El TSJ ‘tumba’ el decreto de centros para mayores al ver fallos formales

Justo un año después de que el Consejo de Gobierno lo aprobase, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores en la Comunidad. El tribunal, que basa su decisión en la ausencia de una memoria económica «imprescindible» y en la «indefinición» de los artículos referidos al personal con el que deben contar los centros, da la razón así a Casa de Beneficencia, una asociación sin ánimo de lucro que cuenta con una residencia para mayores de gestión privada en Valladolid y que interpuso un recurso contra la normativa al considerarla perjudicial para la prestación de sus servicios.

El decreto anulado –que la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puede recurrir en un plazo de diez días– se basaba en un modelo denominado En mi casa que, desde mediados de 2012, se había implantado de forma experimental en alrededor de cien centros de la Comunidad y que buscaba priorizar la autodeterminación, los deseos de los mayores y las relaciones personales, entre otros aspectos, a un enfoque más hospitalario de las residencias.

Para lograrlo, flexibilizaba la cantidad de personal técnico –trabajadores con titulación universitaria como médicos, enfermeros o psicólogos–, dando libertad a cada centro, y apostaba por potenciar el número de profesionales de atención directa –encargados de ayudar a los mayores en situación de dependencia–. Además, introducía la figura del personal de referencia, un cuidador con seis personas a su cargo cuyas tareas fuesen más allá de las asistenciales para convertirse en una figura de apoyo que conociese de una forma más personal a los mayores.

La sentencia del TSJ castellano y leonés entiende esta flexibilidad como una «indefinición injustificada frente a la pormenorizada regulación» contenida en el anterior decreto de 2001. Sin embargo, es en la ausencia de una memoria económica –un estudio de la financiación y repercusión del proyecto en las cuentas de la Comunidad– donde la justicia encuentra el principal fallo del decreto, pese a que este aspecto afectaría sólo a los centros de carácter público, dependientes del presupuesto autonómico.

En las asociaciones de centros para mayores, la sorpresa por la anulación del decreto ha sido evidente. «Respetamos la sentencia, pero no la compartimos», aseguró a este diario el presidente de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Diego Juez, quien explicó que el decreto –en cuya elaboración participó la asociación– estaba consensuado y era una «referencia» para el resto de comunidades autónomas y que, desde su implantación experimental en 2012, los resultados obtenidos por este modelo han sido «muy positivos». «Tendrán sus razones, pero el documento se planeó con miras a la rentabilidad de las empresas y sin que conllevase un aumento desorbitado de personal», señaló Juez para asegurar que el cambio radicaba en el «funcionamiento» de los centros y «no tanto en el número de trabajadores».

En la misma línea se posicionó Jorge Sáinz, presidente de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), quien manifestó que la situación de dependencia de muchos de los mayores de los centros hacía necesario un mayor peso en cuanto a los profesionales de atención directa.

La residencia de mayores de la Casa de la Beneficencia se mostró conforme con el fallo del tribunal. Así lo explicó el presidente de la asociación, Ignacio Serrano, que aseguró que, en su caso, el decreto les obligaba a contratar una cantidad de personal «innecesaria» al estar gran parte de sus mayores en situación de dependencia. «Lo que no vamos a hacer es subir las cuotas –de alrededor de 900 euros mensuales–», apunto para asegurar que, al ser una entidad sin ánimo de lucro, muchas de las personas a las que atienden «no podrían permitírselo».

La consejera asegura que el modelo 'En mi casa' no está en riesgo

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, afirmó ayer que el modelo En mi casa en principio «no está en riesgo» a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además, recordó que con este decreto se atendió una propuesta que contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación en las Cortes, informa Ical.

Por su parte, el portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, calificó de «chapuza al máximo nivel» la anulación. «Es un nuevo varapalo judicial que se haya declarado nulo de pleno derecho», criticó Fernández tras conocer el fallo sobre un decreto aprobado por la Junta el 4 de febrero del 2016. «El Gobierno de Herrera es el de Pepe Gotera Otilio y chapuzas a domicilio», aseveró, en relación a que una norma de la Junta haya sido anulada por los tribunales.

Pablo Fernández calificó de «grave» e «indicativo de la deriva del Gobierno de Herrera» que el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, se dedique a hacer «chanzas, chistes y gracietas» cuando el paro ha subido en 2.841 personas en el mes de enero y el 82% son mujeres o se han perdido 1.148 autónomos en el último año, a la vez que recordó que Castilla y León es la comunidad que más población ha perdido. Respondió así a Sanz Vitorio cuando ayer ironizó con que no sabe si Pablo Fernández saldrá de Vistalegre a «hombros o con rejonazos», a lo que unió que el dirigente morado tiene «futuro en el Club de la Comedia».