Diario de Valladolid

AGRICULTURA

Las Opas piden priorizar a los jóvenes agricultores en los nuevos viñedos

ASAJA, la Alianza y UCCL reclaman cambios en los criterios de adjudicación a favor de los profesionales y que se limiten las hectáreas por expediente

Un viticultor realiza labores de poda en un viñedo del Bierzo.-ICAL

Un viticultor realiza labores de poda en un viñedo del Bierzo.-ICAL

Publicado por
Marisol Calleja

Creado:

Actualizado:

Ha pasado un año desde que entrara en vigor el nuevo sistema de plantaciones de viñedo, y el sector tiene claro que es necesario acometer algunos «cambios». Modificaciones que afectan a los criterios de adjudicación vinculados al régimen de autorizaciones administrativa que se aplica desde enero de 2016. El Ministerio parece abierto a negociar algunas «correcciones», según las Opas, aunque no serían efectivas hasta 2018.

El nuevo sistema establece unos criterios de prioridad para las nuevas plantaciones que no convencen al sector. La preferencia en el primer reparto de autorizaciones es para los jóvenes menores de 40 años y que no tengan viñedo a su nombre, es decir, al nuevo viticultor. De esta forma, según las organizaciones agrarias, se excluye a los jóvenes viticultores que se han dado de alta en los últimos años y a los viticultores profesionales. Una «penalización» que el sector quiere subsanar.

Desde ASAJA, José Ugarrio asegura que desde un principio han criticado unos criterios que consideran «injustos». Con el sistema actual, dice, se está priorizando a favor de personas ajenas al sector agrario «en detrimento de los profesionales y jóvenes viticultores». A juicio de esta organización, se debe beneficiar al joven, «con o sin viñedo», y al agricultor profesional. Además, de limitar las hectáreas por expediente. Una opinión que comparten el resto de las Opas que apuestan por unos criterios más justos en el reparto anual.

Desde la Alianza UPA-COAG, su coordinador regional, Aurelio González, insiste en que debe haber modificaciones en torno al ‘nuevo viticultor’. No entiende que esa figura signifique que no tenga vinculación con el sector. Y es que el sector ha detectado «movimientos especulativos» por parte de personas que no pertenecen al sector en las nuevas autorizaciones, en este primer año de aplicación.

En este sentido, desde UPA-COAG tienen claro que las nuevas plantaciones deben llegar a agricultores profesionales y a pequeñas y medianas explotaciones. Las Opas quieren «corregir» los criterios de prioridad y exigen, como en el caso de COAG, que el solicitante «demuestre su capacidad para llevar la explotación». Aseguran que el criterio actual de ser considerado ‘jefe de explotación’ da vía libre a que «entre cualquiera». Lo más importante, según Santos Calvo, responsable comarcal del sector vitivinícola en la zona de Toro, es que la autorización recaiga en aquellos «que se van a dedicar a la agricultura y no a especular». No quieren, en definitiva, que las nuevas plantaciones vayan a «grandes bodegueros en detrimento de los viticultores de la zona», que es lo temen ahora.

En cuanto al número de hectáreas autorizadas, el sector pide una limitación por expediente en función del tamaño de la explotación o de la «media de la zona». Y es que en la actualidad no existe limitación en cuanto a la superficie a solicitar, ni máxima ni mínima, ni se limita el número de solicitudes.

Desde la Unión de Uniones, su coordinador estatal, José Manuel de las Heras, aboga por topes de diez hectáreas para que «se de cabida a más gente». Esta organización mantiene que no se puede castigar a los profesionales de más de 40 años, impidiendo que amplíen su plantación. Por eso creen que ser joven no debe ser un criterio «exclusivo».

Desde enero de 2016, los viticultores o bodegas que quieran plantar viñedo lo podrán hacer de tres formas: mediante la conversión de los derechos vigentes hasta 2020 en autorizaciones de plantación; arrancando viñedo viejo propio para obtener la autorización; o con la obtención de nuevas autorizaciones otorgadas por el Ministerio.

El sector ha mantenido ya varias reuniones de trabajo con el Ministerio en las que se ha analizado el nuevo régimen de autorizaciones, los criterios, y se ha presentado también la propuesta relativa a la aplicación de este régimen en 2017, que no ha gustado a las organizaciones agrarias.

El Mapama ha propuesto para el próximo año poner a disposición de los agricultores una superficie de nuevas plantaciones de 9.500 hectáreas, es decir, el 1% del potencial vitivinícola español a 31 de julio de 2016, el máximo que se permite. El sector no ve «prudente» este planetamiento. De hecho, desde la Interprofesional del Vino se ha reaccionado ya recomendando que la superficie que se conceda para autorizaciones en la campaña actual 2016-2017 fije una superficie «similar» a la establecida en la campaña anterior, 4.173 hectáreas (un 0,43%), «sin perjuicio de que se respeten las recomendaciones que se lleven a cabo en las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas». En este caso, la DO Ribera del Duero ha limitado la superficie disponible en 2017 a 500 hectáreas, mientras que la DORueda lo hace en 68 hectáreas. Recomendaciones que todo apunta van a ser estimadas.

Las organizaciones agrarias han reaccionado con «cautela» a este reparto. «Cuantas más plantaciones se autoricen, más problemas habrá a la hora de vender», asegura el coordinador regional de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, que abogar por evitar un «exceso de oferta». Por eso, de forma general, junto al resto de Opas defienden que este año no se llegue al 1% en el porcentaje de autorizaciones, como plantea el Ministerio. La propuesta definitiva se publicará en el BOE antes del uno de febrero, aunque se confía, como apunta José Ugarrío, de ASAJA, que el Mapama acepte la recomendación del sector.

Actualmente se ha abierto un periodo de alegaciones, según la normativa europea. Proceso en el que participan las organizaciones, las comunidades autónomas y entidades afectadas

Castilla y León fue en 2016 la segunda comunidad autónoma en número de asignaciones, con 955 hectáreas del total, de las 2.545 solicitadas, tras Castilla-La Mancha, con 1.718 hectáreas autorizadas, según datos del Ministerio. Desde las Opas se apuesta por que el número de hectáreas autorizadas sea «las mínimas», ya que recuerdan que los antiguos derechos no han caducado y hay que reconvertirlos, lo que supondría incrementar el potencial vitivinícola español.

La Comunidad recibió el pasado año 25 expedientes de solicitud de arraque de viñedo con una cantidad total de 50 hectareas.

La superficie actual de viñedo se eleva a las 75.000 hectáreas en la región, de las cuales 65.000 están adscritas a alguna Denominación de Origen. El valor económico del sector es innegable y se traduce en un volumen de negocio que alcanza los 850 millones de euros y 19.000 empleos. De ellos, 15.700 corresponden a viticultores y 3.300 son trabajadores asociados a bodegas, según datos de Agricultura.

tracking