CCOO convoca dos concentraciones frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León en protesta contra el ERE en Tragsa
Las movilizaciones tendrán lugar el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, de 13.30 a 14.30 horas
La sección sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León en Tragsa ha convocado sendas concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León contra el ERE en la compañía. Las movilizaciones tendrán lugar los próximos días 25 de noviembre y 2 de diciembre, entre las 13.30 y las 14.30 horas.
“El hecho de llevar a cabo esta actuación reivindicativa ante la Administración central tiene su razón de ser por que la titularidad del grupo Tragsa es cien por cien pública; la Administración Pública es su único cliente y que la ella, junto con la Junta de Castilla y León, suponen prácticamente la totalidad de la cifra de negocio de esta empresa”, argumentan desde el sindicato.
Según reconocen, el pasado 14 de octubre de 2015 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo declaró ajustado a derecho el ERE presentado por el Grupo Tragsa en contra de lo sentenciado por la Audiencia Nacional, que lo declaró nulo por tres causas diferentes, lo que permite a la empresa retomar su determinación de despedir a 1.336 compañeros y compañeras de su plantilla en todo el Estado (181 en Castilla y León).
Sin embargo, subrayan que el Grupo Tragsa cuenta actualmente con reservas voluntarias por importe de 261 millones de euros, que no son más que los beneficios de ejercicios anteriores (después de la distribución de dividendos) obtenidos con el trabajo de todos sus trabajadores.
“Actualmente, existe un gran número de personal en fraude de ley, y se sigue contratando personal temporal en todas las oficinas de la empresa a nivel estatal. Desde el comienzo del período de ejecución del procedimiento de despido colectivo hasta la actualidad, los contratos temporales firmados en el Grupo superaron los 1.336 despidos que ahora pueden ejecutar merced a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”, denuncian en un comunicado.
Según apuntan, el conjunto de la Administración pública (central, regional y local) debe en la actualidad al Grupo Tragsa casi 461 millones de euros. La deuda pendiente es siete veces mayor que las pérdidas acumuladas de pronóstico entre 2014 y 2019, y es más del 75 por ciento de la producción del Grupo en todo el año 2014 (619 millones). “Estos datos, junto con los datos de las reservas voluntarias, evidencian aún más la viabilidad de este grupo y deja patente la corresponsabilidad de las distintas administraciones públicas para con esta empresa”, aseguran.