Sacyl dedicará 28 millones de euros en tratar a todos los pacientes de hepatitis C
La Junta suministrará desde la próxima semana los fármacos a los 2.300 enfermos menos graves que aún no lo recibían
Antonio María Sáez Aguado saluda a la ministra Dolors Montserrat, justo antes de iniciar el consejo interterritorial.-ICAL
Tratamiento universal. Finalmente el Ministerio de Sanidad cede a las peticiones de los gobiernos autonómicos, liderados por Castilla y León, y aprueba que se amplíe el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C, incluidos los casos menos graves. Eso sí, sin comprometerse aún a poner un sólo euro en el sobrecoste que supone.
La Junta, en cualquier caso, asumirá ese coste que en el caso de Castilla yLeón ascenderá a los 28 millones de euros para tratar con los nuevos medicamentos, que no sólo son efectivos sino que curan al enfermedad, a todos los grados, desde el F0 al F3, menos y más graves, respectivamente.
El consejero del Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, volvió a reclamar en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad «financiación de una forma u otra» para afrontar el coste de los tratamientos contra la hepatitis C, y lamentó que desde el ministerio del ramo no vayan a contar con una partida específica.Lo único que selogró por parte de las comunidades autonómas fue el compromiso de la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, de trasladar la petición al Ministerio de Hacienda.
Será Cristóbal Montoro quien decida si da dinero o si al menos permite que este sobrecoste no compute como déficit, tal y como sucedió en 2015 cuando la Junta ya afrontó en solitario los 56 millones de euros para el tratamiento de los pacientes de los casos más graves.
El consejo interterritorial aprobó el plan estratégico que estará vigente hasta 2020 para asegurar que todos los afectados sean atendidos y que se les trate con los nuevos medicamentos antivirales. En Castilla y León se trataron hasta finales del mes de abril a 3.555 pacientes con hepatitis C y faltaban por atender a otros 2.300 ya diagnosticados pero cuyos casos eran considerados leves porque la enfermedad se encontraba en una fase incial, según explicó el propio consejero.
El precio de dichos fármacos, a pesar de que se ha reducido considerablemente su coste pasando de los 50.000 euros por paciente del principio, se eleva a los 12.000 euros por cada enfermo. Sáez insistió durante la reunión en que el precio de los medicamentos «es un factor importantísimo» en lo que respecta a la sostenibilidad y por ello consideró que es un problema que debe ser abordado en el consejo interterritorial.
Así, recordó que en 2015, la Comunidad no cumplió con el objetivo de déficit precisamente por tener que afrontar el coste de estos medicamentos. Aquel año la decisión de tratar a todos los pacientes de la Comunidad hizo que se invirtiera con este fin una décima del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Por otra parte, quedó pendiente el análisis por parte del grupo de expertos de las estrategias de búsqueda para localizar nuevos casos.
Lo que se está demostrando de nuevo, en palabras de Sáez Aguado, es la necesidad de cambiar ya el actual modelo de financiación autonómica, en general, y de la Sanidad, en particular. «Una vez más se demuestra que no se puede variar sólo por la población», remarcó el consejero.
Sea como fuere, la Junta comenzará a suministrar desde la próxima semana los fármacos a los 2.300 enfermos menos graves que aún no los reciben, tal y como venían reclamando los enfermos a través de recogida de firmas, manifestaciones y una querella ante la Fiscalía.
Además, en el encuentro de Sanidad entre Gobierno y comunidades se acordó la creación de registros autonómicos de personas afectadas por la talidomida. Según indicó Sáez Aguado, comunidades como Andalucía ya cuentan con uno mientras que en Castilla y León se está iniciando el proceso.
De manera que no se sabe cuántas personas puede haber afectadas en la región, aunque en la asociación hay reconocidos alrededor de una veintena de personas. No obstante, todavía no se ha definido un criterio único para realizar la certificación como afectado. El fin último del registro es garantizar que estos pacientes sean recompensados «con el reconocimiento, el apoyo y las ayudas económicas y de otro tipo que merecen».
En lo que se refiere al decreto de troncalidad, hubo acuerdo entorno a la propuesta del Ministerio para que se regulen de manera diferenciada la troncalidad y las especialidades. Hubo además «apoyo generalizado» a que se reactive la creación de la especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia y de genética clínica y también hubo respaldo a la creación de la especialidad de urgencias.