Acaip denuncia el «colapso» en las cárceles por falta de 388 funcionarios

El secretario nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Ignacio Hernández, denunció ayer los «graves» problemas que se registran a diario en las ocho cárceles existentes en Castilla y León por el número de presos y la escasez de funcionarios. Los últimos datos aportados por el sindicato mayoritario exponen claramente la situación real. Un total de 4.419 personas están recluidas en las 3.923 plazas que existen en Valladolid, Dueñas, Topas, Burgos, Segovia, Mansilla de las Mulas, Soria y Ávila.

Expuso que el estado de los penales está «al borde del colapso» como consecuencia de la gestión «indecente» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que, a su juicio, ha propiciado el hacinamiento de la población reclusa y la reducción y envejecimiento de las plantillas de funcionarios de las distintas prisiones. En este sentido, el coordinador regional de Acaip, José Antonio Cartón, apuntó que faltan 388 funcionarios en los centros penitenciarios castellanos y leoneses.

Por todo ello, Hernández insistió en la necesidad de convocar «ya» una oferta pública de empleo para cubrir más de 3.500 plazas necesarias para sumar a los 22.000 trabajadores que se encargan de atender las necesidades de las cárceles españolas, ya que aún sigue sin ocuparse «el 15% de vacantes» en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuando además éstas ya fueron «recortadas». En este sentido, comentó que muchas prisiones cuentan con «un solo funcionario» para 80 reclusos, lo que «hace muy difícil» sacar adelante el trabajo tanto de salvaguardar la integridad física y psíquica de los presos como la reinserción.

La masificación de las cárceles, el recorte de las plantillas y el envejecimiento de los trabajadores, con una media de edad de 53,43 años, constituyen «una mezcla explosiva» que «sólo» se puede afrontar gracias «a la profesionalidad y experiencia» de los funcionarios, destacó Jesús Crego, responsable de Acaip en Valladolid, quien fue más allá y detalló que en el penal de Villanubla, con una relación de 286 puestos de trabajo, siguen vacantes 41, para una población reclusa de 500, cuando la capacidad es de 365 presos.

«Estamos hablando de una masificación cercana al 135%», señaló para, a continuación, sostener que esta situación la sufren la mayoría de las prisiones de España y es el origen de las más de 360 agresiones en el último año –2.211 entre 2012-2017–, «casi una diaria», mientras que en los ocho centros penitenciarios de Castilla y León se contabilizaron 40, dos de ellas en Valladolid. Para denunciar esta situación, según avanzó José Antonio Cartón, se va a realizar a finales de agosto 360 donaciones de sangre coincidiendo con la operación retorno.

A esto se une, afirmó Crego, que en los próximos cuatro años las plantillas de las cárceles de Castilla y León podrían verse mermadas en un total de 1.500 efectivos, puesto que «muchos trabajadores» pasarán a segunda actividad, lo que impide seguir con tareas de vigilancia de los internos y reduce su actividad a labores administrativas.

Por centros, el más masificado es Soria. Cuenta con 170 internos, cuando su capacidad está pensada para 98, con lo que la masificación se eleva al 173,46%. La cárcel de Valladolid es la segunda en porcentaje de masificación, un 147,94%, con 540 internos cuando su capacidad es de 365 plazas, seguida de la de Segovia, un 136,91%, 471 presos para 344 plazas, según datos de Acaip.

El centro penitenciario con mayor número de internos es Mansilla de las Mulas, en la provincia leonesa, que cuenta con 1.091 presos cuando su capacidad es de 846, lo que representa una ocupación del 117,93%.

Por debajo de su ocupación se encuentran las prisiones de Topas, en Salamanca, con 850, cuando está preparada para 864, y la de Burgos, que tiene 306 y podría albergar hasta 362.

Según subrayó el secretario del sindicato en Valladolid, la población reclusa se ha reducido en los últimos años, si bien aún hay centros que están «al borde del colapso». En su caso, Villanubla, lo está. Por ello, consideró que se podría descongestionar trasladando internos a centros tipos como son Dueñas, Topas y Mansilla de las Mulas, que reúnen «mejores infraestructuras».

En esta línea se expresó Manuel Salgado, delegado de la agrupación sindical en Valladolid, quien afirmó que la situación en la cárcel vallisoletana «no está descontrolada», pero hay momentos «tensos» debido a la «convivencia dura». «No tener dinero o recibir una mala noticia influye en su estado. Su reacción no es la misma que la de una persona que está en la calle».

Reclamaciones

La problemática que viven los funcionarios de prisiones se expuso ayer en una mesa informativa ante las puertas de la Delegación del Gobierno, donde un grupo de trabajadores dio a conocer su situación y regaló chorizos a los ciudadanos que pasaron por el lugar en el que estaban concentrados.

La primera de sus reivindicaciones es la necesidad de una oferta de empleo público que cubra las necesidades «reales y acuciantes» del Sistema Penitenciario. Además, Ignacio Hernández indicó que es fundamental crear una regulación específica que permita solucionar los problemas del colectivo que son «totalmente diferentes» a los del resto de la Administración. En concreto, reclamó que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad.

En la actualidad no lo son, y cada vez que son agredidos por un interno el acto se refleja en la estadística como una falta, cuando debería calificarse de delito, aseguró el secretario nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. «Esta categoría salvaguardaría nuestra integridad y muchos presos se lo pensarían dos veces a la hora de agredirnos», sentenció.

Volver al Ministerio de Justicia es otra petición. Para Hernández, estar dentro de Interior «contraviene» la normativa internacional relativa al tratamiento humanitario de los internos y la finalidad resocializadora de la labor penitenciaria. La propuesta, dijo, serviría para ganar en independencia respecto a las políticas ajenas a lo penitenciario, que nada tienen que ver con la finalidad constitucional que se establece en el artículo 25.2 de la Constitución.

Otra reclamación es recuperar las pérdidas retributivas y adecuar el marco salarial a las funciones y responsabilidades. Asimismo, exigió retirar la seguridad privada de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios y dotarla «adecuadamente» con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El cierre de solicitudes lo puso una reorganización del centro directivo con el cese del actual equipo, así como garantizar unos sistemas de salud laboral y defensa de los funcionarios en aspectos como, por ejemplo, las agresiones por parte de la población reclusa.