Bruselas aprueba liberar 314 M€ para proyectos de competitividad

La Comisión Europea (CE) ha dado el visto bueno a la asignación territorial del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del que Castilla y León recibirá 314 millones hasta 2020.

El órgano comunitario con sede en Bruselas adopta así el programa operativo que le remitió la Junta hace casi un año. Se trata de una herramienta de planificación, con seis ejes prioritarios de inversión, que tienen un denominador común: la mejora de la competitividad empresarial.

Su ejecución obliga al Gobierno autonómico a cofinanciar cada proyecto por lo que, en los próximos cinco años, el volumen de inversión pública con cargo a los Feder ascenderá a 628 millones de euros.

Según destaca la CE en el comunicado recogido por Ical, estos recursos «reforzarán la competitividad regional, crearán nuevas oportunidades para el crecimiento y mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos y empresas».

En la propuesta remitida a Bruselas en julio de 2014, y en el posterior viaje que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, realizó a Bruselas para entrevistarse con el entonces vicepresidente del Parlamento europeo, Ramón Luis Valcárcel, el Ejecutivo de Castilla y León planteó seis ejes de inversión.

El más importante, que concentra casi uno de cada seis euros de inversión, es el de potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en las pymes, dotado con 91,9 millones sobre el montante global de 628 millones que aportarán entre Junta y Comisión Europea.

A proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos se destinarán 77,2 millones de euros; a favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, otros 29,6 millones; y a mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el acceso a ellas, 24,7 millones de euros.

Más de 700 asociaciones entre empresas y centros de investigación colaborarán en la transferencia de conocimientos especializados, reto prioritario de unas inversiones que se centrarán más en apoyar al tejido productivo que en la ejecución de obras, según fuentes de la Consejería de Hacienda.

Como ejemplo de esta segunda vertiente, la Comisión Europea cita las instalaciones de tratamiento de aguas residuales para una población de 136.000 personas, dentro de las actuaciones previstas para la mejora del medio ambiente.

La conexión mediante «banda ancha de alta velocidad de 30 megabit por segundo o superior» también se acometerá con fondos Feder.

La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, subrayó que «cada programa se ajusta a las necesidades y retos de cada región». «Desde la investigación y la innovación hasta el crecimiento de las pymes, la innovación y la transición hacia una economía ecológica, estos programas beneficiarán a los ciudadanos y las empresas de dichas regiones. Ayudarán a España a continuar mejorando su situación económica, con la creación de empleo sostenible y crecimiento», por lo que deseó «mucho éxito a las regiones al iniciar el proceso de aplicación».

La financiación canalizará a la investigación y el desarrollo (I+D) unas «inversiones vitales», prestando apoyo a las empresas privadas para llevar a cabo actividades de I+D, reforzando la cooperación entre empresas y centros de investigación y fomentando las inversiones privadas en I+D.

Los fondos ayudarán a las pequeñas y medianas empresas a innovar y a expandirse hacia nuevos mercados, de acuerdo con las estrategias de «especialización inteligente» de las regiones, concluye el comunicado.

La partida liberada por la Comisión Europea, 314 millones de euros, representa el 31% de los fondos estructurales que Castilla y León tiene asignados para el periodo 2014-2020, que suman 1.011,1 millones.

El Gobierno autonómico puede gestionar directamente 455 millones, entre ellos, los 314 del Feder y otros 98,7 millones del Fondo Social Europeo, pendientes todavía.

El organismo comunitario que preside Jean-Claude Juncker ha asignado también su porción de los Feder a Aragón, Asturias, Madrid y Melilla, lo que pone en circulación 987 millones de euros para inversiones públicas.