La Junta defiende el nuevo Estatuto de víctimas de violencia de género como un “avance que amplía sus derechos”

La directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez, participó esta mañana en la jornada dedicada al nuevo Estatuto de la Víctima del Delito desde la perspectiva de la violencia de género para defender dicho documento jurídico como un “avance que amplía los derechos” de las víctimas de esta “lacra”.

Vázquez señaló que el nuevo Estatuto “persigue la filosofía del modelo de la Junta” de garantizar “no solo derechos procesales, sino fuera del ámbito penal” y que así, cuando la víctima “decida denunciar”, que desde las instituciones “se la pueda acompañar y atender en todo momento que necesite para que puedan salir, recuperarse y reintegrarse en la sociedad”.

La directora general de la Mujer ofreció, en ese sentido, el apoyo de la Junta al ámbito judicial para “detectar y actuar rápidamente y evitar así que haya más víctimas de violencia de género”. En la persecución de ese objetivo, Vázquez también destacó que “no solo la atención es importante” y afirmó que “es muy importante trabajar desde la raíz” porque con ello se puede “avanzar en erradicar esa violencia” con la educación “en igualdad y respeto” de jóvenes y adolescentes.

La cita, organizada por la asociación salmantina Beatriz de Suabia y que fue inaugurada, además de por Vázquez, por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, y la presidenta de la asociación organizadora, Eva Picado, contó con la participación del catedrático del departamento Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Lorenzo Mateo; la profesora titular del departamento de Psicología Social de la Usal, Carmen Herrero, y la fiscal delegada de Víctimas de la Fiscalía Provincial de Burgos, Marta Rojo.

Esta última aprovechó su intervención para “sintetizar las bonanzas del Estatuto” que estructuró en cuatro bloques principales: el derecho a la información, el derecho al apoyo y asistencia, el derecho a la protección y el derecho a la participación en el proceso penal “si fuese voluntad de la víctima”.

Además, Rojo destacó “la aplicación práctica” del nuevo Estatuto para la Fiscalía y el cumplimiento del objetivo de “aglutinar normativa de protección de víctimas” que, según la fiscal delegada de Víctimas de Burgos, “estaba desmembrada en otra legislación”, considerando así al Estatuto “una transposición de la normativa comunitaria muy completa y beneficiosa”.