Sarrión apela al "voto fértil frente a los cantos de sirena del voto útil"

El procurador de IU en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, apeló esta tarde al “voto fértil frente a los cantos de sirena del voto útil” para conseguir que “en la próxima legislatura haya un grupo parlamentario de izquierdas que se atreva a decir lo que nadie quiere decir, aun a costa de rendimientos electorales”. Según señaló, “Unidad Popular-IU ponemos el centro del discurso en las contradicciones del capitalismo salvaje que estamos viviendo”.

Antes del acto central de campaña de Unidad Popular en Segovia, Sarrión recordó "a la IU de Anguita hace 20 años diciendo que Maastricht y la armonización fiscal y de derechos sociales era un invento”, y destacó que la candidatura que encabeza ahora Alberto Garzón “es la única fuerza que reclama la nacionalización de los sectores estratégicos, incluidos las eléctricas, y la única que ha hecho primarias abiertas en cada provincia”.

También reclamó un cambio de modelo de país: “Este país, que no tiene ningún tipo de decisión en lo fundamental, no necesita únicamente para resolver los problemas un cambio de gobierno, una regeneración en abstracto, en vacío, sino una enmienda a la totalidad al modelo económico y político actual desde las calles y la movilización social”.

Para el procurador de IU en las Cortes, el 'caso Gómez de la Serna' “demuestra que el poder político está al servicio de la empresa privada”. Para corregir esa situación, recordó que ha presentado una proposición no de ley en las Cortes para que los cargos públicos no puedan participar en 'lobbys' de presión y empresas privadas. “Para nosotros es inmoral. Un político no puede estar pendiente de recibir 800.000 euros o de ayudar a una empresa amiga. Un diputado tiene su sueldo para dedicarse a la ciudadanía”, argumentó.

Resaltó, por último, que “cuando Gómez de la Serna dice que la actividad que realizaba es legal, tenemos que responder que será así porque lo quiere el PP”, en referencia a que los populares ya vetaron una propuesta de IU para poner coto a las relaciones entre los cargos públicos y la empresa privada.