Los contratistas denuncian la pérdida de 77.000 empleos tras 7 años "desoladores"

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, denunció este jueves la severa “pérdida de competitividad” que padecen las empresas del sector en la Comunidad, que achacó a unos niveles de inversión mínimos e insuficientes en infraestructuras productivas que permitan a todos los sectores competir en igualdad con otras regiones de países europeos del entorno. Así, aseguró que la industria de la construcción ha perdido en la región 77.000 empleos directos desde 2007, lo que supone un 55% del total, y denunció la “grave” situación que atraviesa, tras “años desoladores” para el sector.

Así lo apuntó al realizar balance de la licitación del año 2014 y del primer trimestre de 2015, y la previsión para el conjunto del año en curso. En su intervención, Pascual lamentó que “por parte de las administraciones públicas se ha prestado una escasa o nula atención la industria de la construcción”, que en su opinión “ha hecho un esfuerzo enorme en innovación y en internacionalización”, y que en la Comunidad ha sufrido a lo largo de 2014 una destrucción del 9% del empleo existente, pese a que la tendencia nacional fue de un crecimiento del 29% respecto al año precedente.

Para él, las cifras idóneas de inversión de las administraciones rondarían en Castilla y León los 3.500 millones de euros que se registraban antes de 2007, de forma que los 1.047 millones de licitación con que se cerró 2014 estarían “muy lejos de lo deseable”. Además, denunció que “alguien no está haciendo bien su trabajo” cuando el porcentaje de obra licitada respecto a lo aprobado por el Gobierno central o el parlamento autonómico ronda como en el caso de 2014 el 52%, y en el caso de lo adjudicado el ratio desciende hasta el 36,5% (736 millones el pasado año). Esa caída en el coste de adjudicación respecto a la licitación “está arruinando alas empresas” y supone “serios problemas para la propia administración, porque las obras o no se llevan a cabo por la quiebra de la adjudicataria o se realizan sin la calidad deseable”.

Balance de 2014 y previsión

En Castilla y León, de los 1.047 millones de euros licitados en obra oficial en 2014, el 62,4% correspondieron a la administración central, el 21,8% a la administración local, y el 15,8% a la autonómica. En el primer trimestre de 2015 el importe licitado ascendió a 136,4 millones, “muy lejos de la previsión” (1.585 millones para todo el ejercicio) y “muy lejos de las cifras manejadas en el mismo periodo de 2014”.

La Administración central contempla una inversión de 883 millones para 2015 en la Comunidad, con las provincias de Burgos (299 millones) y León (152) como las más privilegiadas. Por su parte, la administración autonómica prevé invertir 402 millones, con León (89), Valladolid (62) y Salamanca (60) acaparando las mayores cifras. Y respecto a la administración local, contempla destinar 300 millones, con un reparto más equilibrado donde sobresalen Burgos (50), Salamanca y Valladolid (48) y León (46).

Respecto al número de empresas activas en el sector de la construcción en Castilla y León, Pascual denunció una caída de las 33.797 registradas en 2008, a las 24.543 al cierre de 2014, mientras que el volumen de negocio pasó de 18.086 millones en 2007 a 4.438 al cierre de 2013. Todo ello ha tenido una repercusión directa en la evolución de los puestos de trabajo, que han pasado de 136.000 ocupados en 2007 a 60.000 en 2014, pese a que “el sector de la construcción representa actualmente un siete y pico por ciento del PIB de la Comunidad, por encima de sectores como el agroalimentario, que está mimadísimo por la administración”, lamentó Pascual, que aseguró que “los empresarios de la construcción parece que somos la peste, pese a que somos los que hacemos las carreteras, los colegios y los hospitales”.

Medidas propuestas

Para intentar revertir la situación actual, los contratistas proponen tres medidas concretas. En primer lugar reclaman aumentar “de forma significativa” las partidas destinadas a inversión en obra pública, ya que el sector de la construcción ha pasado de representar en España el 21% (una cifra que “no era razonable” según Pascual) al 9% actual (en Castilla y León el baremo osciló del 17 al 7%), cuando “al menos España debería estar en las cifras de Francia, del 12,5%”.

Como segunda medida, reclaman “poner en marcha elementos correctores para acabar con las injustas y desproporcionadas bajas de adjudicación”, ya que unos descensos razonables rondarían el 3 o el 4%, mientras que en las obras hidráulicas las empresas plantean “bajas desesperadas de hasta el 40%, que acaban condenándolas”.

Por último, plantean una vieja reivindicación de “suprimir las tasas por inspección y dirección de obra”, ya que “de cada cien euros de adjudicación, el Gobierno autonómico te paga 96, cargando al empresario un servicio que se prestan a sí mismos. “si el margen de beneficio de una empresa está en torno al 2%, no es sensato que ellos impongan una tasa del 4% por un servicio que no es tal”, concluyó.