XIII CONGRESO DEL PP
Los ‘populares’ someterán al grupo de las Cortes a la Ley del Alto Cargo
La ponencia política del partido apuesta por la transparencia, el aperturismo y la participación
Reunión del Comité Organizador del XIII Congreso del Partido Popular de Castilla y León.-ICAL
Buenas y peperas intenciones. El PP someterá a su Grupo Parlamentario a la Ley del Alto Cargo, una norma ya aprobada por las Cortes el pasado diciembre que incluía principios de transparencia y regeneración democrática como la limitación de mandatos y la supresión de las incompatibilidades, entre otros, y que ahora pasará también a formar parte del funcionamiento interno del partido bajo la forma de un código ético «de obligado cumplimiento».
Así lo recoge la Ponencia Política y de Reglamento presentada ayer por los populares que se debatirá –y aprobará– el próximo 1 de abril en el Congreso regional. El texto pivota sobre dos ejes principales, la transparencia y el aperturismo, para lograr un lavado de cara del partido, «cuyo marco de funcionamiento y proyecto político deben dar respuesta a la exigencia de mejora de la calidad democrática a través de una mayor transparencia, participación y mecanismos de control», tal y como reza el texto elaborado bajo la coordinación del procurador Alfonso García Vicente.
La ponencia, en origen, iba a estar coordinada por el alcalde de León, Antonio Silván, que finalmente se retiró cuando presentó su precandidatura a la presidencia del PP regional que, finalmente, caerá sobre el regidor salmantino Alfonso Rodríguez Mañueco.
La apuesta de los populares castellanos y leoneses discurre por la senda marcada en el encuentro nacional del partido del pasado febrero y busca predicar con el ejemplo o, por lo menos, intentarlo, «asegurando la ejemplaridad» de los cargos públicos del partido. Para lograr este fin, además del código ético, también plantean crear una Oficina del Cargo Popular, un órgano autónomo que asegure el cumplimiento de las medidas y que estaría compuesto de cinco miembros propuestos por el presidente autonómico y aprobados por el Comité Ejecutivo. Estos integrantes no podrían desempeñar ningún cargo público u orgánico dentro del PP en cualquiera de sus ámbitos.
Además de estas medidas, el documento contempla también una mayor participación de los afiliados en el proyecto del partido, que tiene su traducción en la obligación de los cargos públicos de la Comunidad a comparecer, con una periodicidad mínima semestral, ante las asambleas de afiliados provinciales para dar cuenta de su gestión, seguimiento del programa electoral, ponencias y actividad política.
El texto también impone a la Secretaría General Autonómica que informe anualmente anualmente a la Junta Directiva autonómica sobre el estado del censo del partido con la relación del número de afiliados y simpatizantes desglosado por provincias, así como las altas y bajas producidas durante el año. Asimismo, de forma anual, la Secretaría General autonómica, en colaboración con sus homólogos provinciales, procederá a la revisión de los afiliados que pudieran encontrarse en causa de baja automática, para asegurar que la misma queda reflejada en el censo correspondiente.