CONSEJO DE GOBIERNO
La representatividad de las organizaciones agrarias deberá dilucidarse en las urnas
La condición de más representativa se gana con un 20% de votos en las provincias y un 15% en la Comunidad
Las organizaciones agrarias deberán ganarse su carácter de representativas en las instituciones voto a voto en las urnas. La Junta de Castilla y León aprobó ayer el decreto que regula el procedimiento de evaluación, que supone un cambio importante. Los interlocutores de la Administración pasan a ser elegidos directamente por los profesionales y las empresas agrarias, frente al modelo actual en el que la elección es indirecta.
El Consejo de Gobierno hace así efectivo el cambio que ya había anunciado la Consejería de Agricultura tras consultas con el sector. Una vez aprobado el decreto, las primeras votaciones se celebrarán el próximo año y el proceso se repetirá cada cinco. Los electores serán las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social como consecuencia de sus actividades agrarias y las personas jurídicas que ejerzan de forma directa la actividad agraria contemplada en su objeto social.
Los votantes podrán acudir a las urnas el día de las elecciones, controladas por electores elegidos por sorteo, o también de forma anticipada al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de su provincia.
El elector votará a organizaciones y no a personas. Se reconocerá la condición de organizaciones profesionales agrarias más representativas en cada provincia a las que hayan obtenido al menos un 20% de los votos en ese territorio. Para ser organización más representativa en el ámbito regional, se necesita un 15% de los votos.
Antes de la celebración de las elecciones deberá fijarse el número de mesas electorales y sus lugares de ubicación en toda la Comunidad Autónoma. La Junta se compromete a fijar el número de mesas que más facilite la participación. Las votaciones provinciales y en la Comunidad se desarrollarán de forma simultánea.
La Junta de Castilla y León será la que se encargue de convocar el proceso electoral cada cinco años. Se constituirá una comisión por cada provincia y una central en las que estarán representadas las organizaciones agrarias. Estas comisiones serán las encargadas de garantizar «la transparencia y el trabajo colaborativo en el desarrollo del procedimiento», tal y como explicó ayer la vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón.
El decreto aprobado ayer desarrolla el procedimiento de evaluación de representatividad contemplado en el artículo 177 de la Ley Agraria de Castilla y León.