Suárez-Quiñones aboga por gravar el “daño ambiental” con una fiscalidad adecuada
La Fundación Gas Natural, que organiza el seminario 'Los impuestos de la energía', recuerda que una transición energética requiere de tiempo y recursos
El director general de la Fundación Fenosa Gas Natural,Martí Solá; el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Gas Natural en Castilla y León, Juan Antonio Pazos Arranz, en la inauguración del Seminario 'Los impuestos d-ICAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, abogó hoy en Valladolid durante la inauguración del seminario 'Los impuestos de la energía', organizado por la Fundación Gas Natural, por identificar el “daño ambiental” para posteriormente gravarlo con una fiscalidad adecuada. “Hay que llevar esa fiscalidad donde se produzca ese daño ambiental”, rubricó.
En el mismo marco, defendió el “carácter finalista” de los impuestos de la energía para que esa recaudación sirva para modificar los objetivos medioambientales y no tenga como destino la “caja común”.
El director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, aseguró, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la solución para combinar, de manera adecuada, los impuestos y la energía es difícil y aún no se ha encontrado. En todo caso, afirmó que una transición energética requiere de tiempo y recursos. Fue entonces cuando apuntó que el déficit de tarifa existente en España es consecuencia de una planificación “inadecuada” que ha primado unas energías sobre otras, con unos costes elevados que van directamente a la tarifa y, por tanto, repercute de forma negativa en la competitividad empresarial.
Energías fotovoltaicas
El asesor ejecutivo de la Fundación Gas Natural Fenosa, Manuel Ludevid, indicó en este asunto al comentar que el déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros, está relacionado con las subvenciones que recibieron las energías fotovoltaicas. “No hubo sentido de oportunidad política y se dijo que ya se encontraría una salida”, explicó.
Ludevid reconoció que los impuestos de la energía afectan a las cuentas de resultados de empresas con un elevado consumo como es el sector papelero. Todo ello en un escenario de alta competitividad con países que tienen acceso a una energía más barata.
Solà apuntó que el momento actual de transición energética requiere abordar estos asuntos con un “rigor elevado” para que los precios de la energía sean competitivos para compañías y consumidores domésticos, claves para generar actividad económica en Castilla y León y España.
Suárez-Quiñones abogó por reducir los impuestos a la energía a unos “márgenes normales”, aunque el déficit de tarifa complica lograr ese equilibrio. “Hay que evitar que una elevada fiscalidad sea una pérdida de competitividad para las empresas por los costes y un mejor acceso de los ciudadanos a la energía, sobre todo los que tienen más dificultades”, precisó.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente aprovechó la inauguración de la jornada para valorar la importancia de garantizar el suministro de energía, moderar los costes que afectan, sobre todo, a las personas con menos recursos económicos, y dar pasos en la sostenibilidad medio ambiental gracias a la fiscalidad. Eso sí, advirtió que una elevada fiscalidad puede ser un elemento de “distorsión” y frenar la competitividad de las empresas.
También recordó la necesidad de garantizar la unidad de mercado con la armonización de los impuestos entre comunidades autónomas así como revisar o eliminar algún déficit de políticas sociales para que, posteriormente, redunde en el precio tarifa.
Carbón nacional
Además, mencionó la defensa del carbón nacional que tiene un peso importante en Castilla y León. En ese sentido, apuntó que las negociaciones con las eléctricas propietarias de las centrales térmicas “van por buen camino” para reanudar la compra de carbón de las comarcas mineras de la Comunidad. “Somos conscientes que no van a recuperar los niveles de producción de hace unos años pero necesitamos que el sector se mantenga”, precisó.
El seminario, que contó con la asistencia de un centenar de personas, comenzó con la exposición del senior manager de Strategy en PricewaterhouseCoopers, Gerardo Fernández, quien recordó que el consumido doméstico español paga un 8 por ciento más que la media de los países europeos, un porcentaje que aumenta hasta el 20 por ciento con la corrección con la paridad del poder adquisitivo.
Cargas fiscales y parafiscales
Fernández detalló los cargos que incluye una factura eléctrica, donde las cargas fiscales y parafiscales copan la mitad. Es decir, el 35 por ciento corresponde al coste de producción en el mercado eléctrico y otro 20 por ciento procede del coste de las redes (transporte y distribución). Centró su intervención en los costes de la política energética y social, como el complemento de las energías renovables.
“Estamos obligados a cumplir los objetivos europeos para llegar al 20 por ciento de energías renovables en 2020. Son objetivos transversales con los que deben cargar los consumidores en su factura eléctrica”, aseveró. Gerardo Fernández demandó un detalle de las tarifa de redes, el coste del servicio público de energía y los sobrecostes del sistema. Puso el ejemplo de Francia, donde las llamadas políticas sociales, donde se incluye el bono social, han pasado a financiarse con los Presupuestos Generales del Estado. “Puede ser una vía para España”, apuntó.