Maniobra de Gago para estar libre en Navidad pese a la orden del TSJ

El TSJordenó ayer el ingreso inmediato en prisión de Raquel Gago, pero ni con esas. En una nueva maniobra, su defensa trata de que la policía local condenada a 14 años por el asesinato de Isabel Carrasco permanezca libre en Navidad, pese a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El abogado de la policía local, Fermín Guerrero, pide ahora «al menos diez días para el ingreso voluntario en prisión», y alude a que en este plazo solicitará el indulto al Gobierno y «la suspensión de la ejecución de la sentencia» hasta que se tramite dicho indulto.

El abogado presentó ayer un escrito ante la Audiencia Provincial de León, horas después de que el TSJ le notificara que su defendida debía ingresar en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas a lo largo del día de ayer.

Este escrito no es ni siquiera un recurso de súplica no devolutivo, que es lo único que cabría contra esta orden. Incluso aunque la defensa lo presentara, no supondría la paralización de la orden del ingreso en prisión de Raquel Gago.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal, presidida por José Luis Concepción, emitió un auto con mandamiento judicial por el que enviaba a la cárcel a la única de las tres condenadas por el crimen que aún permanecía en libertad provisional, a pesar de las sentencias en su contra.

El ingreso de Gago en un centro penitenciario tiene carácter voluntario e inmediato y en su ejecución no interfiere esta última maniobra del letrado, según fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico.

Tanto es así que, según confirmaron desde la propia Policía, varios agentes se personaron minutos después de tener la notificación en el domicilio de la policía local en Eras de Renueva de la capital leonesa, donde comprobaron que no se encontraba en el lugar. Su procurador Enrique Valdeón confirmó que estaba en Madrid.

MANDAMIENTO JUDICIAL

A media mañana, las partes personadas en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas y la Policía Nacional recibieron el mandamiento judicial de encarcelamiento sobre Raquel Gago, que lleva en la calle casi dos años.

Pese a lo dictado por el TSJ, la realidad es que al cierre de esta edición, la condenada como cómplice del asesinato de la política leonesa todavía no se había presentado en Mansilla de las Mulas, según confirmó también su procurador.

En el documento de dos folios entregado a la Audiencia, la defensa asegura que la orden de que la Policía Nacional detuviera «de inmediato» a su defendida supone una «discriminación absoluta», en relación a la situación de otros condenados, en lo que considera «situaciones idénticas o similares», y una «violación de los de los más elementales derechos constitucionales». Por esto, sostiene que se le debe concede «un plazo normal».

Guerrero incide en que a su representada se le ha tratado «de forma manifiestamente injusta y discriminatoria».

La Audiencia deberá decidir ahora sobre la solicitud de la defensa, aunque fuentes judiciales explicaron a este diario que lo más razonable sería que remitiera el escrito a la Sala que acordó la entrada en la cárcel –el TSJ–, toda vez que el viernes el magistrado-presidente del jurado, Carlos Álvarez, se declaró incompetente para saber si Raquel Gago debía ingresar o no en prisión.

En contra de la dilatación del tiempo de la condenada en libertad que provocó el juez de la Audiencia al rehusar tomar la decisión, el Tribunal Superior de Justicia volvió a dar un nuevo varapalo ayer a este magistrado al actuar con diligencia, a la vista del avance de la resolución del Supremo que elevó la condena de la policía local a catorce años.

En ese fallo comunicado el jueves, el Supremo sumó el delito de tenencia ilícita de armas a la pena de 12 años que le impuso el TSJ como cómplice de asesinato en concurso de atentado, junto a su amiga Triana Martínez (condenada a 20 años como cooperadora necesaria) y a la madre de ésta y asesina confesa, Montserrat González, sobre la que pesa una condena de 22 años.

Ambas cumplen condena en la cárcel vallisoletana de Villanubla.

El TSJ tomó la decisión de enviar a Gago a la cárcel apenas tres días después que el magistrado Carlos Álvarez se empecinara en no hacerlo él, a pesar de que el Supremo le adelantara el fallo y le indicara que la competencia de determinar el ingreso correspondía a la Sala de la Audiencia que preside.

Álvarez aseguró que esta responsabilidad correspondía al TSJ y se escudó en lo que llamó «incompetencia funcional» hasta que la sentencia fuera firme.

El magistrado-presidente del jurado no tuvo en cuenta ni la petición del fiscal jefe de León, Emilio Fernández, ni las acusaciones particulares, que coincidían en señalar el «riesgo de fuga».

El juez Carlos Álvarez ya protagonizó varios episodios insólitos de este proceso al desautorizar al jurado, apartarse de su veredicto, ‘salvar’ así parcialmente a Raquel Gago al reducir su condena de cómplice a encubridora, y dejarla en libertad provisional.

El aumento de condena a catorce años que le impuso a Gago el Supremo supuso la segunda vez que un Alto Tribunal enmendó al magistrado.

Antes lo hizo el propio TSJ cuando, estimando el recurso de la Fiscalía, rechazó la condena de sólo cinco años que el magistrado Álvarez pretendía y la aumentó a otros doce años al considerarla cómplice de asesinato, atendiendo a lo que estipuló el propio jurado popular tras su deliberación.

Este tribunal entendió que Gago «contribuyó a causar la muerte de Isabel Carrasco».