Los sindicatos insisten en el blindaje contra las deslocalizaciones y la Junta recuerda cuatro medidas "novedosas" para los trabajadores

Los sindicatos quieren que el protocolo para actuar contra las deslocalizaciones de empresas en Castilla y León esté blindado por ley, mientras que la Junta, que ve dudas legales, recuerda las cuatro novedosas medidas para los trabajadores ya en marcha, entre ellas el fomento para la creación de empresas de economía social. Además, CCOO y UGT se mostraron hoy optimistas en convencer a Lactalis de mantener Lauki en Valladolid ante el riesgo de que un cierre fraudulento acabe en los tribunales.

Junta, sindicatos y Cecale repasaron hoy, durante la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, las medidas recogidas en la Estrategia Integrada de Empleo, donde figuran ocho específicas, por importe de 12 millones de euros, cuatro de ellas “novedosas” para los trabajadores, y acordaron reforzar la Fundación Anclaje para que se cuente con un protocolo de actuación en los casos de deslocalización de empresas.

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, explicó que ese protocolo de actuación deberá recoger cómo revertir la situación, proponer alternativas en caso de llegar al cierre, ve su significado, involucrar a todas las instituciones y a las empresas, habilitar planes industriales y estar al lado de la parte social.

Los ‘números dos’ de CCOO, Vicente Andrés, y de UGT, Evelio Ángulo, remarcaron la necesidad de que el protocolo para ver cómo tienen que proceder la administración y los agentes sociales tenga rango de ley y se pueda facilitar la transmisión de la actividad productiva a empresarios locales, como ocurrió con Fontaneda, cuyo modelo reivindicaron en caso de que se haga efectivo el cierre de Lauki en Valladolid, si bien advirtieron que ese texto se basaría en la voluntariedad de las compañías.

Valdeón calificó de “razonable” la propuesta de los sindicatos, pero apuntó a que existen dudas jurídicas y legales porque las competencias las tiene el Estado e incluso estarían sujetos al ordenamiento de la Unión Europea. “Técnicamente es complejo”, apuntó, al tiempo que se detuvo en cuatro líneas novedosas recogidas en el conjunto de las existentes en la Estrategia Integrada de Empleo.

Las ayudas, destacadas también por los dirigentes sindicales, se refieren a trabajadores a partir de 55 años que han agotado sus prestaciones para sufragar las cuotas de la Seguridad Social, para la constitución de empresas de economía social, para empleados de sectores agrarios en periodo de suspensión de los contratos por la temporalidad y a aumentos hasta el SMI para trabajadores que han agotado Eres suspensivos.

Capacidad de presión

Además de estas medidas, tanto el posible blindaje legal como las ayudas económicas, todas ellas en marcha, según apuntó la vicepresidenta, CCOO y UGT subrayaron la herramienta de presión social y el riesgo de que un cierre fraudulento acabe en los tribunales en un “proceso largo y tedioso”, en palabras de Vicente Andrés. “Si se tiene un protocolo, se reforzaría la capacidad de convicción”, aseveró.

“Una deslocalización con desacuerdo iría a un cierre fraudulento”, avisó Vicente Andrés, que, igual que Evelio Ángulo, mostró un cierto optimismo en convencer a Lactalis para mantener Lauki en Valladolid, porque es la fábrica más competitiva del grupo francés en España, más incluso que la gallega de Villalba, donde se quiere llevar la producción, y Valladolid está en el centro, afirmó el ugetista. Cómo jugador de mus, Ángulo avisó a la compañía que la parte social lleva los mejores pares -”cuatro reyes”-, en referencia a si echaban con ese mensaje un órdago a la empresa.

Vicente Ándres recordó que existe el anuncio de cierre el 30 de junio, contestado por sindicatos, trabajadores, instituciones y ciudadanos, pero subrayó que no se ha presentado una propuesta formal, por lo que confió en que puedan convencer a Lactalis antes de cerrar la fábrica. Andrés también señaló que, si fuera así, existen empresarios locales, como ya avanzó el presidente de la Junta, en quedarse con la fábrica vallisoletana. “La multinacional se lo va a pensar”, indicó en referencia a la presión social.

“El Plan A es que no se vaya”, añadió Ángulo, en el misma línea, en la que remarcó que ahora la actuación pasa por convencer a Lactalis de que mantenga Lauki por ser rentable y apuntó a esa línea antes de ir a otras posibles. Valdeón, por su parte, rechazó que las líneas que se ponen en marcha sean ante el temor de que la situación no se va a revertir y explicó que son medidas de la Estrategia de Empleo. “No se presupone nada”, apostilló.

Sobre el fomento para la constitución de empresas de economía social, Valdeón precisó que los trabajadores contarían con ayudas económicas de la Junta -3.000 euros por nuevo socio o miembro- y con el asesoramiento, pero rechazó la entrada de la administración en su capital social. “A priori no es la solución, no creemos en la nacionalización de empresas, sí en el compromiso de las instituciones”, remató.

El representante de Cecale, David Estebán, resaltó que se cumplen las propuestas recogidas en los planes firmados en el marco del Diálogo Social y defendió que "se dé una vuelta" a la Fundación Anclaje para reforzar y actualizar su función para actuar en caso de las deslocalizaciones de empresas.