La jueza de Vigilancia visita la cárcel de Dueñas tras la denuncia de Acaip
Pide ver la celda 61 en la que se cometieron supuestas torturas a reos según el sindicato
El presidente de Acaip, José Luis Pascual, en el anuncio de la denuncia.-ICAL
La primera reacción a la denuncia de Acaip contra del director de la prisión de Dueñas por «torturas» llegó a ayer a las 24 horas de las durísimas críticas del presidente del sindicato, José Luis Pascual, contra el staf de la cárcel y la cúpula de Instituciones Penitenciarias.
La jueza de Vigilancia Penitenciaria pidió ayer visitar la prisión y se interesó por la tristemente famosa celda 61, el cubículo sellado en el que «castiga» de forma inhumana, según Acaip, a los reos sospechosos de portar en su intestino sustancias estupefacientes y que permanecen en ella, hasta que realizan sus deposiciones. La celda 61 está conectada al aseo de otra celda de un piso inferior donde las heces se diluyen y se escrutan.
La existencia de este habitáculo que presenta solo una ventana cubierta por una rejilla, que además carece de agua corriente, tiene cegados los desagües de la ducha y el lavabo, y cuenta con dos cámaras de vigilancia, fue el detonante de la explosiva rueda de prensa de Acaip, ya que, agregó Pascual, algunos presos han llegado a estar en observación durante siete días, cuando la normativa refleja su reclusión máxima de 72 horas.
Así que la juez de Vigilancia de Palencia tomó nota y ayer se presentó en la cárcel que dirige Francisco Javier Díez Colado, denunciado por Acaip como presunto autor de un delito de torturas y de rigor innecesario contra los reclusos. No es el único. La denuncia se extiende también al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, «cooperador necesario» de estas acciones, según Acaip.
«La jueza ha estado visitando con el director la celda de ingresos y viendo las cámaras que enfocaban a la celda, aunque no se ha comunicado oficialmente la visita, ni sabemos si ha tomado alguna determinación al respecto», señaló Pascual, quien se mostró satisfecho por este paso. «Lo entendemos como una iniciativa para velar por el cumplimiento de la legalidad en las prisiones y los derechos de los internos. Estamos seguros de su independencia y de que se ceñirá a lo que recoge la normativa: que deben de ser los jueces de Vigilancia los que ordenen la realización de radiografías y no se acuda al uso tan salvaje de las celdas», afirmó.
«Me consta que los internos que han pasado por estas celdas le han ido remitiendo quejas. La Justicia es lenta, pero llega y confiamos en ella», insistió Pascual, quien ya ha pedido amparo al ministro del Interior para impedir posibles represalias laborales contra los funcionarios que denunciaron los hechos.
Instituciones Penitenciarias aseguró ayer que el uso de la celda 61 se realizó respetando la legalidad. «De la investigación no se desprende ninguna actuación de la dirección del centro que no se ajuste a derecho», afirma el departamento de Interior, que recuerda que la celda en cuestión es «similar» a la que existen en otros penales y que su utilización «está regulada por un protocolo que firmó la anterior secretaria Mercedes Gallizo». «La información reservada activada está a la espera de la toma de declaración a los denunciantes y, cuando concluya la información, se adoptarán las decisiones que en derecho procedan», concluye Instituciones Penitenciarias.