El número de quejas recibidas por el Procurador del Común el pasado año se redujo más de un tercio con relación a 2013

El Procurador del Común recibió el pasado año 2.052 quejas, lo que supone un descenso del 37 por ciento con respecto a las 3.300 presentadas en 2013 y una reducción de más del 51 por ciento frente a las 4.264 de 2012, según destacó hoy el titular de la institución Javier Amoedo, después de entregar el informe anual a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

A pesar de este descenso, que convierte a 2014 en el ejercicio con menos quejas desde 2010, Amoedo adelantó que en lo que va de año se han recibido ya 1.902, por lo que se espera que este ejercicio se cierre superando las 3.000.

Este acto fue aprovechado por Clemente para reclamar al Procurador del Común el adelanto, al primer trimestre del año, de la presentación de su informe anual, algo a lo que se comprometió Amoedo. La presidenta de la Cortes argumentó que con este adelanto las distintas administraciones dispondrían de una información actualizada que les permitiría, “con más agilidad”, tomar medidas eficaces para cumplir las recomendaciones que se recogen en el informe.

A pesar de la bajada de quejas, el número de las resoluciones dictadas (992) se mantiene. De éstas, el 53 por ciento (517) correspondieron a recomendaciones a las administraciones. En un 69 por ciento de los casos (352) estas resoluciones fueron contestadas y de estas el 220 fueron aceptadas, 52 aceptadas parcialmente y 80 rechazadas.

Por áreas, la mayor parte de las quejas tienen relación con el medio ambiente (377), seguido del régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales (376), del área de Fomento (243), de la función pública (193) y de hacienda (178). Justicia (32), cultura y turismo (32) y agricultura y ganadería (38) fueron donde menos reclamaciones se registraron. En sanidad y consumo se contabilizaron 106 y en educación 82.

En temas puntuales, Amoedo destacó una resolución solicitando a la Junta que, a la hora de conceder la Renta Garantizada de Ciudadanía, no se tenga en cuenta el valor de los bienes patrimoniales ubicados en pueblos de los solicitantes, dado que en la mayor de los casos “ni se pueden vender, se trata de casas que llevan años cerradas y que sólo generan gastos”. Esta resolución no fue aceptada

También se remitió otra a la Consejería de Sanidad pidiendo un incremento de las plantillas y que no se cierren camas hospitalarias. Además, Amoedo también hizo referencia a otra sobre los bomberos voluntarios en la que se argumenta la necesidad que estos voluntarios estén dirigidos por profesionales.

En materia de educación, según explicó el Procurador del Común, los asuntos que más denuncias recibieron fueron la admisión de alumnos, la seguridad del transporte escolar y los comedores. En servicios sociales la mayor parte correspondieron a la Renta Garantizada de Ciudadanía y a las ayudas de asistencia básica urgente, aunque también se centraron en las lista de espera de personas discapacitadas para acceder a un centro especializado. En este sentido, Amoedo indicó que se solicitó a la Consejería de Familia que modifique la normativa autonómica que regula las prestaciones económicas a las personas dependientes, así como los criterios para valorar el grado de dependencia.

En sanidad, además de las listas de espera, las quejas se centraron en las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento, mientras que en vivienda las reclamaciones se centraron en la tramitación de las ayudas al alquiler.

La mayor parte de las quejas, el 47 por ciento, proceden de las corporaciones locales frente al 42 por ciento de la Junta, mientras que al Gobierno central le corresponden el 9 por ciento.

Procedencia

En cuanto a su procedencia, el mayor número de quejas proviene de la provincia de León con 525, el 26 por ciento del total, seguida por Burgos con 479 (23 por ciento) y Valladolid con 204 (10 por ciento). En este sentido, Amoedo explicó que la única razón por la que León se sitúa a la cabeza todo los años hay que buscarla en la cercanía, dado que la capital leonesa es la sede de la institución.

En el lado opuesto se situó Soria con 53 quejas (3 por ciento), por detrás de Zamora con 86 (4 por ciento); Ávila, con 123 (6 por ciento); Segovia 126, (6 por ciento); Salamanca, con 134 (7 por ciento); Palencia, con 138 (7 por ciento). Las quejas procedentes de ciudadanos de fuera de Castilla y León fueron 177, el 9 por ciento del total.

Por otra parte, Clemente también explicado que la próxima semana se reunirá la Mesa para remitir el Informe para su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y ordenar su tramitación ante el Pleno de la Cámara. El pleno en el que se analice el Informe Anual del Procurador del Común será monográfico y se realizará en septiembre.