Cuentas critica la falta de cláusulas sociales en los contratos de la Junta
Un informe admite que cumple con la legalidad, excepto en publicidad y transparencia
El Consejo de Cuentas entregó ayer en las Cortes de Castilla y León el informe sobre ‘La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma’ correspondiente a 2014, tras su aprobación en sesión plenaria, en el que se pone de manifiesto que la Junta «cumple razonablemente» con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan básicamente al principio de publicidad y de transparencia.
No obstante, se denuncia que los órganos de contratación realizan un escaso cumplimiento del acuerdo de la Junta por el que se aprueban directrices vinculantes sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, al no ser estas introducidas regularmente en los pliegos, ni justificar en los expedientes la imposibilidad de hacerlo por la naturaleza del contrato.
Según la información proveniente del Registro Público de Contratos de la Administración de Castilla y León y de los órganos de contratación, el Consejo de Cuentas considera que la Junta, excluyendo la contratación menor, adjudicó en 2014 un total de 2.463 contratos por importe conjunto de 566 millones de euros.
Con carácter general, el Consejo de Cuentas resalta que no existieron limitaciones al alcance de la fiscalización, aunque puntualiza que, a pesar de la petición, la Consejería de Economía y Hacienda no habilitó el acceso telemático al sistema Duero.
En el informe, en el que se seleccionó una muestra de 70 contratos, con un importe adjudicado de 141 millones euros, que representa un 25% del importe total adjudicado en el ejercicio 2014, también se pone de manifiesto el cumplimiento del inicio en la tramitación de los procedimientos abiertos, aunque el Consejo entiende que en cuatro contratos de la muestra no se justifica suficientemente su tramitación por el procedimiento de urgencia. En dos contrataciones existían defectos en la orden de inicio del expediente y en otra había deficiencias, informa Ical.
FISCALIZACIÓN
El Consejo de Cuentas de Castilla y León remitió para su aprobación a las Cortes regionales el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) para 2017, una vez acordado por el Pleno de la institución.
Actualmente está en curso la fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía y se mantiene la referida a los sistemas de adquisición de material sanitario en la atención especializada. En 2017, se incluye como novedad la gestión del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.
Otras de las novedades será la fiscalización de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Por otra parte, se incluye un informe separado del relativo a la Cuenta General de la Comunidad, de forma que pueda realizarse un análisis más exhaustivo de los riesgos contraídos y de su forma de gestión.
En cuanto a las fiscalizaciones en coordinación con el Tribunal de Cuentas, como las últimas realizadas sobre las universidades públicas o las encomiendas de gestión, se introduce una referida a los procesos de extinción de entidades de la Comunidad como consecuencia de la reestructuración de su sector público.