financiada desde el principio” como siempre ha puesto de manifiesto Castilla y León.

El documento analizado hoy expresa la “voluntad” del Gobierno de recuperar el “nivel mínimo” de financiación de la dependencia -teniendo en cuenta el número de dependientes y su grado de dependencia- que “se eliminó” en el año 2012, desveló García. De esta forma, si finalmente se aprueban estas conclusiones en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, Castilla y León recibiría 15 millones adicionales de las arcas del Estado, explicó al respecto.

Ahora mismo, según datos aportados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Castilla y León destinó 534,4 millones de euros a la dependencia, de los que 104,7 los aportó el Estado, aproximadamente un 20 por ciento del total. Con la recuperación del nivel mínimo nuestra región percibiría 15 millones de euros adicionales directamente del Ministerio de Sanidad. “La voluntad es recuperar esos más de 15 millones de euros en el 2020”, aclaró la Consejera que reconoció no obstante que faltan por cerrar algunos “flecos” para definir si eso se va a ir haciendo de forma progresiva en los próximos tres años.

Por eso ahora este informe calcula el coste real de los servicios y prestaciones que se prestan teniendo en cuenta una de las reivindicaciones de Castilla y León como es la “dispersión geográfica” de la población. Además se ha acordado “priorizar los servicios profesionales, respetando siempre la voluntad de las personas dependientes”, porque “se genera empleo”, argumentó. En este apartado, la consejera recordó que Castilla y León es la comunidad que más empleo crea con “50 empleos por cada millón de euros invertidos”, lo que se traduce en 24.000 puestos de trabajo “generados por la dependencia”.

Según dijo se trata de un informe “extenso” y “técnico”, fruto de “seis meses de trabajo” y “muchas reuniones” y que responde a unoa de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero en el Senado. El objetivo que busca es el de “ser mucho mas eficaces en la gestión de la dependencia y dar una mayor cobertura y un mayor servicio a los ciudadanos beneficiaros”, explicó la consejera. Y es que, según recoge el propio informe en España hay más de 300.000 personas con derecho a recibir la prestación que no la recibe -un 24 por ciento del total- si bien en Castilla y León “eso no es así” porque se ha alcanzado “casi la atención plena” con un 98 por ciento de cobertura, aseguró García al respecto. De igual modo, añadió, la lista de espera en la región es del 1,3 por ciento, “muy por debajo” de la media estatal que es del 24 por ciento.

Con el informe presentado hoy y algunas aportaciones que han realizado Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía en forma de voto particular, la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales va a elaborar un documento final de conclusiones que se elevará al Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que están presenten todas las comunidades autónomas y el Gobierno central. Lo que allí se acuerde se trasladará a su vez al Grupo de Expertos de financiación autonómica para incorporarlo al nuevo modelo en el que se está trabajando.

García destacó que la Comisión ha culminado sus trabajos y, tras diez reuniones desde marzo hasta hoy, ha presentado su informe, que será discutido ante el Consejo Territorial el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y remitido al grupo de trabajo sobre financiación autonómica. En este sentido, García destacó que en el informe se han tenido en cuenta las aportaciones de Castilla y León y ha valorado el consenso alcanzado entre comunidades autónomas y Gobierno.

No obstante, y a pesar de que existe un amplio consenso entre los miembros de la Comisión en la práctica totalidad del informe, García recordó que se ha abierto un plazo de unos días para que se puedan hacer todavía algunas aportaciones a las conclusiones, ya que algunas comunidades autónomas lo solicitaron.

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