Unanimidad para pedir al Gobierno que señalice en la A-66 dos BIC en la provincia de Zamora

Las Cortes de Castilla y León instaron hoy, por unanimidad de todos los grupos, a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para que se señalicen en la Autovía de la Plata los bienes de interés cultural (BIC) de la provincia de Zamora del Monasterio de Moreruela y el Castillo Despoblado de Castrotorafe, tal y como defendió el procurador del PSOE José Ignacio Martín Benito en una proposición no de ley que llegó al Pleno después de producirse un empate en la votación en su tramitación en la Comisión de Cultura.

No obstante, el debate se produjo tras una modificación de los tiempos acordada en la Junta de Portavoces para agilizar el debate, que redujo de cerca de 30 minutos a unos diez el debate.

En su exposición, Martín Benito aseguró que la falta de señalización, después de las obras efectuadas, ha provocado una pérdida de visitantes. Precisamente, el procurador del PP Emilio Cabadas aseguró que la puesta en marcha de infraestructuras es “la mejor forma de poner en valor el patrimonio”, si bien se comprometió a que esa señalización se pondrá.

También se apoyó la propuesta por parte de el procurador de UPL, Lius Santos, que habló en representación del Grupo Mixto, el de Ciudadanos José Ignacio Delgado y el la de Podemos Josefa Rodríguez.

Fondos Leader

No corrió la misma suerte la proposición no de ley presentada también pro el PSOE y en la que ocurrió lo mismo en la votación. En concreto, la socialista Virgina Jiménez propuso que las Cortes instasen a la Junta a incrementar la actual aportación regional a los fondos LEADER (13 millones de euros para el periodo 2014-2020) y a reclamar al Ministerio de Agricultura un esfuerzo similar para mejorar la dotación prevista de 130 millones de euros al menos hasta los 160 en los que quedó el presupuesto de estos fondos en el periodo 2007-2013.

A su juicio, la metodología LEADER ha contribuido a impulsar y a favorecer el crecimiento de la actividad y el empleo en el entorno rural a través de los Grupos de Acción Local que necesitan financiación y que han sufrido recortes desde los 256 millones de euros de estos fondos en el periodo 2000-2006 a los 130 del 2014-2020.

Según el procurador de UPL, Luis Santos, con estos fondos se demuestra si se cree o no en el entorno rural a través de estos grupos que contribuyen a la fijación de posición y a la promoción del desarrollo sostenible y que ha favorecido el empleo, tal y como añadió la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado, mientras que la de Podemos Natalia Barrio acusó a la Junta de que lo que le molesta con estos fondos es que no los gestiona la administración autonómica, sino los grupos de acción local.

Por su parte, el procurador del PP José Manuel Fernández Santiago presentó una enmienda, que finalmente no fue aceptada por el PSOE, para que la Junta solicitase al Gobierno un incremento en la cofinanciación naciona que sitúe la del Estado en los mismos términos que en el periodo 2007-2013 de 160 millones de euros.