La Junta convocará oposiciones «específicas» para discapacitados

La Junta convocará «oposiciones específicas»para personas con discapacidad con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral de este colectivo que, como hasta ahora, seguirá contando con una reserva de plazas del 10% en cualquier oferta pública de empleo de la Administración autonómica (el 2% para candidatos con alguna minusvalía intelectual, tal y como se acordó en los acuerdos del Diálogo Social firmados en enero del año pasado).

Esta «medida muy pionera» es la principal novedad del primer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2016-2020 que ayer aprobó el Consejo de Gobierno y que persigue mejorar las condiciones de vida de los casi 170.000 ciudadanos afectados en Castilla y León, casi la mitad asentados en el medio rural.

Para ello, contará con 752 millones de euros de presupuesto en los próximos cuatro años. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, explicó en rueda de prensa los detalles de este plan, deteniéndose en la ristra de «medidas», «ejes», «herramientas» y «categorías» que lo sustancian. «Supone un nuevo hito en la atención, al pasar de un modelo asistencial a un modelo en clave de derechos basado en las necesidades de cada persona y en su proyecto de vida, todo ello desde una perspectiva integral», declaró García.

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades indicó que el diseño de este plan han contado con la «intensa participación» de las entidades del tercer sector y del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi). Y parafraseando a su presidente, Francisco Sardón, la consejera aseguró que el avance en derechos supone «empoderar» con «mayor autonomía y más vida independiente» a un colectivo que reivindica «oportunidades» para «tomar sus propias decisiones», lo que permite a cualquier persona «equivocarse y poder rectificar».

En ese planteamiento, el acceso a un puesto de trabajo resulta vital para un colectivo que en los últimos años está padeciedo con mayor crueldad los efectos de la crisis económica. «El empleo es el elemento fundamental que sustenta el modelo de atención pactado con Cermi» y «la mejor forma de promover la vida independiente y la integración social de las personas con discapacidad», reza el texto aprobado ayer por el Ejecutivo Autonómico.

Además de las mencionadas «oposiciones específicas», la Junta incentivará «la reserva de contratación de centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, con la reciente incorporación también de los proyectos de inserción sociolaboral y la creación de un Banco de Buenas Prácticas».

«Junto a esto, actuaciones como el fomento del trabajo autónomo y la orientación para la puesta en marcha de proyectos empresariales; el apoyo y fomento de empleo protegido a través de los centros especiales de empleo, así como medidas para la incentivación a la contratación de personas con discapacidad en las empresas del mercado ordinario mediante acciones positivas y de control en materia de reserva de puestos de trabajo, medidas de tránsito de los centros especiales de empleo al mercado ordinario a través de los enclaves laborales, y también actuaciones dirigidas a fomentar el empleo en entidades locales mediante incentivos para la contratación para obras y servicios de interés general», recoge el acuerdo.

Por edades 5.692 personas con discapacidad tienen menos de 19 años, 15.080 entre los 20 y 39, 64.834 entre los 40 y los 64 años y 84.031 más de 65 años. Y el plan estratégico atiende a todos ellos con itinerarios específicos para cada etapa de su vida. Por eso, contempla seis itinerarios vitales, desde la atención a la población infantil de 0 a 6 años, hacia una educación inclusiva, hacia el empleo, hacia una autonomía en el hogar, hacia una participación comunitaria y hacia un envejecimiento activo.

Éste último es novedoso, porque «por vez primera aborda una planificación regional el envejecimiento de las personas con discapacidad», una apuesta importante habida cuenta de que la mitad de las personas con discapacidad en Castilla y León es mayor de 65 años. Este itinerario contempla actuaciones como la adaptación de los programas residenciales al modelo ‘En mi casa’, el desarrollo de programas de apoyo a las personas mayores con hijos con discapacidad, o la realización de viajes el Club de los 60.

Junto a este acuerdo, el Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la modificación de los estatutos del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Esta reforma permite ampliar las competencias de este organismo, dependiente de la Consejería de Sanidad, al sumar ahora la ejecución del programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas. Además, quedarán incorporadas otras actividades como la captación de donantes de médula ósea, el centro de referencia en el estudio de enfermedades transmisibles de donantes de tejidos y órganos, la unidad de terapia celular, la obtención y validación de sangre de cordón umbilical y la constitución de biobancos (de tejidos, de leche materna y de gametos).

También en materia sanitaria, la Junta autorizó la inversión de 1,4 millones de euros para la detección y determinación del virus del papiloma humano, actuaciones que forman parte del Programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello de útero en Castilla y León. Esa cantidad permitirá realizar hasta 99.000 pruebas diagnósticas durante dieciocho meses. Por un lado, para realizar citologías a mujeres de entre 25 y 64 años y, por otro, para facilitar una prueba mediante reactivos de biología molecular consistente en un análisis de ADN para detectar células cancerígenas entre mujeres de entre 35 y 64 años.