Las Cortes rechazan instar a la Junta a dotar de un marco de protección a los empleados que destapen casos de corrupción

Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy instar a la Junta a dotar de un marco de protección y seguridad a los empleados públicos y funcionarios que destapen casos de corrupción, como pedía la proposición no de ley de Ciudadanos que logró el apoyo de los grupos Socialista, Podemos y Mixto, mientras que contó con la oposición de los 42 procuradores del PP. Según el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, la posición frente a esta iniciativa muestra qué partidos están comprometidos con la erradicación de prácticas ilegales o irregulares en las administraciones.

La votación de esta proposición, al finalizar el debate del cuarto punto del orden del día del pleno, fue interrumpida por el portavoz de Ciudadanos que solicitó a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, la posibilidad de plantear una enmienda al texto para ampliar de seis a 12 meses el periodo en el que la Junta debía elaborar una normativa que ofrezca garantías a los empleados públicos. Clemente, asesorada por los letrados de las Cortes, denegó esta posibilidad de acuerdo al Reglamento y explicó que no era posible porque ya se había sustanciado el debate de la proposición.

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, pidió la palabra para informar a la presidenta de las Cortes de que los 'populares' estaban de acuerdo con la apertura de un turno de un minuto para debatir el nuevo texto propuesto por Ciudadanos, si hubiera acuerdo de los grupos. De nuevo Silvia Clemente sostuvo que no era posible y le advirtió de que otros grupos no estaban de acuerdo con retomar el debate. De hecho, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió “seriedad”, “rigor” y conocimiento de las normas.

También, el procurador José Sarrión demandó a la presidenta de las Cortes que les informase del criterio a seguir para que pudiera ser utilizado por otras fuerzas la posibilidad de presentar una enmienda justo antes de la votación. También expresó su disconformidad el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, quien señaló que no era una cuestión de “voluntarismo” de los grupos, sino de aplicar el Reglamento de la cámara autonómica. Una vez más Fernández Carriedo replicó que el proponente del texto podía plantear un nuevo redactado, algo que Clemente rechazó.

Así, sus señorías iniciaron la votación de la proposición que contó con 41 votos a favor de los grupos Ciudadanos, Socialista, Podemos y Mixto y 42 en contra de los 'populares'. Durante el debate inicial, Luis Fuentes había pedido al Gobierno y a la Junta que elaborara una norma para apoyar y proteger a los empleados que divulguen episodios de corrupción ya que aseguró existe una "deuda" con ellos ya que en su opinión muchos casos se están investigando o juzgando gracias a ellos. "Cuando se mete la mano en la caja nos roban a todos", dijo al tiempo que criticó que el PP no apoye esta medida que aseguró lleva en su programa para las próximas elecciones.

El procurador del Grupo Popular Juan José Sanz Vitorio explicó que "no es bueno estigmatizar" a los empleados públicos ya que aseguró tienen como todos los ciudadanos la obligación de denunciar ante sus superiores la comisión de un delito. Además, destacó que el ordenamiento jurídico español, que recoge este deber, también establece el derecho a la protección. Por ello, advirtió a C''''s de que no debe considerarse que los funcionarios tengan una menor "condición cívica" que el resto.

Fuentes, que recogió los planteamientos en su iniciativa de la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu), saludó el apoyo del Grupo Mixto ya que sus procuradores José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL) defendieron la necesidad de habilitar mecanismos que garanticen la confidencialidad de las investigaciones y denuncias y la protección de los empleados públicos. También el representante del Grupo Socialista Luis Briones saludó la propuesta y añadió la batería de medidas de su partido, al tiempo que se refirió a las recomendaciones de Transparencia España.

Briones apostó por mejorar los controles en la contratación para asegurar una prestación con calidad de los servicios públicos y otras medidas como la limitación de mandatos a ocho años para el presidente de la Junta o la eliminación de los aforamientos. En la misma línea, la parlamentaria de Podemos Adela Pascual aseguró que no existen la garantías suficientes para denunciar irregularidades, que vinculó con las redes clientelares que a su juicio ha creado la Junta, a través de los puestos de libre designación.

Finalmente, Pascual apostó por la eliminación de la concepción "caciquil" de la política . "Ya no vale la vieja política".