El PSOE denuncia la fragmentación de parques eólicos para mantener el control de la declaración de impacto
Javier Izquierdo considera que se trata de un fraude de ley y espera que el anterior consejero de Medio Ambiente y actual portavoz del PP lo explique ante la comisión de investigación
La oposición socialista denunció hoy la fragmentación de parques eólicos instalados en la provincia de Valladolid para evitar superar los 50 megawatios y que la competencia en la declaración de impacto ambiental pasara de la Comunidad Autónoma al Gobierno central. Esta es una de las anomalías detectadas por los procuradores Javier Izquierdo y José Francisco Martín en la revisión de los expedientes, que consideran un “fraude de ley”.
En declaraciones a los periodistas después de revisar expedientes de parques eólicos de la provincia de Valladolid, Javier Izquierdo afirmó que han detectado esa circunstancia “especial” en nueve de los trece parques revisados y en concreto en como se reordenaron cuatro de ellos en tres en los Montes Torozos autorizados a la empresa Vapat de González Vallinas.
Izquierdo reiteró que el anterior consejero de Medio Ambiente y actual portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, deberá explicar en la comisión de investigación por qué hubo esa fragmentación y por qué el ritmo de autorización fue más rápido cuando algunos de esos expedientes han estado pendientes más de un año.
Para el parlamentario no hay duda de que se trata de una “irregularidad y un fraude de ley” que interpretó para que la Junta no perdiera el control sobre las declaraciones de impacto ambiental, al tiempo que volvió a censurar que el Ejecutivo les obligue a un “viacrucis eólico” para la consulta de los expedientes en los distintos servicios territoriales de Industria.
Tras reiterar que se les podía haber facilitado la información pedida -182 expedientes de 290 parques instalados- a través de soporte informático como se envía a la Fiscalía Anticorrupción, Izquierdo también se refirió a la “evolución” en el acceso a los datos en los distintos servicios territoriales. Así detalló que se ha pasado de la consulta libre y sin acta, en Burgos, primera provincia a la que acudieron, a que el funcionario realice copias de las copias que hacen ellos.
Ahora, además de presentarse como parlamentarios de la comisión de investigación, se les pide el DNI a la entrada, tienen la supervisión de un funcionario y se hacen copias de las copias que realizan ellos para su investigación, explicó Izquierdo, convencido de que hay ordenes de los jefes de servicio para que se haga esa “vigilancia”.
Con ese procedimiento se mostró convencido de que el PP tiene las actaas de la documentación que revisan los parlamentarios socialistas, que el próximo jueves se trasladarán a Soria, ya que el próximo día 5 de febrero está previsto que se fije el calendario de comparecencias, que, según los populares, pueden comenzar en este mes.
En sus visitas a las provincias, los socialistas han encontrado, y denunciado después, como la autorización de paques eólicos se agilizaba después de que entrara la empresa Global Castellana, propiedad de Alberto Esgueva, exalto cargo de la Junta, en el accionariado, si bien luego el proyecto técnico se vilvía a presentar por Iberdrola.
El presidente de la comisión de investigación, Juan José Sanz Vitorio (PP), acusó a la oposición socialista de convertir este proceso en un “circo mediático”, mientras que los representantes de Podemos y Ciudadanos en la misma han pedido una “reflexión” y consenso para que no se convierta en un “enfrentamiento” entre populares y socialistas.