«La autoridades nacionales han seguido la política del avestruz»

Contundente. «En los países productores de la UE, la reestructuración se ha llevado a cabo a menudo en respuesta a situaciones de crisis, sin compromisos políticos adecuados». Este tirón de orejas a las autoridades nacionales lleva al CES europeo a lamentar que, «salvo algunas excepciones, las autoridades competentes europeas y nacionales han seguido hasta ahora una política de avestruz».

Dumitru Fornea no cita ni la identidad de a los que acusa ni las excepciones a lo que sugiere como se comportan como una regla general. Pero sí denuncia que quienes han tomado decisiones por acción u omisión lo han hecho evitando el diálogo «cívico y social» con los trabajadores y ciudadanos de las comunidades mineras.

Constata que las «promesas políticas populistas» de anteriores reestructuraciones no se tradujeron en medidas concretas para la reconversión económica de estas comunidades.

Y advierte de que esa actitud institucional del pasado se ha convertido hoy «en un mayor grado de desconfianza de los trabajadores» en la capacidad de las autoridades «para abordar eficazmente los procesos de reestructuración industrial».

Ese contexto lleva al CESeuropeo a sentenciar que los gobiernos de la UE y los nacionales mantienen «un escaso grado de empatía y una verdadera falta de comprensión de los problemas que afrontan las cuencas mineras».

La falta de rédito electoral es, a juicio del Consejo que preside Georges Dassis, la causa de que los responsables políticos de las regiones cuya industria del carbón «se encuentra en un doloroso proceso de reestructuración» eviten afrontar la situación. Sobre todo, porque la transición hacia otro modelo ni aporta rentabilidad electoral inmediata ni es popular y encima «necesita décadas para producir resultados».

No obstante, el dictamen «salva» de la responsabilidad, también sin citar, a algunos «entes locales» porque «carecen de la capacidad financiera y administrativa necesaria para emprender proyectos y gestionarlos de conformidad con los requisitos de la CE y las autoridades nacionales», motivo por el cual los resultados para los habitantes de las comunidades mineras son «bastante limitados».

De ahí, que este organismo reclame «ayudas para aquellas regiones que padecen las consecuencias de las transformaciones estructurales; es decir, las cuencas mineras», por más que el CES aboga más por las ayudas nacionales.

El informe ve inevitable el cierre definitivo de la minería y pide que, «incluso en las regiones que, según las perspectivas más a largo plazo, sigan extrayendo carbón, «se ha de dar prioridad a la preparación para el cierre de las minas y la reestructuración regional».

Como arranca el dictamen, el sistema energético europeo va a sufrir, está sufriendo ya, profundas transformaciones, que afectan y mucho al carbón, a pesar de su «papel estabilizador».