La Junta envía a las Cortes la ley que regula la limitación de mandatos en las instituciones autonómicas

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de Castilla y León en el que se regula la limitación de mandatos para las presidencias de las instituciones autonómicas y se endurecen las incompatibilidades y las denominadas ‘puertas giratorias’, junto a la inclusión de un régimen sancionador en caso de infracción. Además, los consejeros estarán obligados a comparecer en las Cortes en el ecuador de su gestión para hacer balance.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, resaltó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que es una ley “muy novedosa” en la que se pone “negro sobre blanco” las demandas de la sociedad en materia de regeneración y calidad democrática y recalcó que va más allá del acuerdo de gobernabilidad firmado por Ciudadanos hace un año.

De Santiago-Juárez defendió que, con esta ley sectorial, se adelantan a la reforma del Estatuto de Autonomía, cuyo grupo negociador se emplazó tras las elecciones, al regular materias como la limitación de mandatos a ocho años de los presidentes de la Junta, Cortes e instituciones propias de la Comunidad (CES, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Procurador del Común), que se prevé incorporar a la revisión estatutaria, como se recogió en el pacto del 22 de julio entre Herrera y los grupos parlamentarios.

Explicó el consejero que con esta norma se atienden las demandas de la sociedad en regeneración y calidad democrática, se cumple con el programa electoral del Partido Popular de mayo de 2015, se ratifica el compromiso de investidura del presidente de la Junta y se avanza en el acuerdo firmado con Ciudadanos hace un año y el pacto de Herrera con todos los grupos de las Cortes -excepto el Mixto- para la reforma del Estatuto de Autonomía.

El proyecto de ley se envía a las Cortes sin ‘líneas rojas’, en relación a la negociación y diferencias con alguno de los grupos como el momento en que se debe producir el cese de un alto cargo si cuando se le investiga o imputa o cuando se le abre juicio oral, y con la esperanza de contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas que consideren necesaria esta ley, argumentó el consejero.

El texto pasó por el Consejo de la Función Pública, donde sólo recibió el voto en contra de CSIF, y se aceptó una de las recomendaciones del Consejo Consultivo en relación a reducir de 20 a siete días el plazo para que la Inspección General de Servicios de la Junta redacte el informe sobre la compatibilidad de la actividad a realizar.

Regeneración democrática

La norma incluye la limitación de mandatos a ocho años para las presidencias de la Junta, Cortes e instituciones propias de la Comunidad, pero también para los consejeros que no podrán estar más de dos legislaturas en el mismo departamento. Además, los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán ser funcionarios de carrera del subgrupo A1 de cualquier administración pública o grupo equivalente.

En el plazo de dos meses desde el día de su toma de posesión y, en todo caso, en ese mismo plazo desde el día en que comience cada legislatura, los altos cargos deberán presentar ante la Inspección General de Servicios, entre otros documentos, que no están incursos en ninguna causa de incompatibilidad, la declaración de actividades, la notarial de sus bienes y la certificación de la Agencia Tributaria.

El ejercicio de alto cargo no será compatible con ser parlamentario autonómico o miembro de las corporaciones locales, pero si podrá tener una actividad de producción o creación literaria o técnica, asistencia ocasional a seminarios o conferencias o el ejercicio de funciones en un partido político, siempre que no perciba ninguna retribución por ello, excepto las dietas.

Entre las causas de cese, estarán cuando sean condenados por sentencia firme por la comisión de delitos contra la administración pública o cuando se acuerde la apertura de juicio oral, punto éste en el que ha discrepado Ciudadanos, partidario de dejar los puestos cuando un responsable público sea imputado o investigado. De Santiago-Juárez no entró en esa diferencia con el partido que facilitó la investidura de Herrera y se centró en que adelantan la aprobación del proyecto de ley, cuando “lo fácil era refugiarse en la reforma del Estatuto”.

Durante los dos años siguientes al cese o despido, un alto cargo no podrá prestar sus servicios en entidades privadas que hubieran sido afectadas por las decisiones en las que pudo participar directa o indirectamente. Sin embargo, los altos cargos que tras su cese se incorporen a una empresa privada en la que hubieran trabajado antes de su nombramiento no estarán afectados por la limitación de dos años.

La norma recoge un régimen sancionador y por infracciones muy graves -omisión de algún dato de la declaración o incumplir el código ético- se prevé el cese o despido del cargo, la obligación de restituir los beneficios percibidos de manera indebida y la imposibilidad de ser alto cargo en un periodo de entre cinco y diez años.

Participación y debates

En el apartado de participación se recoge la obligación por ley de que los consejeros comparezcan en las Cortes en el ecuador del mandato para hacer un balance y dar cuenta del grado de cumplimiento del programa electoral. Se introduce también la celebración de dos debates electorales entre los candidatos a la Presidencia de la Junta con grupo propio en las Cortes.

“En política lo ideal es adelantarse a los cambios de la sociedad, pero a veces eso no se consigue”, respondió el consejero en relación a por qué no hubo debates en la campaña electoral de hace un año si se está a favor y va en el programa electoral. “Hay que adelantarse al ruido social, pero a veces no es posible”, aseveró, para añadir que la pregunta puede servir para otros contenidos de la norma.

Igualmente, se reduce el número de firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular que pasará del actual uno por ciento (20.000 firmas) al 0,75 por ciento (15.000) del censo autonómico vigente.

Por otro lado, se modifica la ley electoral para que un alcalde o concejal de una población de más de 20.000 habitantes no pueda ser procurador y la ley de la Función Pública para la reserva del puesto cuando se está en situación de servicios especiales si se ha obtenido por concurso, pero no si se ejercía por libre designación.