El voto de C’s salva la ley de protección al funcionario denunciante

El voto favorable de Ciudadanos permitió ayer sacar adelante la ley que ofrece garantías a los empleados públicos que denuncien presuntos casos de corrupción en la Administración. El resto de la oposición dio la espalda a la norma propuesta por considerar que la inclusión de un artículo que fija como falta grave una denuncia falsa supone una amenaza que hace que, según los socialistas, la ley nazca «muerta».

El vicepresidente y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, fue el encargado de presentar una ley pionera en España. Solo en Aragón se está tramitando el Estatuto del Denunciante. En defensa del artículo rechazado por la oposición, De Santiago-Juárez explicó que dicho estatuto aragonés prevé incluso consecuencias penales para las denuncias falsas, a lo que no se llega en el caso de Castilla y León.

De Santiago-Juárez recordó que la norma nace como consecuencia de una propuesta de Ciudadanos, ya que no estaba en el programa electoral del Partido Popular. La nueva norma supone, según el consejero, una avance en el proceso de regeneración democrática.

De todas formas, para la aprobación definitiva de la propuesta el Grupo Popular tuvo que aceptar tres enmiendas de Ciudadanos. Todas las del resto de la oposición fueron rechazadas.

Los cambios introducidos por Ciudadanos permiten que la protección, inicialmente prevista solo para los funcionarios, se amplíe al personal laboral y que aumente el tiempo de protección a los denunciantes a un año después de que haya una resolución del órgano que corresponda, que puede ser la Inspección General, la Fiscalía, si decide archivar la denuncia, o el juzgado correspondiente. La tercera enmienda que el PP aceptó de Ciudadanos obliga a que el inicio de una información reservada se comunique al Comisionado de la Transparencia, función asumida por el Procurador del Común.

Mientras el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, mostró su satisfacción por la aprobación de la norma, de la que espera que los «corruptos duerman menos tranquilos y los empleados públicos más tranquilos», la oposición consideró que la ley «nace muerta», en palabras del socialista Luis Briones, que también reprochó a Ciudadanos haber traicionado a su propia propuesta con las cesiones. A juicio del procurador del PSOE, la inclusión de la falta grave para los casos de denuncias falsas más que una garantía supone «una amenaza».

Es una argumento en el que también coincidieron Podemos, Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés. El portavoz del Partido Popular, Juan José Sanz Vitorio, negó que la inclusión de la falta grave para las denuncias falsas suponga un motivo para que los empleados públicos no informen de situaciones que consideren irregulares, recriminando la actitud de la oposición, de la que insinuó que podría llegar a hacer suponer una intención de que alguien instigue a funcionarios para presentar denuncias falsas, aunque matizó que él realmente no pensaba que fuera esa su intención.

No fue la única crítica al texto aprobado ayer. Luis Mariano Santos, de UPL, pidió un mayor tiempo de protección para los denunciantes así como, entre otras cosas, la creación de una Comisión de Garantías del Servidor Público Aclaró que el rechazo a sus enmiendas le obligaba a votar en contra.

Fue similar la actitud de los socialistas, Podemos e Izquierda Unida, ya que todos consideraron que la idea de establecer garantías a los denunciantes mediante una ley les parece adecuada, pero no comparten la forma en que se ha articulado. El socialista Luis Briones tenía entre sus enmiendas la propuesta de que fuera el Comisionado de la Transparencia el que se encargara de la investigación de las denuncias. José Sarrión, de Izquierda Unida, se manifiesto en la misma dirección y optó por un control por parte del Comisionado de la Transparencia y no por la Junta. Al respecto se preguntó:«¿Quién vigila al vigilante?». El procurador del Grupo Mixto llegó a calificar la norma como «segunda ley mordaza».

Por su parte, la representante de Podemos Natalia del Barrio mostró su decepción por el resultado de una ley con cuyo espíritu su grupo estaba inicialmente de acuerdo. Sobre la inclusión de la falta grave por denuncia falsa, afirmó que es una doble persecución, puesto que ya está en el Código Penal.

Se abre el diálogo para cambiar la ley electoral

Las Cortes aprobaron por unanimidad la toma en consideración de la proposición del ley presentada por Ciudadanos para la reforma de la ley electoral, vigente desde el año 1987. El consenso se centra en la necesidad de adaptar la normativa a los tiempos actuales, pero el debate sobre el texto de la reforma se prevé duro, a tenor de las opiniones vertidas ayer por los representantes de los partidos políticos. Ciudadanos realizaba una serie de propuestas, como la obligatoriedad de las primarias, acortar la campaña electoral, reducir las subvenciones por los resultados electorales, reducir gastos y, entre otras, permitir la sustitución temporal de los procuradores. Sobre muy pocos puntos de los citados existe acuerdo o al menos hay dudas sobre las competencias de la Comunidad, caso del Partido Popular, que anunció que pedirá un informe jurídico. A pesar de los peros, Ciudadanos mostró su satisfacción, ya que declaró que su objetivo no es sacar adelante sus propuestas sino abrir el debate.

Un pleno en el que el consenso gana hasta por error 

El consenso se convirtió ayer en protagonista del Pleno de las Cortes, que aprobaron por unanimidad una moción socialista sobre infraestructuras y cuatro puntos de otra de Podemos sobre política cultural. No hubo más mociones. Entre las proposiciones no de ley, de las cinco sobre las que se votó, cuatro se aprobaron por unanimidad –sobre el sistema de Garantía Juvenil, la autovía A-60, sobre el acceso a internet y en relación a la concentración parcelaria–. La quinta, una socialista reclamando a la Junta que envíe a las Cortes antes de un mes los proyectos del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, pasó el corte por un solo voto. Toda la oposición estaba de acuerdo, pero sus 42 votos no habrían servido si a ellos no se les hubiese sumado otro del Partido Popular. El resultado fue un inesperado 43 contra 41, posible debido al error que cometió el alcalde de Bembibre, José Manuel Otero, que involuntariamente rompió la disciplina de voto al apretar sin darse cuenta al botón del sí en lugar de el del no.

Otros acuerdos

Universidad. El Pleno eligió ayer a sus representantes en los consejos sociales de las universidades públicas, todos propuestos por PP o PSOE. Para Burgos, Ernesto Antolín, Jorge Villaverde (propuestos por el PP) y Octavio Granado (a propuesta del PSOE); para León, Ana Díaz-Rincón (PP), Manuel Suárez (PP) y Josefa Díaz-Caneja (PSOE); para Salamanca, María Eugenia Bueno (PP), Manuel Bruno (PP) y Cipriano González (PSOE); y para Valladolid, Alfonso Jiménez (PP), Carlos Aganzo (PP) y César Milano (PSOE).

Garantía Juvenil. Los grupos consensuaron una proposición no de ley en la que se insta a la Junta de Castilla y León a mejorar el Sistema de Garantía Juvenil y, entre otras cosas, ofrecer a los inscritos empleo o formación en cuatro meses.